lunes, 16 de noviembre de 2026

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Caso Binance: inversión en ciberseguridad, el próximo paso para las Pymes y la lección coreana

“El mismo aparato de Pyongyang que antes necesitaba años para entrenar a cada operador encontró un atajo en la inteligencia artificial. Anthropic documentó en agosto de 2025 cómo agentes norcoreanos usaban modelos de IA para aprobar entrevistas técnicas y mantener empleos remotos en grandes tecnológicas, y cómo un delincuente sin formación en programación desarrolló y vendió ransomware por entre 400 y 1.200 dólares”.

A partir de los recientes ataques a infraestructura en Europa y el hackeo de Binance atribuido al grupo Lazarus, es necesario preguntarnos: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar estos episodios? ¿Cuál es el incentivo de invertir en un esquema de ciberseguridad y protección de datos eficiente?

Gonzalo Álvarez Seura

Al respecto, resulta interesante observar el ejemplo de Corea del Sur. El conflicto geopolítico con su vecino del norte ha generado tensión permanente en la península, con escaramuzas que hoy también se libran en línea. Corea del Norte ha desarrollado un sofisticado escuadrón de espías y hackers a quienes se les atribuyen ataques de amplio alcance, como la reciente ofensiva contra Binance, en supuesta asociación con el grupo Lazarus. En los últimos cinco años, una serie de vulneraciones en Corea del Sur han sido atribuidas a grupos coordinados con el régimen de Pyongyang: extracción de datos de la red del sistema judicial, del instituto de energía atómica, de cadenas de suministro y otras entidades militares y corporativas.

Esto hizo necesario el desarrollo de políticas para fortalecer la ciberseguridad como parte de la defensa nacional, reflejándose en el fortalecimiento de la normativa específica. Destaca una batería de leyes que incluye la Ley de Protección de Datos (PIPA, reformada en 2026) y la Ley de Promoción de la Industria de Seguridad de la Información (2021). Lo importante es que las pymes surcoreanas no quedan fuera del esquema de defensa nacional: la Ley de Apoyo a la Protección de Tecnologías de pymes (reformada en 2022) buscó fortalecer la capacidad de protección tecnológica, ampliando la infraestructura de apoyo.

En el caso de infracciones a la Ley PIPA, las empresas pueden rebajar su multa hasta en un 40% en caso de acreditar inversión sostenida en protección de datos personales, siempre que la infracción no haya sido dolosa ni por culpa grave. Actualmente, un proyecto de ley que aún está en discusión en la Asamblea Nacional propone un incentivo tributario para las empresas que inviertan en sistemas de seguridad de la información y contraten especialistas en seguridad, o bien gasten en consultorías o seguros de ciberseguridad.

En suma, creemos que prepararse ante los riesgos de ciberataques debe considerarse hoy parte de los costos de operación de cualquier empresa. Por ello, analizar y aprender de las experiencias comparadas resulta clave para buscar nuevas soluciones que permitan enfrentar eficazmente los escenarios de ciberseguridad en un contexto global. Esto no solo permitirá una mejor preparación institucional ante ciberataques cada vez más recurrentes, sino que facilitará a las pequeñas y medianas empresas proyectarse, funcionar y crecer en un mundo cambiante. Sin duda, las empresas que lleven la ventaja competitiva serán las capaces de invertir, reducir los costos de multas administrativas o judicialización, y beneficiarse de una efectiva protección en este ámbito.

Bernardita González Lustig

Pero la experiencia coreana deja una segunda lección, y es más inquietante. El mismo aparato de Pyongyang que antes necesitaba años para entrenar a cada operador encontró un atajo en la inteligencia artificial. Anthropic documentó en agosto de 2025 cómo agentes norcoreanos usaban modelos de IA para aprobar entrevistas técnicas y mantener empleos remotos en grandes tecnológicas, y cómo un delincuente sin formación en programación desarrolló y vendió ransomware por entre 400 y 1.200 dólares. La conclusión del informe es directa: la programación asistida por IA rebaja la experticia técnica que antes exigía el cibercrimen. Es decir, el ataque masivo ya no exige un hacker experto. Basta con alguien dispuesto y una herramienta de IA.

Si atacar se volvió barato, defenderse sigue siendo caro, y lo más caro no es el software, sino las personas que saben usarlo. La Agencia Nacional de Ciberseguridad estima que Chile necesita cerca de 28 mil especialistas, y el estudio 2025 de ISC2, que encuestó a más de 16 mil profesionales, concluyó que el 95% de los equipos tiene al menos una brecha de habilidades, con la IA como la competencia más demandada. Mientras tanto, la Ley 21.663 Marco de Ciberseguridad (2024) creó la ANCI y elevó los estándares de los operadores de importancia vital, y la Ley 21.719 (2024) exigirá medidas de seguridad a toda empresa que trate datos personales. ¿Quién las implementará en una pyme de veinte trabajadores? Hoy, casi nadie. Una norma sin personas que la ejecuten es una puerta blindada que nadie sabe cerrar.

El Congreso discute postergar la vigencia de la Ley 21.719 hasta octubre de 2027. Ese año extra puede perderse o convertirse en la ventana para formar a quienes deberán cumplirla. Primero, ANID debe priorizar becas de magíster y doctorado en ciencia de datos y ciberseguridad, y las universidades, junto a la ANCI, deben crear programas de especialización para ingenieros, gestores públicos y también abogados, porque un incidente hoy es tanto un problema técnico como jurídico. Segundo, Corfo puede financiar centros de monitoreo compartidos por región, para que una pyme acceda a vigilancia permanente sin costear un equipo propio. Tercero, conviene recoger la fórmula coreana con un crédito tributario a la inversión en seguridad y a la contratación de especialistas, inspirado en el que la Ley 20.241 otorga a la I+D, y con una versión simplificada del modelo de prevención de infracciones que la Ley 21.719 ya reconoce como atenuante de las multas.

Si la IA masificó (democratizó) el ciberataque, ahora toca masificar la defensa; Corea entendió que sus pymes forman parte de la defensa nacional, mientras Chile todavía las trata como un asunto privado. La IA democratizó el ataque y ahora nos toca democratizar la defensa, formando personas antes que comprando herramientas. Las pymes que lo entiendan pagarán menos multas y, sobre todo, seguirán vendiendo a clientes que exigirán seguridad a toda su cadena de proveedores. Postergar una ley no posterga a los atacantes.

 
Bernardita González Lustig es doctora en derecho de la Universidad Central y socia fundadora de Seondeok Global, y Gonzalo Álvarez Seura es director del Programa IA & Legaltech de la Universidad Central.
 

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