Migrantes y la responsabilidad de la abogacía

Pamela Rillón Oportus

Analizar el fenómeno de la migración en Chile es tan complejo que puede no lograr reflejar la realidad de los migrantes. Por ejemplo, enseñar castellano a palestinos y sirios en la ONG Amal o a haitianos en la Fundación Fré, en el Barrio Yungay, y ser testigo de sus progresos es de una retribución personal impagable. Pero esa alegría se ve empañada al conocer lo difícil que es su inserción social y los abusos que tienen que experimentar, como hacinamiento, racismo, discriminación, cobros excesivos en los arriendos de viviendas, explotación laboral o trabas para encontrar lo que más desean; tal como lo expresa el director ejecutivo de la Fundación Frè, José María del Pino, “lo primero que aprende un haitiano cuando llega a Chile, no es hola, sino la palabra trabajo”.

Según la normativa internacional, la migración tiene un rango que lo incluye dentro de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas. También están protegidos en la ley de migraciones chilena de 1975 y en el actual Proyecto de Ley de 2017. De este modo, el libre tránsito en búsqueda de oportunidades en otro país, no debe ser mirado como la posibilidad de transformar a las personas en mano de obra barata, sino como una instancia para acogerlos y sumarlos a una nueva cultura, con toda la riqueza que ellos aportan.

Los flujos migratorios no se van a detener, por lo que no solo se requiere enfrentar el fenómeno desde una legislación moderna, sino además encararlo con la contribución del sector público, del sector privado y de la sociedad civil.

Si ponemos el foco en la protección jurídica de los migrantes ¿tiene la abogacía una obligación o responsabilidad ética de ofrecer asistencia a estas personas? ¿Debería formar parte de la vocación profesional la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional para garantizar la dignidad de los migrantes?

Qué dicen los especialistas

Carolina Contreras, directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, cree que existe un deber ético de la profesión, porque los abogados están en una situación mejorada frente al sistema. Y además, están llamados a hacer justicia frente a la posición de vulnerabilidad de los migrantes, especialmente los niños y los que no hablan el idioma. “Los abogados podemos cambiar la situación de una persona en forma radical, y nosotros como fundación apelamos a los abogados a que aprovechen su expertise y aporten desde el tecnicismo de la ley”.

Esta profesional sostiene, sin embargo, que respecto de la migración hay que mejorar las políticas porque este tema no se agota en el abogado ni en la ley. Para ella, se trata de una cadena que requiere cambios estructurales en extranjería, el registro civil y todo servicio público que reciba al migrante. “Y en esta cadena de apoyo, el abogado tiene la gran oportunidad de reencontrarse con las razones sociales por las que eligió esta profesión”.

Por su parte, Francisca Vargas, profesora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, afirma que la responsabilidad de la abogacía no sólo implica adquirir las nociones básicas de la protección jurídica del migrante, sino que también debe incluir conversaciones con otras áreas del conocimiento. “Lamentablemente, en ocasiones la persona requiere de un trato especial por estar pasando por una situación de miedo o stress post traumático”, afirma, y añade que representa un desafío de los actuales tiempos el capacitar a los abogados en temas de habilidades blandas y trato a las personas.

Para ella, además, se debería ampliar la malla curricular en las escuelas de Derecho para que se enseñe derecho internacional de los refugiados, o que existan capacitaciones o cursos de actualización para abogados sobre la materia: “Lo anterior no sólo ayudaría a tener un interés general, sino también a que más personas se dediquen a este área”.

Tomás Greene, asociado en el estudio Garnham, sostiene que debido a su desesperación y su falta de redes e información, los migrantes se encuentran expuestos a diferentes abusos. Cuenta que, por ejemplo, en las inmediaciones de la oficinas de extranjería existen locales que cobran $60.000 (más de US$90) por ayudarles a llenar un formulario para la reconsideración de una solicitud de visa.

Greene considera que este tipo de prácticas se podría combatir si existiera mayor cantidad de personas dispuestas a ofrecer información o prestar servicios tan simples que contribuyen en forma eficaz y concreta al desarrollo de sus proyectos de vida.

Nicolás Torrealba, ex jefe Extranjería del Ministerio del Interior, coincide en que la inserción laboral es prioritaria y que los estudios de abogados podrían aportar con asesoría en contratos de trabajos y permisos que se necesitan para abrir un pequeño negocio. También cree que sería una gran oportunidad para todos aquellos abogados que tienen una especial sensibilidad en el tema -como por ejemplo, quienes son nietos o bisnietos de sirios- el orientar a los que igual que sus antepasados vinieron a Chile a cumplir un sueño.