Es la hora de poner en el debate institucional y parlamentario el juicio por jurados

La discusión sobre el juicio por jurados no puede seguir confinada a los espacios académicos ni ser considerada una cuestión ajena a las posibilidades de transformación de nuestro sistema de justicia. Ha llegado la hora de ponerla en el centro del debate institucional y parlamentario, con la seriedad, la apertura y la profundidad que merece una cuestión fundamental para el fortalecimiento democrático de la República.

Diego Palomo

En los últimos días he tenido la oportunidad de compartir con distintos parlamentarios progresistas una propuesta de proyecto de ley completamente elaborada y adaptada junto a INECIP, destinada a introducir el juicio por jurados en Chile. El texto, que actualmente está siendo analizado por equipos legislativos, ha tenido una recepción inicial positiva y abre una posibilidad que considero especialmente valiosa: trasladar al Congreso Nacional una discusión que nuestro país necesita abordar sin prejuicios, sin simplificaciones y sin descartar anticipadamente alternativas que podrían contribuir a mejorar la legitimidad de la administración de justicia.

Esta iniciativa expresa también una convicción que la Universidad de Talca ha sostenido a lo largo de su historia: el compromiso de la universidad pública con la democracia, sus instituciones y el fortalecimiento de una ciudadanía activa. La universidad no puede limitarse a observar los problemas de la sociedad ni conformarse con describirlos. Tiene también la responsabilidad de contribuir a la construcción de propuestas, abrir espacios de deliberación y poner sus conocimientos al servicio de las transformaciones que el país necesita.

Y hoy existe una razón particularmente importante para hacerlo.

La justicia profesional atraviesa un momento complejo en materia de confianza y credibilidad. Los cuestionamientos que han afectado a integrantes del sistema judicial y las controversias que han golpeado a nuestras instituciones obligan a reflexionar, con responsabilidad, sobre los mecanismos que pueden contribuir a fortalecer la legitimidad de la función jurisdiccional. No se trata de desconocer la importancia de la judicatura profesional, ni de desmerecer la preparación, la independencia y la responsabilidad que deben caracterizar a quienes ejercen la función de juzgar. Se trata, precisamente, de reconocer que la legitimidad de la justicia no puede descansar exclusivamente en la autoridad de sus integrantes: también debe construirse mediante instituciones capaces de expresar los valores democráticos de la comunidad a la que sirven.

En este contexto, el juicio por jurados representa una oportunidad que merece ser examinada seriamente.

Su importancia no se agota en la posibilidad de incorporar una modalidad distinta de juzgamiento penal. En su dimensión más profunda, supone preguntarnos qué lugar queremos reservar a la ciudadanía en una de las funciones más relevantes del Estado: decidir sobre la responsabilidad penal de las personas. Supone reconocer que la administración de justicia no es un asunto que deba permanecer necesariamente reservado a los profesionales del derecho, como si la participación ciudadana fuera incompatible con la complejidad de las decisiones judiciales.

Por el contrario, una democracia madura debe ser capaz de confiar en sus ciudadanos, establecer mecanismos adecuados para su participación y ofrecerles las condiciones necesarias para ejercer responsablemente esa función.

La ciudadanía no puede agotar su papel democrático en concurrir a las urnas cada cierto número de años. La democracia requiere también espacios de participación directa, de corresponsabilidad y de intervención en las decisiones públicas. Y pocas decisiones expresan con tanta claridad la relación entre el Estado, la libertad individual y la comunidad como aquellas que determinan la responsabilidad penal de una persona.

Por supuesto, incorporar el juicio por jurados no significa idealizarlo ni desconocer los desafíos que supone. Tampoco implica sostener que todos los problemas de la justicia penal se resolverán mediante su establecimiento. Ninguna reforma institucional de esta naturaleza puede ofrecer semejante garantía. Lo que corresponde es abrir una discusión rigurosa sobre sus posibilidades, sus límites, sus exigencias y las condiciones necesarias para que pueda funcionar adecuadamente en nuestro ordenamiento jurídico.

Esto exige, además, evitar un error frecuente en las discusiones sobre reformas judiciales: importar modelos extranjeros sin atender a las características de nuestras instituciones, a nuestra tradición jurídica y a las particularidades de nuestra sociedad.

La experiencia comparada puede ofrecer antecedentes valiosos, pero no reemplaza la reflexión propia ni el debate democrático. No se trata de reproducir mecánicamente el modelo de otro país, sino de estudiar sus experiencias, identificar aquello que pueda resultar útil y diseñar una propuesta que responda a las necesidades de Chile. Si el juicio por jurados ha de incorporarse a nuestro sistema, deberá hacerlo a partir de una deliberación institucional seria, de reglas claras, de garantías suficientes y de una configuración compatible con nuestra realidad.

Precisamente por eso, el debate parlamentario resulta indispensable. Una transformación de esta magnitud no puede quedar reducida a una controversia entre especialistas ni depender exclusivamente de las preferencias de quienes integramos el mundo jurídico. Requiere la participación de representantes democráticamente elegidos, la intervención de la academia, la consideración de la experiencia de los operadores del sistema y, especialmente, una reflexión amplia sobre el papel que queremos asignar a la ciudadanía en la administración de justicia.

La propuesta que he puesto a disposición de distintos parlamentarios pretende contribuir a ese propósito. No busca clausurar una discusión, sino iniciarla. No pretende presentar una solución definitiva, sino ofrecer una base de trabajo para que el Congreso, las universidades y la sociedad puedan examinar sus fundamentos, discutir sus alternativas y evaluar las condiciones de su eventual implementación.

Estoy convencido de que este es un camino que Chile debe explorar si aspira a profundizar la democratización de la justicia, particularmente de la justicia penal. La legitimidad de nuestras instituciones no se fortalece únicamente mediante reformas administrativas, mejoras de gestión o modificaciones de procedimientos. También exige preguntarnos quiénes participan en el ejercicio del poder público, cómo se distribuye esa responsabilidad y de qué manera nuestras instituciones expresan el principio democrático.

El juicio por jurados nos obliga a enfrentar esas preguntas. Y hacerlo no constituye una señal de desconfianza hacia la democracia ni hacia la justicia, sino una expresión de confianza en la capacidad del país para examinar críticamente sus instituciones y mejorarlas.

Por eso, la discusión debe comenzar ahora. Con rigor, sin consignas, sin prejuicios y con plena conciencia de los desafíos que supone una reforma de esta naturaleza. La justicia penal chilena necesita más que respuestas circunstanciales frente a sus problemas de credibilidad: necesita una reflexión profunda sobre sus fundamentos democráticos y sobre las formas en que puede recuperar la confianza de la ciudadanía.

La universidad pública tiene el deber de contribuir a esa reflexión. El Parlamento tiene la oportunidad de asumirla. Y la ciudadanía merece que no descartemos, antes siquiera de discutirla, una alternativa que puede abrir nuevas posibilidades de participación democrática en la justicia.

Ha llegado la hora de poner el juicio por jurados en el debate institucional y parlamentario. No para importar soluciones ajenas ni para debilitar la justicia profesional, sino para preguntarnos, con honestidad y convicción democrática, si estamos dispuestos a confiar también en nuestros ciudadanos para construir una justicia más legítima, más participativa y más cercana a los principios que sostienen nuestra República.

 
Diego Palomo es académico de la Universidad de Talca y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca.

 
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