¿Muchas facultades, menos calidad? La paradoja en la educación jurídica

Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó en 2014 el artículo “¿Demasiados abogados?” en la revista jurídica de la institución educativa, donde se mencionaban los desafíos de la profesión frente al aumento del número de abogados en el país: en 2013, 37.042 personas habían obtenido su licencia para ejercer el Derecho.

Carbonell señala que, basándose en datos del Centro de Estudios para la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), en México hay más de 1.600 instituciones de educación superior que ofrecen la carrera de Derecho en general, siendo los estados con más instituciones: estado de México (194), Veracruz (133), Distrito Federal (131), Puebla (102) y Jalisco (90).

“Hay que tomar en consideración que en toda Alemania hay solamente 44 centros universitarios en los que se puede estudiar Derecho (menos que los que hay en el Estado de Guerrero), en España hay 73 (menos que en Guanajuato) y en Canadá solamente 21 (menos que en Nayarit)”, destaca el autor del artículo.

Revisando la situación en 2023 han ocurrido algunos cambios, por ejemplo, de acuerdo a la revista Economist & Jurist en un artículo de enero de este año, hay actualmente 51 instituciones públicas y privadas en España que enseñan Derecho, menos de los que Carbonell mencionaba en 2014. Por otro lado, en Latinoamérica la masificación de la educación judicial no se ha detenido.

“Vivimos con mucha fuerza un proceso de masificación de la educación superior bajo el sistema del paradigma neoliberal, que remplaza esta idea de la formación jurídica como algo exclusivo para las élites y la consolidación de los estados nacionales, y lo transforma en un negocio sin ninguna regulación ni planificación. No es un fenómeno aislado, sino que es global y que aquí en América Latina ha estado presente desde la década de los 90 aproximadamente”, explica María Francisca Elgueta, investigadora de pedagogía del Derecho en la Universidad de Chile.

Números preocupantes

María Francisca Elgueta señala que de las 1.600 facultades de Derecho en México, la mayoría son privadas, situación que se repite en otras localidades: “Por ejemplo, en Brasil el fenómeno es complejo porque tenemos más de 1.000 escuelas de Derecho y hace 5 o 6 años atrás han empezado a aparecer programas de Derecho totalmente virtuales y sin ningún control”.

El problema, de acuerdo a la académica, es que en ese escenario la calidad de la formación jurídica no está asegurada y tampoco lo está la empleabilidad: “Es algo muy común, en México uno se puede subir a un taxi y el chofer va a ser un abogado que estudió Derecho y que no ha podido ejercer. No hay una relación entre la masificación y la empleabilidad”.

Respecto del caso de Brasil, Horácio Wanderlei, profesor de la Universidade Federal do Rio Grande (FURG) y quien ha publicado diversos libros y artículos sobre educación e investigación jurídica, dice que el país tiene actualmente cerca de 1.700 cursos de Derecho, con un total de cerca de 150.000 plazas y 100.000 graduados por año.

“En cuanto a la calidad, creo que debemos separar la cuestión de la calidad de la cuestión de la cantidad. Es posible tener muy pocos cursos y que todos sean malos; y es posible tener demasiados cursos y que todos sean buenos. No tenemos ninguna investigación empírica que nos permita decir con certeza que la cantidad de cursos conduce a una mala calidad de los graduados”, analiza.

A pesar de ello, Wanderlei señala que en el país, luego de licenciarte en Derecho, debes realizar el Examen de Acceso a la Abogacía, administrado por la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por lo que si se considera este examen como un indicador de la calidad de los cursos de Derecho, la situación no es buena: “El hecho es que solo un tercio de los candidatos matriculados lo aprueban, a partir de este indicio es posible afirmar que existe, en realidad, una baja calidad de la mayoría de los cursos existentes. Por otra parte, la falta de calidad de los cursos de Derecho ya se mencionaba a mediados del siglo XIX; esta crítica es recurrente y siempre ha estado presente”.

“Es sencillo establecer una escuela de Derecho”

Juan Jesús Garza, maestro en derechos humanos, doctor en Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicó a inicios de año el libro “No estudies Derecho”, donde realiza una crítica en la forma en la que funciona el mercado y la educación jurídica en México, haciendo un llamado a estudiar y practicar el Derecho de una forma distinta, con creatividad, empatía y tolerancia.

“Casi no tenemos ningún tipo de regulación para el acceso a la profesión, con el solo hecho de estudiar los cinco años y tener una cédula de una de estas escuelas de Derecho puedes ejercer como abogado, por lo que tenemos esta paradoja donde tenemos una profesión que aspira a regular la vida social, pero que no se encuentra regulada en la entrada, lo que te va generando una situación de indeterminación, de malas prácticas, de malos diseños en el ejercicio sistémico de la profesión, lo que lleva a una mala generación de justicia”, comentó Garza.

El profesor describe la situación en México como una donde escuelas de Derecho abren, cierran y cambian de nombre con una gran facilidad, no existiendo una regulación que mantenga el estándar dentro de esas aperturas de escuelas: “Es sencillo establecer una escuela de Derecho, tú y yo nos organizamos, tenemos un espacio físico, una biblioteca online y con eso podemos ofertar la carrera de Derecho, y en ese sentido lo transformamos en un negocio y los estudiantes dejan de ser estudiantes y se vuelven clientes”.

Para el autor del libro, esto ha llevado a que la desigualdad se inserte en la profesión legal.

Parte de las causas es la visión que existe en Latinoamérica del prestigio social de la abogacía. “Existe la idea en la región que ser abogado es una de las maneras más fácil para ascender socialmente y si le sumas que no es muy difícil, que no es ingeniería, no es física cuántica, no es medicina, que simplemente mucho del conocimiento que se imparte solo involucra la memoria, pues se va generando una tormenta perfecta”, explica Garza.

“Debemos desmitificar el papel que tienen las escuelas de Derecho en la formación, ya que vamos a pasar en ella máximo cinco años, lo que es nada comparado con el tiempo que vas a estar en tu práctica profesional. Mucho lo vas a aprender cuando empieces a ejercer, en la práctica, no va a ser a través de certificaciones o de diplomados, va a ser en el constante día a día y eso ¿quién lo regula?, y ¿quién le pone un ojo a lo que está pasando propiamente en la práctica?”, argumenta el profesor.

Garza además denuncia en su obra la falta de interés histórica del gobierno mexicano de solucionar el problema: “Creo que hay un desprecio del Estado a regular propiamente la profesión. El gobierno históricamente habla de mejorar la justicia, de tener mejores condiciones para el acceso a la misma, de reformas a la Suprema Corte, al Poder Judicial, pero no hablan propiamente de lo que pasa en la enseñanza del Derecho y de la educación jurídica”.

Colegiatura obligatoria y mejores estándares

Juan Jesús Garza comenta que en Latinoamérica históricamente las clases de Derecho se ha centrado principalmente en conocimientos de memoria, pero no ha existido un mayor aprecio a las habilidades blandas y la ética, más concretamente a la ética aplicada, coyuntural y contextual:

“Los estudiantes no se hacen la pregunta de que puede hacer el Derecho para resolver la pobreza, solo les basta que tengamos una Constitución muy linda, la de 1917, que incluía derechos sociales desde antes que la Constitución Rusa o la Constitución de Weimar. No tenemos ninguna certeza que lo que se está enseñando sea algo que tenga un anclaje con la realidad social que viven la mayor parte de las personas”.

A pesar de ello, el académico reconoce que ha existido una tendencia en que las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho estan recibiendo clases de habilidades de argumentación, de oralidad, de interpretación jurídica, trabajo en equipo, de empatía para poder abordar cuestiones de índole penal en tema de víctimas. Pero también Garza considera que falta mucho por hacer, sobre todo en materias interdisciplinares: “Hay disciplinas que explican mejores problemas que solamente el Derecho, como la sociología, la antropología o la economía; es necesario que la educación jurídica transite por ellas y con otro pie en la realidad social”.

Además, otra forma de mejorar la calidad de la abogacía en México podría ser un sistema de colegiatura obligatoria en alguna institución gremial. En ese aspecto, Garza reconoce que hay varios modelos que se podrían usar, pero siempre desde una perspectiva realista.

“Cada cultura jurídica es distinta y tiene sus propias problemáticas, pero podemos ver lo que se hacen en otras latitudes, en España, para poder ser abogado litigante necesitas cursar una maestría, en Estados Unidos se hace un examen dependiendo de tu entidad federativa, en Inglaterra no todos son abogados, algunos son solicitor y otros son barristers, veamos cuáles son todas esas alternativas y pongámonos propiamente discutir. No obstante, es tanta la indeterminación hoy en día en México que sinceramente creo que la colegiatura obligatoria no creo que resuelva todos los problemas del sistema jurídico”, dice Juan Jesús Garza.

En el caso de Brasil, Horácio Wanderlei cuenta que el país tiene Directrices Curriculares Nacionales (DCN) en su sistema educativo y en específico dentro de la educación superior, las exigencias incluyen los contenidos mínimos que deben impartirse, las competencias que deben trabajarse, los niveles de exigencia en las prácticas y la duración mínima.

Además, en el caso concreto de los cursos de Derecho, también existe la obligación de que los estudiantes redacten un trabajo final: “El modelo brasileño también adopta un sistema de autorización de funcionamiento de los cursos de enseñanza superior tanto públicos como privados y existe un sistema de evaluación periódica para renovar estas autorizaciones. Los cursos con problemas reiterados de evaluación, por falta de calidad, pueden ser clausurados”.

Wanderlei considera que el sistema puede ser mejorado, ya que no es tan exigente y es fácil de sortear, lo que ha llevado a la creación, sin un control efectivo, de nuevos cursos en todas las áreas.

Otro método que el profesor considera puede mejorar el sistema es la creación de residencias jurídicas (pasantías extendidas): “Al igual que en los cursos de medicina, podríamos tener residencias específicas para preparar funcionarios públicos, fiscales, procuradores, jueces, delegados, y residencias para el ejercicio de la abogacía, por especialidades. La formación tan genérica que hay en los cursos de Derecho acaba por no preparar a los alumnos para ninguna profesión específica”.

María Francisca Elgueta opina que se requiere más información para poder determinar si el sistema de colegiatura obligatoria mejoraría la calidad de los abogados en Chile: “Yo creo que en esta discusión habría que tener más antecedentes para tomar la decisión; sería muy irresponsable decir que todos tienen que estar colegiados o que la Corte Suprema tiene que dar algún tipo de acreditación mayor, pero de que se tiene que resolver esta problemática se tiene que resolver. Implicaría un cambio de modelo, por lo que es necesario tener números e investigación para tomar esas decisiones”.

 
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