Poder Judicial peruano desactiva Sala Transitoria de la Corte Suprema

La presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de Perú (CEPJ) resolvió desactivar, a partir del 1 de febrero de 2021, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la que había sido creada recién en noviembre del año pasado.

La Resolución Administrativa Nº 000009-2021-P-CE-PJ, dictada con fecha 29 de enero y publicada el sábado 6 de febrero, informa que el Poder Judicial peruano no cuenta con fondos este año, por lo que no puede asegurar que la instancia funcione de la manera que corresponde.

“Es menester señalar que el Poder Judicial no cuenta con la disponibilidad presupuestal para el año 2021, al no haberse asignado los recursos solicitados, a fin de garantizar el adecuado abastecimiento de recursos humanos y logísticos necesarios para el funcionamiento de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. En ese sentido, corresponde dictar las medidas pertinentes”, señaló la institución en un comunicado.

¿Cuál era su objetivo?

De acuerdo a la información oficial, la medida tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial había sido adoptada debido a que los procesos tributarios, contencioso administrativos y organismos reguladores son de competencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, con lo cual su carga de trabajo se había visto incrementada.

Estaba previsto que la Sala sólo tendría una duración de 3 meses y que el inicio de sus actividades sería el 1 de diciembre de 2020, pero se postergó su funcionamiento para el 15 del mismo mes, para luego prorrogar la entrada en vigencia para el 4 de enero de 2021, lo que no llegó a materializarse.

La Resolución Administrativa N° 000322-2020-CE-PJ del 23 de noviembre de 2020 sostenía que la sobrecarga justificaba la decisión de crear esta sala para “de esa forma coadyuvar a que dicha problemática encuentre los canales de solución adecuados para hacer más célere, eficiente y eficaz el servicio de impartición de justicia”.

Según lo informado en la resolución, se desactivará el funcionamiento y todo lo referido a ello, a partir del 1 de febrero del año en curso.

 
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