Estudiar un doctorado en derecho en tiempos de IA

Cada cierto tiempo alguien me pregunta si tiene sentido dedicar cuatro o cinco años a un doctorado en Derecho. Y esto hoy se ha reforzado cuando una herramienta de inteligencia artificial redacta un contrato en segundos, resume un expediente o propone argumentos con apariencia de solvencia.

Pablo Contreras

Conviene partir de lo que la IA hace bien. Por ejemplo, un modelo enorme de lenguaje reproduce con eficiencia los patrones de información, la ordena, completa formularios, adapta modelos y devuelve textos plausibles a partir de lo que ya existe. Buena parte del trabajo jurídico rutinario consiste precisamente en eso y no hay que sacarse la suerte entre gitanos. Por lo tanto, es razonable esperar que esas tareas se automaticen. Quien construyó su valor profesional sobre la capacidad de repetir, cortar y pegar tiene motivos para preocuparse, porque esa parte del oficio ya no distingue a nadie.

Pero obviamente el derecho no es solo eso. Es una práctica argumentativa que decide sobre conflictos reales entre personas, con consecuencias sobre su libertad, su vida y sus bienes. Exige distinguir lo que una norma dice de lo que debería decir, identificar cuándo dos reglas colisionan y con qué criterio se resuelve, advertir cuándo un precedente es pertinente y cuándo solo lo parece.

Exige, sobre todo, saber cuándo una respuesta plausible es incorrecta y en eso, los contextos importan, sobre todo los contextos sociales locales, nacionales, regionales y globales. Por eso, esto va más allá de la pesquisa de alucinaciones y de que un modelo de lenguaje no sabe que no sabe, aunque persuasivamente produce una cita inventada. Detectar errores es ahora un “desde” profesional.

Un doctorado en derecho, en todo caso, busca formar un investigador apto para no doctrinar, sino para interrogarla y reconstruirla. Obliga a formular una pregunta por los fundamentos del derecho en sí, algunas que no han sido respondidas y otras que requieren una nueva vuelta de tuerca. Busca reconocer los límites del propio argumento y a distinguir lo que se sabe de lo que se supone. Supone leer con desconfianza, rastrear el origen de una idea y comprobar que una fuente existe y dice lo que se afirma. Chequear citas fue parte de lo que uno aprendió, precisamente, cuando cursó un doctorado. Esa disciplina intelectual es lo contrario de la producción automática de texto. Es lenta, es incómoda y por eso mismo es difícil de sustituir.

Hay una segunda razón, menos evidente. La IA no es solo una herramienta que usan los abogados. Es también objeto de regulación. Los sistemas automatizados deciden sobre créditos, seguros, contrataciones y acceso a servicios públicos.

Alguien tiene que pensar qué reglas los gobiernan, qué significa explicar una decisión algorítmica, cómo se distribuye la responsabilidad cuando un sistema falla y qué límites impone la Constitución al tratamiento masivo de datos. Ese trabajo no lo puede hacer la misma tecnología que se pretende regular. Requiere juristas capaces de pensar el derecho desde sus fundamentos y no desde sus formularios, y el doctorado es el espacio donde esas preguntas se investigan con rigor y tiempo.

Por último, el doctorado forma a quienes van a formar. Las facultades de derecho necesitan profesores que puedan enseñar a la próxima generación a usar estas herramientas con criterio, a verificar lo que producen y a entender que la firma al pie de un escrito sigue siendo personal e indelegable.

No voy a decirles que “la pregunta relevante no es si vale la pena estudiar un doctorado, sino que…”, como podría sugerir cualquier IA. Solo voy a reforzar que varios de los riesgos y desafíos que presenta hoy la tecnología demandan doctores y doctoras en derecho que piensen la disciplina, puedan criticarla y habiliten a los abogados y abogadas del futuro.

Pablo Contreras es director del Doctorado en Derecho de la Universidad Central de Chile.

 
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