Proceso constituyente y el Estado de Derecho

Chile está inserto en un proceso constitucional, un hecho de gran relevancia para el país, por la importancia que tiene la Constitución como límite al poder, el resguardo de los derechos de las personas y, en definitiva, la protección del Estado de Derecho.

José Luis Lara

En toda sociedad democrática, el Estado de Derecho y la Carta Magna comparten un vínculo inseparable, dependiendo el uno del otro para la preservación de la justicia, la estabilidad y la protección de los derechos individuales. El Estado de Derecho, como fundamento de la gobernanza, encuentra su encarnación y expresión en la Constitución Política, que reconoce las normas y principios que guían el funcionamiento de una nación. Juntos, estos dos pilares forman la columna vertebral de una sociedad justa y equitativa.

El Estado de Derecho, en su esencia, exige que todos los individuos, incluidos los que ocupan puestos de poder, estén sujetos a la ley y reciban el mismo trato ante ella. Garantiza que nadie esté por encima del Derecho y que prevalezcan los principios de equidad y justicia. La Constitución Política, por otra parte, sirve como ley suprema del país, estableciendo el marco para el ejercicio de los poderes gubernamentales, la protección de los derechos individuales y la estructura general de gobierno.

En este contexto, es importante resaltar qué pieza fundamental de un Estado de Derecho fuerte son los abogados, ya que recae en sus hombros la responsabilidad de representar a las personas ante la justicia. Por ello, el Colegio que nos congrega tiene un rol fundamental en este proceso, participando activamente del diálogo para asegurar que la nueva Carta Magna proteja el Estado de Derecho, al mismo tiempo que asegure un estándar ético de todas las profesiones, incluyendo, por cierto, los profesionales del Derecho.

La Constitución debe garantizar la independencia del Poder Judicial, permitiéndole interpretar las leyes y anular cualquier acción que viole los principios constitucionales. Mediante este sistema de rendición de cuentas, la Constitución protege contra el abuso de poder y fomenta la confianza pública en las instituciones de gobierno. He allí, por lo tanto, la importancia de que el Colegio de Abogados tenga un rol preponderante en este proceso constitucional.

Ya pasamos por un primer proceso fallido y tenemos que tomar algunas lecciones. La más importante, es la relevancia que tiene el diálogo. Ante una misión tan fundamental, como lo es impulsar una nueva Constitución, no podemos actuar divididos. Los representantes de las diferentes fuerzas políticas, el sector privado, la academia y la sociedad en su conjunto deben caminar en conjunto hacia este importante objetivo.

El Colegio de Abogados, como pilar de un Derecho de calidad, tiene la gran oportunidad de liderar este proceso, consensuando mínimos comunes que congreguen en orden a resguardar lo que es propio, la defensa férrea de nuestro Estado de Derecho en el texto Constitucional.

 
* José Luis Lara Arroyo es profesor de derecho administrativo de la Universidad Católica de Chile. Es socio de PPU, especialista en materias de derecho público, administrativo y constitucional, contratación pública y litigios complejos. Actualmente es candidato a consejero del Colegio de Abogados por la lista Nuestro Gremio.

 
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