Inútil para Kast, vital para el clima

El presidente José Antonio Kast ha cuestionado la utilidad del humedal Rocuant–Andalién, un ecosistema de 1.500 hectáreas en la Región del Biobío, preguntando si vale la pena mantener un área que, a su juicio, “nadie la usa” y que frena proyectos habitacionales y portuarios.

Benoît Delooz

La frase choca con la realidad de un planeta que ya enfrenta los efectos del cambio climático. Europa batió en 2025 récords de olas de calor, incendios y sequías; ciclones catastróficos afectaron a Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, mientras inundaciones devastadoras azotaron África occidental y el sur de Asia. Declarar innecesario un humedal es, en definitiva, declarar innecesaria una de las pocas defensas naturales que tenemos.

Un humedal no es un terreno baldío ni un “campo húmedo” que pueda drenarse sin consecuencias. La ciencia es clara: regula el ciclo hídrico, amortigua crecidas, filtra contaminantes, almacena carbono y sostiene biodiversidad clave para la resiliencia territorial. En un país marcado por la megasequía, incendios más intensos y lluvias extremas cada vez más frecuentes, esos servicios ecosistémicos pueden marcar la diferencia entre una ciudad preparada y una ciudad vulnerable.

Cuando el presidente sugiere que un humedal de 1.500 hectáreas no sirve para nada, en realidad está calificando como innecesaria una pieza de infraestructura natural que reduce inundaciones, mitiga olas de calor y contribuye a la disponibilidad de agua en períodos de escasez. No es una opinión técnica: es desconocer la función hidrológica y climática que estos ecosistemas cumplen.

Chile es parte de la Convención Ramsar desde 1981 y, en 2025, fue electo al Comité Permanente de ese tratado. Bajo el gobierno del presidente Boric se impulsó, además, la protección de salares y lagunas altoandinas en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Si allí se reconoce que una actividad económica estratégica debe convivir con la protección de los ecosistemas, resulta difícil entender que un humedal urbano como Rocuant–Andalién sea presentado principalmente como un obstáculo para la inversión. La misma coherencia ambiental debería aplicarse en ambos casos.

Hace apenas dos semanas, el presidente viajó al norte tras los aluviones que afectaron a Tocopilla y anunció un “plan maestro” de reconstrucción, con labores de limpieza, albergues, fichas FIBE y proyectos de infraestructura. Ese discurso de emergencia y reconstrucción es necesario. Pero resulta difícil conciliarlo con una mirada que relativiza la protección de los humedales en el centro-sur: cuando se autoriza drenar o intervenir estos ecosistemas, se pierde justamente su capacidad de amortiguar crecidas y reducir el impacto de las lluvias extremas.

No se puede prometer reconstrucción frente a desastres climáticos y, al mismo tiempo, tratar como innecesaria la infraestructura verde que ayuda a mitigar esos mismos desastres. La contradicción es evidente: se invierte en reparar los daños mientras se debilita la protección natural que podría ayudar a evitarlos.

Esta discusión también exige revisar la forma en que entendemos el desarrollo sostenible. La vivienda, la actividad portuaria y la inversión son objetivos legítimos, pero no pueden evaluarse al margen de los costos ambientales y sociales que producen las decisiones territoriales. Construir sobre zonas inundables puede abaratar un proyecto en el corto plazo, pero transfiere sus costos a las familias, al Estado y a las generaciones futuras. Proteger Rocuant–Andalién no significa paralizar el desarrollo: significa planificarlo con responsabilidad, evitando que la urgencia económica termine generando nuevos riesgos y mayores gastos de reconstrucción.

La posición de Kast, que califica al “ambientalismo extremo” como una amenaza a la democracia y reduce la protección de especies a un capricho burocrático —“chao guías ambientales”—, muestra una dificultad política para comprender que la adaptación climática requiere más infraestructura verde, no menos. No se trata de “priorizar la naturaleza sobre la persona”, como ha dicho en foros de ultraderecha en Bruselas. Se trata, precisamente, de proteger a las personas mediante la naturaleza.

Una política ambiental coherente con el calentamiento global debería reconocer a los humedales urbanos como infraestructura verde crítica, incorporar criterios de riesgo climático en la planificación territorial y fortalecer la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos y de la Convención Ramsar.

Mientras el Gobierno siga tratando a los humedales como lotes baldíos, estará construyendo, literalmente, sobre su propia vulnerabilidad. La pregunta no es si un humedal de 1.500 hectáreas “se usa”. La pregunta es si Chile está dispuesto a usarlo como escudo frente a un clima que ya no perdona.

 
Benoît Delooz es académico investigador de derecho público y miembro del claustro del doctorado en Derecho de la Universidad Central.
 
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