El peligro de ser abogado de derechos humanos en Colombia

Michel Forst / Fuente: Naciones Unidas

Felipe Riffo

Desde la firma del acuerdo de paz en Colombia en 2016, en los últimos tres años, 6 abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos han sido asesinados.

El 4 de marzo, el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas  Michel Forst, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo el informe A/HRC/43/51/Add.1.

El reporte, generado a partir de las observaciones de su visita a ese país en 2018 junto a datos recopilados por Naciones Unidas durante 2019, indica que “desde 2016, hasta el 30 de junio de 2019, Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina, en base a los casos recopilados y verificados por las Naciones Unidas”.

Entre las conductas que sufren los abogados, se mencionan amenazas de muerte y falsas acusaciones de pertenecer a grupos subversivos. A ello se agregan los allanamientos, tanto a sus residencias personales como a las instalaciones en las que operen las asociaciones para las cuales trabajen.

Los profesionales del mundo jurídico propiamente tal son un segmento pequeño —2%— del total de personas defensoras asesinadas: 302 casos. La mayoría de ellas son líderes sociales y comunitarios, que viven principalmente en las zonas rurales de Colombia. Los principales ataques que recibirían serían violencia física, amenazas y desplazamientos forzados.

Algunos de los grupos más afectados, abogados incluidos, son la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

El informe destaca la labor de estos grupos como fundamental para apoyar a víctimas y lamenta que hayan sufrido tales actos que entorpecen su trabajo.

Impunidad

Además de agentes estatales, gran parte de los responsables de cometer violencia contra defensores y activistas de derechos humanos son grupos criminales.

Estas asociaciones ilícitas cuentan entre sus filas con ex miembros de organizaciones paramilitares. Grupos de “guerrilla” como el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias o grupos residuales de las FARC-EP, también tienen denuncias de crímenes en esta línea.

Sin embargo y de acuerdo al informe, algunos grupos empresariales también han sido denunciados: entre 2015 y 2018 se registraron 115 incidentes que incluyen “actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”.

La investigación entregó otro dato: los altos niveles de impunidad que existen en estos crímenes, situada en torno al 95%, lo que se contrasta con la tasa de impunidad de los casos de homicidios generales, que se sitúa entre el 86,58% y el 94,30%.

La respuesta gubernamental

El Gobierno de Colombia ha declinado las conclusiones del informe, destacando que se omitieron las medidas implementadas por la administración del Presidente, Iván Duque, respecto a la protección de derechos humanos.

La Administración mencionó en una nota del diario El País (España), que rechazaba “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, dado que el informe “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas”.

Por su parte Michel Forst, en una entrevista con el medio Semana.com, lamentó la crítica a sus observaciones, afirmando lo grave que es que el Gobierno colombiano haya rechazado sus conclusiones.

Para él, se trata sobre todo de “una oportunidad perdida” en la que podrían haber trabajado conjuntamente para apoyar a quienes desarrollan la labor de defender los derecho humanos en el país.

 
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