La ejecución de alimentos se inserta en una nueva institucionalidad

La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y el Instituto de Estudios Judiciales de Chile presentaron el libro «Nueva institucionalidad en la ejecución de alimentos», publicado por Thomson Reuters.

Thomson Reuters

El proyecto se inició en 2020, tras la convocatoria que hizo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de ese país a una mesa técnica, con profesionales que pudieran que tuvieran una mirada amplia y pudieras analizar desde distintos puntos de vista el incumplimiento en el pago de alimentos o pensión alimenticia.

«No se producía todavía el desastre tras los retiros de las AFP, con la consiguiente carga de trabajo para los tribunales y que reveló las cifras reales de no pago de alimentos», dijo la académica de la UDP Macarena Vargas Pavez.

La magistrada de Familia, Paz Pérez Ahumada, una de las editoras de este libro colectivo, sostuvo que se trata de un asunto complejo, multicanal,con una complejidad que está al acecho y que se puede expandir a la norma, así como al resultado de su interpretación y aplicación, pues existiría una brecha que sólo se salvará dotando a este espacio de un contenido jurídico: «Cuáles son los problemas y las posibles soluciones».

«No hay recetas sin anclaje en la realidad», añadió, y se refirió a la existencia de estándares internacionales sobre acceso a la justicia, a la desigualdad imperante en el reparto de las tareas de crianza y cuidado, y cómo se relacionan con el pago de alimentos.

Porque, como dijo Macarena Rebolledo Rojas, también juez, «el objetivo del registro es el pago, no la sanción».

«La ejecución debiera tener la misma importancia que el pago», afirmó, agregando que hasta hace poco «la libertad del deudor era sostenida por los convenios internacionales que protegían los derechos humanos»: la orden de arresto por no pago demoraba unos 35 días en tramitarse, mientras que el amparo constitucional conllevaba que el levantamiento de la medida pusiera tomar incluso 2 horas. Pero el enfoque cambió y hoy se acepta que el cumplimiento de la obligación alimenticia constituye una vulneración a los derechos humanos del niño o niña.

Pilar Soffia Ahumada, jefa de la División Jurídica del Ministerio y contó cómo se ha implementado el Registro Nacional de Deudores, gracias al cual el Registro Civil entrega un reporte todos los meses, que con información actualizada permitirá diseñar una política pública al respecto.

El monto de la deuda alcanza los CLP $97.900 millones 400 mil (más de US$ 100 millones) y el número de deudores inscritos asciende a 148.000, de los cuales el 97% es hombre, informó, contando que ya hay gente que ha pagado y ha sido borrada del Registro.