Precariedad laboral y papel mojado

Especialistas critican la nueva ley chilena

Felipe Riffo

El teletrabajo ha sido esencial durante las distintas etapas de la crisis producto del Covid-19. Uno de los atributos más relevantes, según expertos, es la flexibilidad laboral.

El tema ha cobrado cada vez mayor importancia desde un punto de vista jurídico, tanto por su uso práctico como por la regulación. En Chile, por ejemplo, el 23 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre teletrabajo tras pasar por el Senado , norma que iniciará su vigencia el miércoles 1 de abril.

Pero ya han surgido críticas respecto de esta ley y también del modelo de trabajo a distancia en sí mismo: la posibilidad de abuso por parte del empleador al otorgar menos descanso y el no pago de horas extras son algunos de los argumentos.

Rodrigo Palomo Vélez

Rodrigo Palomo Vélez, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y director del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (CENTRASS) de la Universidad de Talca, tiene una opinión dentro de esa línea.

La flexibilidad laboral otorgada por el teletrabajo necesita un acuerdo mutuo entre las partes, lo que resultaría problemático en países como Chile, en los cuales “la igualdad entre trabajador y empleador no existe en la mayoría de los casos, por lo que transforma en una imposición a los trabajadores sin resguardo de sus derechos laborales”.

Al evaluar la norma chilena, Palomo dice que, dada esta desigualdad en el ambiente laboral, la normativa dejaría desregulada las jornadas de los trabajadores, haciendo que se vean obligados “a trabajar más horas de las habituales y sin posibilidad de recibir el pago de horas extraordinarias». «Abrir esa puerta a la flexibilidad en Chile es abrir la puerta a la precariedad laboral”, afirma.

Desconexión infiscalizable

En los medios se ha destacado que la ley da derecho al trabajador a “desconectarse” por 12 horas, período en que su empleador no podrá pedirle tareas e información concerniente al trabajo.

José Luis Ugarte

José Luis Ugarte, doctor por la Universidad de Salamanca y profesor de derecho del trabajo en la Universidad Diego Portales, ubicó ciertos problemas con el derecho a la desconexión dentro de la nueva ley.

El primero de ellos consiste en que no se determinó en que día tales 12 horas deben ser aplicadas, y si es que se cumpliese, ya que la desconexión no sería factible posible de fiscalizar, de acuerdo al académico entrevistado. «¿Cómo la Dirección del Trabajo va a fiscalizar a la casa del trabajador? Es infiscalizable”, dijo Ugarte.

Palomo concuerda y afirma que cuando hay derechos que no pueden fiscalizarse, no terminan teniendo una aplicación práctica: «Si bien el derecho a la desconexión era bueno en el papel, muy posiblemente termine siendo papel mojado”.

Ugarte añade que la normativa anterior ya regulaba el cambio de lugar de trabajo desde la empresa al domicilio, manteniendo los límites de la jornada laboral, los que se verían amenazados por esta nueva ley: “No era necesario abrir esta opción para que se pueda trabajar sin limitación de jornada”.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Talca señaló que la normativa anterior de todas forma era insuficiente, pero que la nueva ley no soluciona los varios problemas que podrían salir al añadir flexibilidad en el trabajo dado que para el abogado “cuando uno permite flexibilidad laboral, tiene que permitir igualdad de armas entre las dos partes que pactan, ósea que puedan negociar en términos reales y no sea una imposición de uno sobre el otro”.

“En Chile casi no existen sindicatos; la capacidad de que haya un órgano colectivo detrás, que pueda hacer presión para que exista esa simetría, tampoco está en la mayoría de los casos de los trabajadores chilenos”, finalizó Rodrigo Palomo.

Análisis como los hechos por ambos académicos contrastan con críticas que son emitidas desde el ángulo de la creación de empleos y el incentivo a esta figura de contratación. Aquí te dejamos un ejemplo: Una regulación rigidizadora (parte 1).

 
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