Abogados mayores de 60 y las IAs: un desafío en crecimiento

¿Cómo están adaptando los abogados senior la inteligencia artificial en su quehacer profesional? Quisimos saber cómo enfrentan la algoritmización de la abogacía los mayores de 60 años. Esto fue lo que encontramos.

“En 10 años probablemente ni siquiera vamos a hablar de ‘usar inteligencia artificial’ de la forma en que hablamos hoy. Va a estar incorporada naturalmente en las herramientas que utilizamos para trabajar”, dice Esteban Ruiz Omegna, director ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile.

Los desafíos son diversos. Bárbara Woloszyn, profesora de la Universidad Católica de La Plata y miembro del Instituto de Derecho Informático e IA del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), considera que uno de los primeros obstáculos es la cultura profesional de los abogados mayores de 60 años y el nivel de confianza que depositan en estas tecnologías: “Un abogado que construyó su prestigio durante décadas sobre el rigor, el control del texto y la responsabilidad personal por cada escrito que firma, no delega a una herramienta que no comprende del todo”.

Desde su perspectiva, entre las dificultades más concretas se encuentran el riesgo de error, el temor a las llamadas “alucinaciones” y la falta de tiempo para capacitarse en medio de vencimientos, audiencias y atención de clientes. A ello se suma que las herramientas no siempre han sido diseñadas pensando en este grupo profesional, ya que sus interfaces, terminología y tutoriales suelen estar orientados a perfiles técnicos o nativos digitales, lo que puede hacer que la curva de aprendizaje sea más pronunciada de lo necesario.

Alfonso Becerra (México), Of Counsel de Soledad & Carrasco Abogados y especializado en regulación de inteligencia artificial, señala que también existe una falta de recursos que expliquen de manera sencilla el funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM). A su juicio, existe una oportunidad para acercar estos conocimientos de forma comprensible: “De pronto tenemos la capacidad de crear un sinfín de herramientas, delegar tareas, digerir información en cantidades industriales y automatizar procesos en segundos. Si somos capaces de imaginarlo y verbalizarlo, somos capaces de traerlo a la existencia. De ahí que el mayor reto no sea usarla, sino encontrar recursos claros para aprender a hacerlo”.

Becerra también sostiene que la edad no es necesariamente un factor determinante. Ha conocido recién egresados extremadamente reticentes a utilizar tecnología y profesionales con décadas de experiencia entusiasmados por probar los últimos desarrollos. Por ello, considera que se trata más bien de un desafío propio de la profesión y de las características de cada abogado: “Si está en tu carácter ir más allá de lo obvio, es muy probable que tengas la paciencia para soportar las principales dificultades de incorporar esta tecnología, que son tolerar el error, iterar (es decir, mejorar lo que creaste) e ir construyendo sobre la marcha. Eso sí, si entiendes que un sistema de IA inevitablemente tendrá errores y aplicas las salvaguardas adecuadas, como la revisión humana y un buen manejo de la información, las recompensas en ahorro de tiempo y productividad son muy atractivas”.

En esta misma línea, Esteban Ruiz Omegna destaca el valor que la experiencia profesional puede aportar frente a estas herramientas: “Hay algo que me parece fundamental: un abogado con treinta años de experiencia puede tener una ventaja enorme al utilizar inteligencia artificial, precisamente porque tiene criterio. Sabe cuándo una respuesta no hace sentido, reconoce un riesgo, entiende el contexto de un cliente y puede detectar errores que una persona con menos experiencia probablemente no vea. El desafío es lograr juntar esas dos capacidades: experiencia y tecnología”.

Por su parte, Kendry Aranda (Perú), asociado de Nexlaw, anticipa que durante los próximos 10 años la competitividad jurídica estará cada vez más vinculada a la capacidad de combinar conocimiento especializado, gestión eficiente de la información, automatización de procesos y análisis de datos: “Esto no significa que todas las actividades deban automatizarse ni que cada organización necesite desarrollar sus propios sistemas. Una firma puede comenzar con herramientas comerciales debidamente evaluadas, mientras que una gerencia legal puede priorizar la gestión contractual, el seguimiento de obligaciones o la elaboración de indicadores de desempeño”.

Un tema de infraestructura

Para Kendry Aranda, lo relevante es contar con una estrategia tecnológica coherente con los objetivos, riesgos y recursos disponibles, acompañada de mecanismos de supervisión y evaluación de resultados. A su juicio, es fundamental que los abogados mayores de 60 años desarrollen competencias digitales para evitar que la transformación del sector jurídico genere una brecha que excluya a profesionales por su edad o trayectoria.

Sin embargo, el desafío presenta diferencias entre los países de la región en aspectos como infraestructura digital, inversión tecnológica, formación profesional, madurez organizacional y desarrollo de marcos regulatorios relacionados con la protección de datos personales, el secreto profesional y la responsabilidad derivada del uso de sistemas automatizados.

“En Perú, la incorporación de IA en los servicios jurídicos debe considerar las obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales, así como los requerimientos de seguridad de la información, confidencialidad y gobernanza tecnológica. Para ello, las organizaciones necesitan políticas internas, criterios claros de uso y mecanismos de supervisión acordes con los riesgos identificados. Por lo tanto, no basta con enseñar a formular prompts, sino que también es necesario desarrollar alfabetización digital, criterio para evaluar sus resultados y capacidad para identificar los riesgos legales y operativos asociados”, enumera Aranda.

Bárbara Woloszyn, de Argentina, pone de relieve las diferencias relevantes que existen entre los países. Brasil y Chile contarían con ecosistemas más desarrollados y una digitalización judicial más avanzada, mientras que Argentina y Uruguay presentarían expedientes digitales consolidados en numerosas jurisdicciones, aunque con diferencias entre fueros y provincias.

Desde su perspectiva, existen 3 factores que están impulsando el uso de IA en el ámbito jurídico regional: “La presión de los clientes, que esperan respuestas más rápidas; la transformación digital de los propios poderes judiciales, que ya incorporan IA en sus procesos internos; y la rentabilidad, porque los estudios que no la usen tendrán costos operativos más altos para el mismo trabajo”.

Dependiendo del mercado, también hay clientes corporativos que demandan con mayor rapidez y nuevas formas de prestación de servicios. “La tendencia es común a toda la región. La transformación tecnológica del ejercicio jurídico ya empezó y probablemente se va a acelerar. Por eso, desde Altech creemos que uno de los grandes desafíos no es solamente desarrollar mejores tecnologías, sino también generar capacidades para que las personas puedan utilizarlas correctamente. La tecnología sin adopción finalmente tiene muy poco impacto”, dice Esteban Ruiz.

Carlos Arana, CEO de la app de workplace legal Binder, considera que en pocos años ejercer la profesión sin utilizar algún tipo de herramienta de IA será tan impensable como imaginar hoy un estudio de abogados sin correo electrónico: “Una de las razones es que los modelos de lenguaje encajan de manera natural con el trabajo jurídico. Los abogados trabajan habitualmente con textos, interpretan información, argumentan y redactan, por lo que interactuar con una IA mediante el lenguaje les resulta relativamente intuitivo. De hecho, los abogados ya vienen adoptando estas herramientas con agilidad”.

Arana añade que esto se debe, en parte, a que una de las funciones más básicas de los modelos de lenguaje especializados en Derecho es la búsqueda de normas y jurisprudencia, ámbito en el que pueden ofrecer resultados de manera rápida: “Solo aprender a usar un chatbot especializado en legislación nacional podría ser de gran utilidad para un abogado senior, pues le permitiría reducir el tiempo invertido en búsquedas e investigación”.

Riesgos y consejos

¿Representa la inteligencia artificial un riesgo real para el trabajo de los abogados senior durante la próxima década? Esteban Ruiz considera que no conviene plantear el problema en términos de que quienes no utilicen estas herramientas quedarán fuera del mercado, ya que esa perspectiva genera ansiedad innecesaria y simplifica demasiado la discusión. A su juicio, el riesgo se manifestará de forma gradual: “Puede comenzar a aparecer una diferencia importante de productividad, capacidad de análisis y velocidad frente a otros profesionales que tienen un nivel de experiencia similar, pero que aprendieron a trabajar apoyados por estas herramientas”.

También advierte sobre los riesgos que enfrenta el liderazgo de los equipos jurídicos. Un abogado senior que dirige a profesionales jóvenes y toma decisiones sobre los métodos de trabajo de una organización podría encontrar dificultades para establecer reglas, supervisar el uso de estas tecnologías, identificar sus riesgos y evaluar las soluciones propuestas si no comprende, al menos, sus principales características y limitaciones.

Bárbara Woloszyn coincide en que el principal riesgo no es perder el empleo de un día para otro, sino experimentar una disminución progresiva de la competitividad, lo que podría traducirse en más tiempo dedicado a tareas rutinarias, mayores costos y honorarios más altos: “Pero el riesgo más profundo es desconectarse de la forma en que empiezan a trabajar los tribunales, la contraparte y los propios clientes, cuando todo el ecosistema jurídico cambia su manera de operar; quien no acompaña ese cambio no queda solamente atrasado, sino progresivamente al margen del sistema en el que ejerce”.

Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías también requiere cautela. Kendry Aranda sostiene que no adoptar IA de inmediato no convierte automáticamente a un profesional en obsoleto, pues existen materias, asuntos y organizaciones en los que su implementación debe ser gradual o estar sujeta a restricciones específicas: “También es importante reconocer que adoptar IA sin controles puede resultar tan perjudicial como ignorarla”.

Las filtraciones de información, las respuestas incorrectas, los sesgos y la confianza excesiva en resultados automatizados pueden generar contingencias legales, profesionales y reputacionales. Por ello, el reto no consistiría en adoptar tecnología indiscriminadamente, sino en evaluar cuándo aporta valor.

Frente a estos desafíos, Esteban Ruiz recomienda que los abogados senior comiencen por tareas concretas y acotadas. Propone seleccionar dos o tres actividades frecuentes y aprender a utilizar una herramienta de IA para realizarlas, junto con una capacitación sobre los riesgos asociados a su uso: “Un abogado tiene que saber que estas herramientas pueden equivocarse, inventar información o entregar respuestas aparentemente convincentes, que son incorrectas. También tiene que comprender qué información puede ingresar, qué ocurre con la confidencialidad y cuándo es necesario verificar las fuentes. La responsabilidad profesional sigue siendo del abogado”.

El representante de Altech también destaca la importancia de aprovechar la experiencia acumulada por estos profesionales: “No necesitamos reemplazar experiencia por tecnología; necesitamos combinar ambas. Los abogados con mayor trayectoria tienen criterio jurídico, conocimiento de industria, experiencia negociadora y capacidad para comprender contextos complejos. Si logramos sumar a eso nuevas herramientas tecnológicas, tenemos profesionales potencialmente mucho más capaces”. En esta línea, iniciativas como TrayectorIA, impulsada por la organización que dirige Ruiz junto con el Colegio de Abogados de Chile, Travesia100 y el apoyo de Walmart Chile, Carey, Microsoft Chile, Magnar, buscan abordar los desafíos asociados a la incorporación de estas tecnologías en el ejercicio profesional.

Por su parte, Woloszyn recomienda priorizar la seguridad durante el proceso de aprendizaje, utilizar entornos confiables y evitar ingresar datos que permitan identificar a clientes sin conocer previamente cómo serán tratados. Asimismo, plantea la importancia de participar en instancias de formación diseñadas específicamente para abogados, con contenidos vinculados al Derecho y a la práctica profesional.

“A través de las clases, capacitaciones y talleres que dicto a abogados, funcionarios y magistrados en Argentina, Uruguay y otros países de la región, puedo ver esta transición. La experiencia confirma que la resistencia inicial no nace de la falta de capacidad, sino del vértigo tecnológico y de la ausencia de espacios de formación, sobre todo individual, pensados desde el Derecho y para el Derecho”.

 
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