Expropiación: un equilibrio que requiere actualización

En una columna anterior publicada en El Mercurio Legal nos referimos a los orígenes de la institución de la expropiación. Hoy quisiéramos aterrizar el concepto y abordar el cuerpo normativo que ha sido “la” norma, desde fines de la década de los 70, en Chile.

Felipe Molina Saavedra

La regulación expropiatoria chilena, sin embargo, antecede largamente al actual Decreto Ley N.º 2.186. Ya en 1838 se había establecido un procedimiento general de expropiación por causa de utilidad pública, al que posteriormente se sumaron normas especiales destinadas a facilitar la ejecución de obras públicas, particularmente la construcción de ferrocarriles, como la ley de 18 de junio de 1857. A comienzos del siglo XX, el Código de Procedimiento Civil, aprobado en 1902 y vigente desde 1903, incorporó un procedimiento de «expropiación por causa de utilidad pública», que regulaba aspectos como la determinación del justiprecio, la indemnización, la entrega de los bienes y los derechos de terceros.

En este contexto de sucesivas regulaciones y procedimientos especiales, en 1978 se dictó el Decreto Ley N.º 2.186, que estableció un procedimiento único y orgánico aplicable a las expropiaciones por causa de utilidad pública o de interés social o nacional. Sus considerandos dan cuenta del propósito declarado de armonizar los intereses del Estado, que requería de un procedimiento ágil para ejecutar obras de interés general, con la protección de los derechos del propietario y de terceros afectados por la expropiación.

Esta relación entre el Estado y el particular no se desarrolla, por cierto, entre sujetos dotados de las mismas potestades. Como explica Juan Carlos Ferrada Bórquez en Las potestades y privilegios de la Administración Pública en el régimen administrativo chileno (2007), el Derecho Administrativo reconoce a los órganos del Estado poderes y prerrogativas especiales orientados a la satisfacción del interés público. Esa posición jurídica diferenciada encuentra, a su vez, un contrapeso en los derechos de las personas y en los mecanismos destinados a controlar el ejercicio de dichas potestades.

El equilibrio cobra especial importancia cuando la actuación administrativa debe ser revisada judicialmente. El propio Ferrada sostiene que las potestades de la Administración requieren mecanismos efectivos de control y garantía de los derechos de los ciudadanos, atribuyendo a los procedimientos judiciales una función central para balancear esas prerrogativas. Desde esa perspectiva, las reglas procesales que ordenan la controversia entre expropiante y expropiado adquieren una relevancia que va bastante más allá de una cuestión meramente formal.

Nuestro desvencijado D.L. N°2.186 de 1978 sí requiere ciertas modificaciones de manera de reforzar los contrapesos establecidos para morigerar la asimetría de poder existente entre expropiante y expropiado.

Algunas de las modificaciones normativas más urgentes serían establecer un plazo diferenciado para que el expropiante reclame en contra del monto de la indemnización provisional, toda vez que, tal como se encuentra redactado el actual artículo 12 del DL, el expropiante es capaz de ampliar artificialmente su plazo de reclamación, el que además depende del avance que el mismo hiciere de las actuaciones necesarias para obtener la toma de posesión material del inmueble expropiado, lo que ciertamente significa una grave afectación al principio procesal de igualdad entre las partes.

Otra muestra de estas necesidades, de naturaleza absolutamente práctica, es la indeterminación de la época a la que el expropiado debe acreditar estar al día en el pago de las contribuciones, lo que es relevante sobre todo en jurisdicciones de la Región Metropolitana, cuyos tiempos de tramitación son más extensos que otras regiones del país.

El problema radica en casos de expropiaciones totales, en que, dado el amplio espacio interpretativo que la norma otorga a los tribunales, puede muy fácilmente caerse en el absurdo de que el expropiado totalmente respecto de un bien deba acreditar el cumplimiento de dicha carga incluso habiendo perdido el dominio del bien hace bastante tiempo.

En definitiva, si bien nuestro DL. N°2.186 de 1978 no es perfecto, hasta ahora funciona con sus claroscuros. Sin embargo, pronto será necesaria una evolución normativa a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de los ciudadanos.

 
Felipe Molina es abogado de la Universidad Austral de Chile y socio de Expropiados.

 
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