Grandes desafíos en los estudios de las ciencias jurídicas: Los Proyectos

El 4 de noviembre de 2022 se estrenó el primer capítulo de «Los Proyectos», un programa en formato videopodcast, orientado a difundir investigaciones jurídicas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de Chile. El episodio inaugural estuvo dedicado al trabajo de Álvaro Vidal y su coinvestigador, Iñigo de la Maza, quienes abordaron el Proyecto Fondecyt Nº 1221864, centrado en el arrendamiento de cosas en el derecho privado.

Diego Palomo

Tras 12 episodios y con el paso del tiempo, varias de estas iniciativas han llegado a su término. En ese contexto, idealex.press contactó a algunos de los participantes del programa con el fin de conocer los avances y resultados alcanzados en sus respectivas líneas de investigación.

Diego Palomo, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, explicó que su Proyecto Fondecyt Regular N.º 1200069 permitió identificar criterios interpretativos excesivamente restrictivos y formalistas en las Cortes de Apelaciones al conocer de los recursos de nulidad laboral.

Según indicó, esta tendencia ha dificultado el control de una parte relevante de las sentencias impugnadas por esta vía, afectando el derecho de acceso a un recurso previsto en la legislación. En ese marco, su investigación propone una alternativa que, sin reinstalar la apelación laboral contra la sentencia definitiva, resulte equilibrada, proporcional y coherente con la lógica del sistema recursivo, exigiendo al mismo tiempo un mayor rigor por parte de los operadores jurídicos.

“La opción por este tipo de recursos, sumada a la sobrecarga de trabajo y a una concepción unidimensional de la eficiencia centrada en indicadores estadísticos, ha tenido un impacto evidente en la restricción de lo revisable. Ello ha contribuido a consolidar una determinada forma de comprender y aplicar este régimen recursivo en la cultura judicial. En este escenario, también se ve afectado el control de los límites del actuar del sentenciador unipersonal, especialmente en lo relativo al respeto de las reglas de la sana crítica y al deber de motivación”, explica Palomo.

Por su parte, Pablo Manterola, profesor de derecho comercial de la Universidad de los Andes, señaló que su Proyecto Fondecyt de Iniciación N.º 11200048, centrado en la disolución por causa grave en sociedades de capital cerradas, concluyó que esta institución funciona como un mecanismo de gestión de conflictos entre accionistas. En particular, la figura permite a la minoría forzar una renegociación de su posición frente a la mayoría, mediante la amenaza creíble de afectar el valor de la empresa a través de la disolución.

Pablo Manterola

“Se trata de una idea general que se desarrolla en detalle en un libro sobre la materia, donde se abordan aspectos como la caracterización de la causa grave, la posibilidad de que no opere necesariamente como un remedio de última ratio y las consecuencias asociadas a su ejercicio en sede judicial”, precisa Manterola.

El MAKING de Los Proyectos

Osvaldo Lagos, profesor de derecho comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó que su Proyecto Fondecyt Regular N.º 1201124, enfocado en los problemas regulatorios que han permitido el uso de estructuras de control minoritario en sociedades cotizadas, evidenció tanto aplicaciones eficientes como prácticas cuestionables en el uso de pactos de control: “Identificamos usos virtuosos y otros ineficientes de estos acuerdos en sociedades anónimas abiertas, y fundamentamos la conveniencia de exigir su divulgación, como ocurre en otras jurisdicciones.

Asimismo, detectamos vacíos normativos que dificultan la identificación de prácticas de tunneling o extracción de valor en el sistema de gobierno corporativo chileno —particularmente en la regulación sobre operaciones con partes relacionadas—, proponiendo criterios para su mejora”.

Un problema de producción teórica⁣

Diego Palomo advierte que el financiamiento estatal de investigaciones académicas no es ajeno a un fenómeno preocupante: la producción de textos jurídicos ha alcanzado un nivel “sin precedentes en la historia”. Si bien ello podría interpretarse como una señal positiva para el desarrollo del derecho, también plantea interrogantes respecto de la calidad y pertinencia de las publicaciones, así como de su impacto efectivo en la práctica profesional y en la sociedad en general.

Osvaldo Lagos

“En muchos casos, las publicaciones en derecho se concentran en materias altamente específicas, de carácter eminentemente teórico o técnico, que resultan de interés para un grupo reducido de especialistas, pero con escasa incidencia en el ejercicio profesional o en el entorno social. En otras ocasiones, los trabajos se limitan a reiterar planteamientos ya ampliamente discutidos, sin aportar enfoques novedosos o contribuciones sustantivas”, señala Palomo.

El académico agrega que esta tendencia revela una orientación hacia la obtención de méritos y reconocimientos más que hacia la resolución de problemas jurídicos concretos: “Resulta indispensable asegurar que la producción académica sea accesible y relevante para la práctica y la comunidad. De lo contrario, difícilmente se revertirá el rumbo marcado por la primacía de indicadores de ‘alto impacto’, que ha transformado una función esencial de la universidad en una industria dominada por métricas y criterios cienciométricos. A ello se suma la crisis de los sistemas de evaluación de proyectos y de revisión por pares en revistas jurídicas, que evidencian riesgos de opacidad, mediocridad e incluso prácticas reprochables”.

Por su parte, Pablo Manterola estima que el nivel de financiamiento público destinado a la investigación resulta, en términos generales, adecuado para el desarrollo de proyectos. No obstante, cuestiona que el sistema de asignación agrupe a las ciencias jurídicas y políticas en una misma categoría, pese a las diferencias existentes en sus métodos, trayectorias curriculares y criterios de evaluación académica.

“Aparentemente, los procesos de evaluación no son inmunes a las tendencias, lo que favorece el financiamiento de ciertos temas en desmedro de otros igualmente relevantes. Existen áreas del derecho que generan importantes debates en la práctica, pero sobre las cuales la doctrina ha desarrollado escasos estudios, manteniéndose soluciones propias de mediados del siglo XX. Al no ser materias ‘de moda’, tienden a quedar fuera de las prioridades de financiamiento”, explica Manterola, quien advierte una carencia particular en el estudio de instituciones del derecho privado.

“Resulta fundamental para el país contar con criterios sólidos en ámbitos como la factura, las sociedades o los contratos, evitando decisiones erráticas en materias de alto impacto económico y jurídico”, añade.

Falta de evaluadores

Osvaldo Lagos sostiene que el financiamiento público destinado a la investigación suele ser limitado, aunque reconoce que no siempre resulta sencillo justificar un aumento significativo de los recursos: “Existe una aspiración legítima de incrementarlos, pero ello debe ir acompañado de una evaluación que privilegie la calidad sustantiva de los proyectos por sobre criterios meramente formales, que han adquirido mayor peso en el último tiempo. Asimismo, advierto amplios márgenes de mejora en la gestión de estos fondos, particularmente en lo relativo a los sistemas de rendición, que hoy resultan ineficientes”.

Patricia López Díaz

Por su parte, Patricia López, profesora de derecho civil de la Universidad Diego Portales y responsable del Proyecto Fondecyt Regular N.º 1220169 sobre tutela de la parte débil, considera adecuado el nivel de apoyo estatal canalizado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile: “No observo sesgos en la selección de temas, lo que se explica porque los proyectos son evaluados por pares externos y la agencia se limita a consolidar esos resultados. En el ámbito jurídico, sin embargo, se echa de menos una mayor frecuencia en la apertura de Proyectos Anillo”.

Cristian Aedo, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y autor del Proyecto Fondecyt Regular N.º 1231292, orientado a proponer el riesgo como criterio unificador de la responsabilidad civil, reconoce falencias en los procesos de evaluación, pero destaca el sistema como un mecanismo altamente virtuoso para el desarrollo de la academia nacional: “Fondecyt permite generar redes, consolidar líneas de investigación, formar capital humano y sostener proyectos en el tiempo, otorgando además un grado relevante de autonomía al investigador”.

Cristian Aedo

No obstante, identifica aspectos susceptibles de mejora, como la necesidad de separar las ciencias jurídicas de las ciencias políticas en la asignación de recursos, dado que la agrupación actual incide en los umbrales de adjudicación y en la distribución de los proyectos financiados. Asimismo, advierte dificultades derivadas del aumento de académicos con grado de doctor y la consiguiente escasez de evaluadores especializados: “Ello complejiza la revisión de algunas postulaciones, pudiendo generar distorsiones, en la medida en que intervienen evaluadores sin suficiente experiencia o sin trayectoria previa en Fondecyt”.

Aedo también observa la consolidación de una cultura académica en la que la adjudicación de estos fondos se ha convertido en un indicador central de desempeño: “Si bien constituye una señal relevante de capacidad investigativa, su peso en la evaluación de la trayectoria profesional ha superado, en cierta medida, los objetivos originales del instrumento”.

Futuros proyectos

En cuanto a las nuevas líneas de investigación, Pablo Manterola se adjudicó un proyecto Fondecyt Regular centrado en las sociedades de profesionales, con especial énfasis en la figura del “aporte” dentro de este tipo de estructuras.

Por su parte, Cristián Aedo manifestó su interés en continuar desarrollando el área de la responsabilidad civil, que —a su juicio— aún presenta importantes espacios por explorar: “Existen diversas materias que requieren mayor análisis, como la participación, la forma en que responden las personas jurídicas por la actuación de personas naturales o el deber de garante. Se trata de cuestiones que no han sido suficientemente estudiadas y que espero abordar en futuros proyectos Fondecyt”.

En la misma línea, Patricia López planteó la necesidad de ampliar la apertura de Concursos Anillo de Investigación en ciencias jurídicas, con un enfoque multidisciplinario: “Estos programas no solo permiten desarrollar investigación, sino también formar estudiantes —principalmente de posgrado—, fortalecer la vinculación con redes y centros nacionales e internacionales, y promover la transferencia de conocimiento hacia ámbitos no académicos, contribuyendo así a su aplicación en sectores públicos y productivos”.

NOTA DE LA REDACCIÓN: El reporteo de esta nota periodística fue hecho antes de conocer los eventuales nuevos lineamientos estatales respecto del financiamiento de investigación jurídica durante los próximos 4 años.