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¿De quién es la mascota cuando una pareja se separa?
Un caso reciente en Chile abrió el debate sobre los aspectos jurídicos de la tenencia de mascotas en pareja cuando se produce una separación. En otros países de la región, como Brasil y Colombia, la normativa ha establecido criterios específicos, poniendo el foco en el bienestar y los intereses del animal, como “ser sintiente”.
- 13 noviembre, 2026
Hace unos días, la Corte Suprema de Chile se pronunció sobre la disputa por el cuidado de un gato llamado Perseo, luego de que uno de los integrantes de una pareja solicitara establecer un régimen de custodia compartida tras el término de la relación, en una modalidad similar a la que se aplica respecto de los hijos.
Conversaciones de WhatsApp de la pareja respecto al gato Perseo, que fue usado durante el juicio.
Tras la separación de la pareja, residente en la ciudad de Osorno (zona sur del país), el máximo tribunal adoptó una decisión calificada como inédita, al considerar la condición de “ser sintiente” de la mascota. Los cinco ministros de la Sala Civil resolvieron por unanimidad que el bienestar de Perseo, adoptado en 2021 por Paulina Torres y Rodrigo Dussarrat cuando tenía un mes de vida, debía estar “por sobre el interés y derecho de sus dueños”. En consecuencia, descartaron mantener un sistema de cuidado alternado y otorgaron la custodia definitiva a Torres, quien había sido demandada por su expareja. El objetivo fue evitar los efectos que los traslados entre domicilios podrían estar provocando en el animal, como el estrés.
El pronunciamiento ha generado controversia, debido a que, según algunos especialistas, la interpretación de los jueces excedería el marco de la legislación vigente. Esto, porque el Código Civil chileno no reconoce expresamente a los animales como seres sintientes, sino que los clasifica como “bienes muebles semovientes”.
Si bien la Ley N°20.380, sobre protección animal, y la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, establecen derechos y obligaciones para sus propietarios —entre ellas el deber de proporcionarles cuidados y evitarles sufrimientos—, ambas mantienen la consideración jurídica de los animales como bienes muebles semovientes.
Una de las críticas planteadas es que la Corte puso al mismo nivel a niños y animales, de manera totalmente desproporcionada. Otra, que si el criterio se consolidara, debería reformarse el Código Civil para establecer un estatuto especial aplicable a determinados animales.
Por su parte, otro académico hizo presente que el fallo se refería a “propietarios”, sin hacerse cargo de que uno de ellos estaba siendo privado del dominio sin compensación alguna.
Brasil, México y Colombia
A nivel regional, Brasil aprobó a comienzos de 2026 la Ley Federal Nº15.392, que regula la custodia compartida de mascotas en casos de separación. La normativa establece que un juez podrá determinar un régimen de cuidado alternado y distribuir equitativamente los gastos asociados al bienestar del animal. Sin embargo, su aplicación está sujeta a ciertas condiciones: la mascota debe haber formado parte de la vida en común durante la relación y no debe existir un historial de violencia doméstica.
En México, por su parte, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en 2025 una iniciativa conocida como “Con quién se queda el perro”, que incorpora la Fracción VII al Artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, en el capítulo relativo al divorcio.
Esta disposición contempla la posibilidad de establecer la custodia compartida de las mascotas durante dichos procesos. Asimismo, exige que las parejas elaboren un plan de cuidados que garantice el bienestar de los animales, incluyendo aspectos como alimentación, atención veterinaria y convivencia. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser considerado negligencia y dar lugar a responsabilidades legales.
En Colombia, la Ley 1774 de 2016 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas la Sentencia C-041 de 2017, reconocen a los animales como seres sintientes y no como simples bienes muebles.
En consecuencia, ante una separación, las parejas separadas pueden alcanzar acuerdos para determinar quién asumirá su cuidado principal, cómo se distribuirán los gastos de alimentación y atención veterinaria, y si se establecerá un régimen de visitas.
Estos acuerdos pueden gestionarse mediante mecanismos de conciliación y si no existe consenso, las autoridades competentes deberán resolver la controversia de acuerdo al marco jurídico aplicable. Por ende, la decisión no depende exclusivamente de quién adquirió o adoptó al animal, sino también de las condiciones que cada parte puede ofrecer para garantizar su bienestar y cuidado.
En otros países de la región, como Argentina y Perú, no existe una regulación específica y generalizada dentro del derecho de familia que establezca un régimen de custodia de mascotas en casos de divorcio o separación. Por ello, estas controversias suelen abordarse mediante acuerdos privados, instancias de mediación o resoluciones judiciales particulares, que consideran tanto el vínculo afectivo como el bienestar del animal al momento de determinar su cuidado.
En Europa y Estados Unidos
En Europa, España cuenta con la Ley 17/2021, que modificó el Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes y permitir que, en procesos de separación o divorcio, los jueces determinen su destino, los períodos de convivencia y las responsabilidades de cuidado, atendiendo a su bienestar.
Una orientación similar se observa en Francia, cuyo Código Civil reconoce desde 2015 a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, mientras que en Portugal también se introdujo una reforma en esta materia en 2017. En ambos países, estas modificaciones establecieron un tratamiento jurídico diferenciado del de los bienes materiales, reconociendo las particularidades de los animales.
Incluso en sistemas jurídicos federales o descentralizados, como el de Estados Unidos, algunas jurisdicciones han incorporado criterios orientados a considerar el bienestar animal en las disputas posteriores a una ruptura. Es el caso de California —mediante la Sección 2605 de su Código de Familia—, y de Alaska, a través del estatuto AS 25.24.160(a)(5).
Estas disposiciones permiten que los tribunales se aproximen más a un modelo que considera elementos propios del derecho de familia, más allá de los criterios tradicionales del derecho de propiedad, aplicados a los animales.
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