Estados Unidos: cuando la política migratoria pone a prueba al Estado de derecho

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han vuelto a poner sobre la mesa una discusión que trasciende los resultados electorales: ¿puede un gobierno invocar la soberanía nacional para justificar cualquier medida de control migratorio? Donald Trump construyó buena parte de su discurso político sobre la promesa de deportaciones masivas y el endurecimiento de las fronteras.

M. Soledad Torres Macchiavello

Sin embargo, el debate jurídico no está en determinar si el Estado tiene derecho a controlar la inmigración, porque indiscutiblemente lo tiene. La verdadera controversia surge cuando las medidas adoptadas para cumplir una promesa electoral tensionan las garantías constitucionales, el debido proceso y los límites del poder administrativo.

La condición de extranjero no significa encontrarse fuera de la protección del derecho. En el ordenamiento estadounidense, la Quinta Enmienda protege el debido proceso de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado, con independencia de su nacionalidad, aunque el alcance de las garantías varía según su situación migratoria y las circunstancias del caso. Esto significa que las decisiones de detención y expulsión no pueden quedar entregadas exclusivamente a criterios de conveniencia política.

La legislación puede establecer procedimientos expeditos y facultades especiales de control, pero ello no convierte la potestad migratoria en un espacio inmune al control judicial. La soberanía permite decidir quién puede permanecer en un territorio; no autoriza a desconocer las garantías que el propio ordenamiento reconoce.

Esta discusión tiene una proyección directa sobre Chile. La Ley N.º 21.325 entrega a la Administración facultades para disponer expulsiones, establecer prohibiciones de ingreso y controlar la permanencia de extranjeros. Pero esas atribuciones conviven con la Constitución, las garantías del procedimiento administrativo y los tratados internacionales aplicables. La autoridad debe actuar sobre fundamentos jurídicos verificables y respetar las exigencias de proporcionalidad y debido proceso.

Una política migratoria no se vuelve jurídicamente legítima porque responda a una demanda ciudadana mayoritaria. La legitimidad democrática de una decisión política y la legalidad de su ejecución son cuestiones distintas, y precisamente para resolver esa tensión existen los tribunales de justicia.

Después de más de treinta años vinculada al Derecho Migratorio y a la movilidad internacional, considero que el verdadero riesgo aparece cuando comenzamos a aceptar que ciertas garantías pueden relativizarse dependiendo de la nacionalidad o situación administrativa de una persona. Ningún Estado está obligado a permitir una inmigración irrestricta, pero todos deben responder por la forma en que ejercen sus potestades.

Las elecciones cambian gobiernos, mayorías y prioridades legislativas; los derechos fundamentales no deberían convertirse en variables sujetas al calendario electoral. Porque cuando el cumplimiento de una política migratoria exige debilitar los controles sobre el poder, la discusión ya no se limita a quién tiene derecho a ingresar o permanecer en un país. La pregunta verdaderamente jurídica es otra: ¿quién controla al Estado cuando es el propio Estado el que decide expulsar?

María Soledad Torres Macchiavello es abogada, especialista en derecho migratorio y movilidad internacional y directora de LegalGlobal.

 
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