Carlos Andreucci, presidente de la UIBA: «El abogado pasó a ser víctima del sistema»

Antonio Pedrol Rius

Era 1976, el régimen franquista había terminado el año anterior tras la muerte del caudillo Francisco Franco y el país se encontraba en un estado de turbulencia política. En tal contexto, Antonio Pedrol Rius, abogado personal del Rey Juan Carlos I cuando era príncipe y presidente en ese entonces del Colegio de la Abogacía de Madrid, impulsó una propuesta que tiene ecos hasta nuestros días: reunir a distintos de estos gremios de Iberoamérica para compartir vivencias que aportaran a lo que iba a ser la transición española rumbo a la Constitución. El resultado fue la formación de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).

“En Latinoamérica había varios estados en dictaduras militares, por lo que teníamos muchos años de experiencia con golpes de Estado y gobiernos de facto, los cuales se compartieron con España”, explica Carlos Andreucci, actual presidente del organismo.

Y agrega: “El objetivo primordial fue intercambiar conocimientos de cómo se organizan los abogados bajo un sistema jurídico común, continental europeo no anglosajón, y también propender a crear colegios de abogados y garantizar la independencia de aquellos que practican el Derecho”.

Actualmente son 22 países los que componen la UIBA, incluyendo España y Portugal, además de Chile, Perú, México y Brasil.

Su foco está puesto en la defensa de los derechos y en acompañar el Estado de Derecho en toda Iberoamérica, con la mirada atenta ante el posible surgimiento de dictaduras, como las que existían cuando esta se creó.

Democracias en jaque, un problema para los abogados

Carlos Andreucci

En mayo pasado, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados realizó un congreso en Pamplona donde se analizaron las inestabilidades democráticas de Iberoamérica a partir de la pandemia y que afectaron a la abogacía en 2022, repercutiendo en la pérdida de garantías sobre los derechos de grupos vulnerables.

“Uno de estos problemas fue la pérdida de la creencia popular en el modelo democrático, que concentró en muchos casos el poder en el Ejecutivo, desdibujando la división jurídica tanto de este como del Legislativo y Judicial”, afirma Andreucci respecto del auge de populismos.

Además, un aumento en el narcotráfico y la trata de personas han generado que en varios países la abogacía haya pasado a ser considerada una profesión de riesgo.

“Hay crisis sobre lo que fue la evolución los derechos humanos, que existen como declaración, pero que han perdido su efectividad. Entonces, a esto se le suman los efectos colaterales de culturas donde el abogado pasó a ser víctima del sistema”, explica y ejemplifica con países donde la abogacía más ha sido golpeada en 2022: México, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Protestas en Nicaragua. Fuente: Wikimedia Commons

A ellos agrega otras, como Guatemala y algunas zonas marginales, principalmente selváticas, de Colombia, en las cuales empieza a surgir mayor inseguridad en la práctica de la abogacía debido a la delincuencia organizada y a guerrillas presentes en la zona, además de las situaciones de Bolivia y Perú.

Sobre estas últimas, señala que en “Bolivia está el conflicto de Santa Cruz de la Sierra, que ha llevado a que se creen zonas de exclusión por el gobierno nacional, generando un aislamiento donde los aeropuertos se encuentran cerrados y se ha dificultado el ejercicio de la profesión en la zona”, algo similar a lo que ocurre en Perú, país que está atravesando una crisis nacional luego del enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el ex Presidente Pedro Castillo, que término con su arresto y destitución luego de que hace unas semanas ordenara la disolución del Congreso.

Sobre Nicaragua recuerda que el Colegio de Abogados no puede funcionar, ya que “está sometido a la ley de control de espionaje del propio estado nicaragüense bajo el mando de Daniel Ortega”.

“Tenemos que hacer una tarea de acompañamiento sutil, de no exponer a nuestros colegas cuando hagamos una declaración internacional, para que no los vayan a buscar a las casas y los detengan. Eso es parte de lo que tenemos que luchar en la región”, plantea.

Y sobre Argentina, en tanto, explica que ha ocurrido un aumento en la delincuencia que se ha vuelto una amenaza para el ejercicio de los abogados y ejemplifica con lo que sucede en la ciudad de Rosario, donde “grupos narcos luchan por territorios y han arrasado con la garantía ciudadana de la seguridad, replicando el conflicto que existe en México con los carteles de drogas”.

UIBA en 2023

Respecto de los desafíos a futuros de la organización, Andreucci dice que primero se debe lograr mejorar la calidad de las facultades de Derecho en Iberoamérica, muchas de las cuales no han estado la altura de lo que la sociedad necesita.

¿Algunas cifras? Hay 1.400 facultades de Derecho en México “que no controla nadie”, y en Brasil hay 1.200 escuelas, 2 millones y medio de abogados graduados, pero solo la mitad son abogados activos a los que la Orden de Abogados del país les ha tomado examen para ejercer.

Para combatir este problema, el presidente de la UIBA insiste en la necesidad de no solo ver la abogacía como fuente laboral, sino también como un compromiso cívico y de debate de justicia constante. En ese sentido, cree en la necesidad de hacer un pacto de acceso a la justicia.

“Todos los colegios en Iberoamérica deben hacer un compromiso de ser palancas para que el ciudadano comprenda que hay derechos que puede ejercer”, indica.

Alejandro Gómez firmando durante el proceso de creacion de la Federación de Colegios de Abogados de Chile

En este misma línea, el organismo está trabajando con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana para establecer convenios de capacitación para abogados y, además, para mejorar la accesibilidad a la justicia tanto en tribunales como en áreas más invisibilizadas, como los derechos de los niños.

Otra área en la que se está trabajando es en el fortalecimiento de los sistemas de justicia arbitral internacional, proyecto que llevan en conjunto con el Centro Iberoamericano de Arbitraje y cuyo objetivo es salir de los tribunales en esta área para facilitar la resolución de los conflictos.

Así, dice, “impulsamos ayudas más baratas y activas por medio de árbitros que resuelven más rápido y que le da más seguridad a las pymes en la independencia de la toma de las decisiones frente a poderes judiciales débiles, que es lo que nos está pasando en la mayoría de los países”.

Finalmente, celebra la creación de la Federación de Colegios de Abogados de Chile, presidida por Alejandro Gómez, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y actual presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, la cual ya solicitó su incorporación a la Unión.

Presencialidad y acceso a la justicia

Sobre la vuelta a la presencialidad después de la pandemia y luego de tres años de aislamiento, Andreucci, aunque destaca el avance, asegura que la experiencia no se desarrolló de la misma forma en todos los contextos.

“Fue una parálisis en toda Iberoamérica, con la ruptura del acceso a la justicia y problemas operativos del aparato judicial”, dice y agrega que aunque se realizaron audiencias judiciales y hubo clases de estudiantes de Derecho a distancia, hubo varios problemas, como la discontinua presencialidad y la falta de infraestructura para poder seguir estudiando vía online.

Este modo a distancia, asegura, «no permite que todos tengan igualdad de oportunidades por falencias en temas de conectividad, wifi y fibra óptica. Al final, los centros urbanos se transformaron en los únicos lugares que podían brindar un buen servicio”.

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