Las consecuencias de no implementar la reforma procesal civil en Chile

Felipe Riffo y Sofía Martin

Chile deja de percibir entre US$814 millones y US$2.118 millones anuales debido a las deficiencias de su sistema judicial civil, según un estudio presentado por CLAPES UC. La investigación estima que, de concretarse la reforma procesal civil, el país podría incrementar su PIB anual entre un 0,29% y un 0,75%.

El análisis utilizó un modelo estadístico basado en información de 180 países entre 2005 y 2020: sus resultados muestran una asociación entre la calidad de los sistemas judiciales y los niveles de desarrollo económico de las naciones.

De acuerdo con el estudio, un aumento de 1 punto en el indicador de calidad judicial podría elevar el PIB entre un 0,62% y un 1,05%. Asimismo, mejorar en 1 punto el cumplimiento de contratos se asocia con un incremento de entre un 0,34% y un 0,44%, mientras que reducir en 1 día el tiempo de ejecución de sentencias podría generar un alza de entre un 0,03% y un 0,04%.

La investigación fue presentada originalmente en el mes de mayo de este año, en la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. En la actividad expusieron el ministro de Justicia, Fernando Rabat; Felipe Larraín, director de CLAPES UC; Leonardo Hernández, director alterno de la institución; y Nicolás Frías, subdirector del Programa de Reformas a la Justicia UC y presidente de la comisión asesora del gobierno para la reforma procesal civil.

Entre otras cosas, el Ministro de Justicia dijo que “no cabe ninguna duda que el sistema judicial requiere de reformas relevantes si queremos responder a las exigencias actuales de la ciudadanía, que por cierto son distintas a las de 1903”, año en que entró en vigencia el actual Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el exministro de Hacienda y director de CLAPES UC, Felipe Larraín, explicó que la implementación de un sistema moderno tendría un costo cercano a los US$90 millones anuales, una vez que alcance su régimen de funcionamiento. Para esta estimación se consideraron antecedentes del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Es decir, entre US$800 millones y US$2.000 millones en beneficios potenciales versus US$90 millones en costos anuales. “Es una inversión extraordinariamente rentable. Desde cualquier perspectiva económica, la reforma no solo es necesaria. Es altamente rentable para Chile”, afirmó.

Los datos hoy

Según los datos del Poder Judicial expuestos por Nicolás Frías, durante 2025 ingresaron 960.683 causas civiles, de las cuales el 75% correspondió a juicios ejecutivos. En ese mismo período concluyeron 531.752 procesos de esta naturaleza, pero sólo el 15,49% terminó mediante sentencia definitiva.

Por otra parte, el informe señala que, de acuerdo con el indicador Doing Business, resolver una disputa comercial en Chile demora, en promedio, 519 días. Esta cifra supera los registros de México (341 días) y Perú (478 días), y resulta concordante con los tiempos de tramitación de las causas civiles registrados en 2025. A ello se suma que el país ocupa el puesto 77 en costos judiciales, como porcentaje del monto demandado, y el lugar 60 en calidad del sistema judicial civil.

En este contexto, Hernández afirmó que “la reforma procesal civil mejoraría la eficiencia o calidad del sistema judicial en Chile, haciendo los procesos más rápidos y efectivos, entregando mayor certeza jurídica y mejorando el acceso a la justicia de las personas”.

Estos antecedentes también fueron abordados en el panel “Reforma procesal civil: la necesidad y urgencia de un sistema moderno”, realizado durante el IV Encuentro Anual del Colegio de Abogados, el 22 de octubre. A la instancia también acudió Leonardo Hernández, quien presentó una comparación basada en datos de 2024 sobre países que han implementado reformas a sus sistemas de justicia civil, entre ellos, Brasil, Colombia, Costa Rica y Portugal.

Al respecto, planteó: “Si Chile hace la reforma y sube en puntaje, lo mismo que subieron los otros países al hacer sus reformas, nuestro PIB total por año subiría entre 214 millones y 2.118 millones de dólares al año. O sea, el PIB aumentaría entre 200 y 2.000 millones de dólares anualmente”.

Trabajando de más

Las deficiencias en el funcionamiento de la justicia civil también repercuten en la labor cotidiana de los jueces.

¿Qué tan sobrecargados están los juzgados civiles de Chile? En una primera aproximación, las estadísticas reportadas por el Poder Judicial muestran que, después de la pandemia, los ingresos de causas han disminuido. Sin embargo, si esta tendencia se mantiene, ¿por qué los jueces civiles perciben una mayor sobrecarga laboral?

“Yo venía sintiendo hace unos dos o tres años que ese número que bajaba no decía relación con mi calidad de vida ni con la cantidad de horas que yo dedico a trabajar. Entonces, empezamos a mirar con algunos apoyos de gente que hace gestión de dónde venía esta información. Descubrimos que, antiguamente, se ingresaba una cantidad determinada de juicios, de los cuales un 30% se llamaban masivos y se iban al archivo y eran para cumplir con una exigencia del SII y nos quedaba vigente un 70%”, explicó Rocío Pérez Gamboa, abogada de la Universidad de Chile, juez del 17º Juzgado Civil de Santiago y presidenta del Comité de Jueces Civiles de Santiago.

Para la magistrada, quien participó en el panel sobre Reforma procesal civil en el Encuentro Anual de Abogados, el aumento de la carga de trabajo, pese a la disminución de los ingresos, se relaciona con los cambios en los criterios de archivo de causas implementados después de la pandemia de Covid-19. Desde entonces, sólo entre un 7% y un 10% de los casos pasan a archivo: “El ingreso va a la baja, pero el inventario de causas en tramitación va al alza y en ese aspecto tenemos un aumento de un 38% de causas en tramitación”.

Por otra parte, Pérez Gamboa señaló que, antes de la digitalización, los juicios se contabilizaban y evaluaban a partir de sus expedientes físicos: “Uno veía físicamente el expediente y determinaba qué tan complejo o no era el caso según el alto que tenía el escrito o las fojas. Ahora, virtualmente, son muy difíciles de medir, entonces pasa a invisibilizar mucho la complejidad del asunto porque tú no lo ves”.

La juez también destacó un aumento cercano al 45% en el indicador de escritos por expediente. A su juicio, este fenómeno está relacionado con los cambios en la forma de presentar documentos ante los tribunales tras la implementación de herramientas digitales. Antes, los abogados debían trasladarse hasta el centro de Santiago para ingresar sus escritos, por lo que tendían a concentrar sus solicitudes y antecedentes en una sola presentación. Actualmente, pueden realizar este trámite de manera remota y en distintos momentos.

“Ahora, como está en la comodidad de su casa 24/7, presenta el escrito y lo manda, pero después se da cuenta de que se le quedó un documento afuera o que le faltó pedir una prueba, entonces hace otros escritos extras en su computador y el escrito único se transforma ahora en 10. Eso genera una sobrecarga que pareciera invisible, pero que actualmente indica que cada tribunal procesa diariamente una media de 550 resoluciones por día”.

Rocío Pérez indicó también que se registran entre 18.000 y 19.000 ingresos y alrededor de 140.000 escritos anuales, lo que equivale a un promedio de 580 escritos diarios. Según explicó, este volumen de presentaciones exige contar con una dotación suficiente de funcionarios para preparar los proyectos de resolución correspondientes.

Ineficiencias jurídicas⁣

En su labor como juez civil, Rocío Pérez Gamboa añadió que debe conocer todas aquellas materias que no corresponden a los ámbitos de familia, laboral o penal, lo que implica que, incluso después de más de una década en el cargo, deba enfrentarse a procedimientos que no forman parte de su experiencia habitual.

Al respecto, relató: “Hace poco me tocó una petición de aplicar una sanción ética a un psicólogo por un informe emitido en un tribunal de familia. Y resulta que no soy competente, porque no tiene estatuto el Colegio de Psicólogos de Chile y, a falta de estatuto, le toca un juez civil”.

La magistrada sostuvo que la reforma a la justicia civil representa un desafío de gran magnitud, que no se limita a las materias contractuales y extracontractuales, sino que también involucra aspectos intelectuales y procesales. En ese sentido, advirtió que existen numerosos procedimientos actualmente en curso que deberán compatibilizarse con la dinámica del nuevo sistema.

Pérez Gamboa también se refirió a las dinámicas al interior de los tribunales y a las dificultades administrativas para gestionar sus dotaciones: “La sobrecarga de trabajo, por supuesto, impacta a los equipos de trabajo; algunos tribunales que están bien identificados por la institución y por mi rol en el comité de jueces tienen graves problemas de equipo y tenemos algunas rigideces en el sistema que nos impiden hacer muchas modificaciones internas”.

Al profundizar en este punto, explicó que, debido al régimen de empleo público, la desvinculación de funcionarios por bajo desempeño requiere la realización de un sumario administrativo, procedimiento que considera extremadamente complejo. A esto se suma la imposibilidad de contratar personal a prueba, lo que dificulta evaluar previamente su idoneidad: “Si tuviste mal ojo para elegir, no hay cómo resolverlo”, dijo.

951 días

Por su parte, Nicolás Frías, presidente de la comisión asesora para la reforma procesal civil, durante el encuentro de octubre expuso antecedentes sobre la duración de los procedimientos judiciales. Según indicó, un juicio ordinario demora, en promedio, 570 días en primera instancia a nivel nacional. En el caso de los juicios civiles indemnizatorios, el plazo aumenta a 951 días, en comparación con los 123 días de los procedimientos de familia y los 304 días de los laborales.

Frías también presentó cifras sobre la capacidad del sistema judicial para resolver los conflictos que llegan a su conocimiento. “Concerniente a aquellos casos en los cuales el resultado que produce el sistema judicial es un resultado que resuelve el problema, adjudicando el Derecho, declarando, produciendo un acuerdo o no. En materia de familia, la eficacia llega al orden del 69,4% en procedimientos que terminan con sentencias definitivas, y con mediación y con conciliación suman 80%. En materia civil, sumando sentencias definitivas más avenimientos, más pagos, llega al 37% y sólo sentencia definitiva es cercano al 7%”, mostró.

El académico agregó que, según el Latinobarómetro 2024, un 28% de las personas encuestadas en América Latina declara tener mucha o alguna confianza en el Poder Judicial. En Chile, en tanto, esa cifra alcanza el 18%, por debajo del promedio de los países de la OCDE, que llega al 50%. Asimismo, mencionó otro estudio según el cual el 68% de las personas en ese país considera que la justicia funciona únicamente para los sectores de mayores ingresos.

“Chile tiene una muy mala percepción de los tribunales; tres de cuatro personas declaran tener dificultades o problemas jurídicos en los últimos dos años, de los cuales únicamente un 7% los canaliza judicialmente. Eso es un dato levantado en 2021 que profundiza y empeora los datos que ya venían en 2015, que decían que era del orden del 44% de las personas que tienen necesidad jurídica y tienen un conducto de acción”, comentó.

Finalmente, Frías hizo referencia a los resultados del World Justice Project en materia de acceso a la justicia y resolución de conflictos: Chile ocupa el puesto 129 entre 143 países en el indicador relativo a las personas que no recurren a la autotutela para reparar agravios personales, una posición inferior a la de Camerún y cercana a la de Venezuela.

Obstáculos y soluciones

Durante el Encuentro Anual del Colegio de Abogados de Chile, Renée Rivero Hurtado, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y profesora titular de derecho procesal de la Universidad de Chile, abordó los diversos obstáculos que han dificultado la modificación o sustitución del Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1903 y cuyo primer intento de reforma se remonta a 2004.

La académica advirtió que la iniciativa no ha sido postergada por falta de interés ni por falta de respaldo académico o técnico. Entre 2004 y 2016, el Ministerio de Justicia licitó al menos 30 estudios y destinó más de $700 millones al análisis de distintos aspectos relacionados con el diseño y la implementación de una nueva normativa.

A juicio de Rivero, las principales dificultades responden a factores económicos y a la forma en que funciona el sistema político chileno. Explicó que, después de la reforma procesal penal, el Estado optó por avanzar mediante modificaciones parciales a la justicia especializada, en lugar de abordar el sistema judicial de manera integral. Esto habría contribuido a su fragmentación, a través de la creación de tribunales especializados.

Otro factor que identificó fue la reducción del período presidencial de seis a cuatro años. Al respecto, sostuvo: “Yo creo que desde ese momento las políticas públicas de este país empezaron a decaer en calidad y, desde luego, una reforma tan grande como la justicia civil es muy difícil poder diseñarla, aprobarla y sacarla en 4 años. Acá tenemos una limitante, ya que tenemos 4 años, de los cuales quizás solo dos son efectivos para llevar a cabo el proceso”.

Frente a este escenario, la académica planteó que una reforma de esta magnitud debe contar con mecanismos que permitan darle continuidad, independientemente de los cambios de gobierno: “Se puede implementar en 2, 3, 4 u 8 años, lo que el país pueda en un momento determinado; la cuestión es no paralizar la tramitación”.

En esa línea, propuso crear una comisión permanente, con presupuesto propio, que permita resguardar el proceso frente a los cambios políticos. Asimismo, citó un estudio de rentabilidad social del Ministerio de Justicia de 2018, según el cual la reforma sería socialmente rentable en cualquier escenario y podría financiarse con la recuperación de entre un 3% y un 4% de los montos demandados en juicios ejecutivos.

Rivero también sugirió avanzar en la aprobación del nuevo Código Procesal Civil mediante la presentación de informes de costos y un diseño que pueda ser informado progresivamente al Parlamento. A esto sumó la posibilidad de modificar la Constitución para extender el plazo de implementación gradual más allá de los cuatro años que dura un período presidencial.

“Yo creo que con eso y creando una comisión permanente que vaya más allá de los gobiernos de turno, de los ministros que tengan intención de impulsar, que, como ocurrió con el Código Penal, pueda llevar a cabo esta iniciativa pública hasta el final, más allá de lo que pueda pasar hoy”, concluyó.

 
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