Los beneficios del financiamiento de litigios por terceros para abogados

Emma Fischer

El financiamiento de litigios por terceros (TPF, por sus siglas en inglés) es un modelo que ofrece diversos beneficios para diferentes actores: demandantes, abogados, peritos, entre otros. Si bien suele considerarse como un beneficio directo para el demandante, que busca transferirle a un tercero el riesgo de litigar, lo cierto es que su impacto tiene un alcance mayor. Por ello, vale la pena entrar en detalle y explorar cuáles son las ventajas que esta herramienta le otorga a uno de sus usuarios principales: los abogados.

Para comenzar, el financiamiento de litigios es un modelo por el cual una parte demandante recibe fondos para poder llevar adelante su litigio. Esto puede comprender los honorarios de abogados, jueces, árbitros y peritos, gastos notariales, entre otros. Si se gana el juicio, el fondo de litigación se queda con una parte de lo obtenido; por el contrario, si se pierde, el fondo no se lleva nada.

Dentro de este esquema, el abogado que lleva adelante el litigio es uno de los principales beneficiados. En primera instancia, le permite asegurar el pago de sus honorarios, ganando mayor liquidez y predictibilidad para el estudio o para su práctica independiente. En efecto, el riesgo de no pago se esfuma. Lo cual también significa que tiene una mayor capacidad para aceptar a nuevos clientes y para retener a los existentes.

Además, las modalidades de portfolio funding (donde se financian múltiples casos a la vez) y law firm funding (donde se financian directamente estudios de abogados), permiten darle mayor liquidez a la firma, impulsan su crecimiento y abren la puerta para asumir casos más complejos.

Por otro lado, el propio caso en cuestión deja de estar sujeto a las barreras financieras previas. Por ende, el equipo jurídico puede contar con una mejor ofensiva a través de medios de prueba que quizás antes no estaban a su alcance, tales como peritajes de expertos o visitas en terreno. Esto se traduce en un litigio mejor preparado y con mayores probabilidades de éxito.

Asimismo, en relación con los méritos del caso, obtener financiamiento resulta altamente ventajoso. Los fondos se constituyen como verdaderos terceros imparciales, ya que deben realizar un due diligence riguroso antes de comprometer capital. Superar este análisis otorga un respaldo técnico cualificado, una suerte de validación externa sobre la solidez del reclamo.

Esto fortalece sustancialmente la posición de negociación del demandante, puesto que sustenta su postura y permite que la negociación se realice desde un plano de mayor paridad. Si las tratativas se rompen, el demandante cuenta con los fondos para seguir adelante sin la presión económica de aceptar una oferta menor a la esperada.

En cuanto a la firma como prestadora de servicios profesionales, incorporar este conocimiento estratégico para ofrecerle al cliente la posibilidad de optar por un acercamiento a fondos de litigación constituye una forma simple y directa de darle valor agregado a sus servicios, distinguiéndola frente a la competencia. A esto se suma un beneficio adicional: el financiamiento no figura en el balance del estudio ni del cliente como una deuda, ya que el reintegro está condicionado al resultado del caso.

Para concluir, los fondos de litigación ofrecen una variada gama de ventajas para distintos actores dentro del ecosistema jurídico. Así, para los abogados no solamente se ve fortalecido el litigio en cuestión, sino que también su ejercicio profesional. El financiamiento les permite operar desde un plano en el cual el capital deja de ser un impedimento, tanto para la pretensión como para el estudio, y se convierte en un aliado estratégico para el desarrollo de la práctica legal.

 
Emma Fischer es directora de estrategia del Fondo de Litigación Hakamana.
 
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