El fondo de litigación como herramienta de gestión presupuestaria del litigio

¿Puede el demandante saber antes de iniciar un juicio cuánto va a costar? Normalmente, la respuesta es que no. Predecir los honorarios de un perito experto en construcción o estimar las horas que requerirá un litigio complejo es un desafío constante para cualquier equipo legal interno o dirección de finanzas. En el ámbito de las disputas a gran escala, la incertidumbre financiera suele ser la regla y no la excepción. Sin embargo, tener cierta visibilidad de estos números es fundamental para la planificación financiera estratégica, el resguardo de los flujos de caja y la viabilidad comercial de cualquier compañía en el largo plazo.

Emma Fischer

Es precisamente aquí donde entra en juego el financiamiento de litigios o Third-Party Funding (TPF), no solo como una fuente alternativa de liquidez, sino como una herramienta de finanzas corporativas y gestión de riesgos que permite una mayor predictibilidad en la proyección de los flujos y costos asociados a un juicio.

Los fondos de litigación analizan una gran cantidad de casos e industrias al año; ven desde peritajes técnicos de alta complejidad hasta diversas estructuras y modalidades de honorarios y, por ende, poseen un valioso conocimiento de cómo se estructuran estos costos en el mercado internacional y local. Esto permite aportar una mirada integral que ayuda a alinear las expectativas de todas las partes bajo proyecciones realistas. Cuando el fondo aprueba un monto para el financiamiento, busca garantizar un escenario financiero sólido, coherente y equilibrado para el caso, lo que permite mitigar desvíos presupuestarios imprevistos y optimizar los recursos destinados a la resolución de la disputa desde su etapa más temprana.

Al ser el fondo quien asume los costos a su propio riesgo y bajo un modelo estrictamente "sin recurso" (donde solo recupera su inversión si el caso resulta exitoso), su foco está siempre en la eficiencia de cada ítem. Esta experiencia aporta una perspectiva técnica muy útil al momento de planificar el proceso en conjunto con los distintos actores involucrados. Así, el fondo puede impulsar modelos alternativos de facturación que permitan tener una mayor previsibilidad de los gastos. Si el fondo entrega un marco financiero concreto basado en la envergadura del caso, el gasto se vuelve mucho más manejable, transformando un flujo variable y de alto impacto en un ítem planificado dentro del balance corporativo, lo que además facilita la aprobación interna de la disputa por parte de los directorios.

Por otra parte, transferir el costo hundido de peritos, tasas, informes en derecho o retainers al fondo permite cuidar la caja operativa de la empresa y mantener su liquidez para el giro ordinario de sus negocios. Al usar el flujo del fondo para cubrir estos gastos intermedios, se alivia la carga financiera del litigio y se logra una distribución del riesgo mucho más eficiente entre el cliente, el estudio de abogados y el fondo. Así, la estructura financiera del caso se optimiza desde el inicio, evitando que la toma de decisiones estratégicas dentro del juicio se vea presionada o limitada por restricciones presupuestarias temporales de la parte demandante.

En un escenario de financiamiento de litigios, los incentivos entre el demandante, el estudio de abogados y el fondo se encuentran perfectamente alineados. Los tres quieren ganar el litigio y obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible.

Respecto al presupuesto legal, el interés es el mismo: la eficiencia operativa. El TPF ayuda a transformar el litigio en un proyecto corporativo organizado, con hitos claros y menor exposición a imprevistos. En lugar de que toda la carga financiera inicial recaiga sobre los actores principales, el TPF permite cubrir costos hundidos necesarios por adelantado, como los honorarios de peritos especializados e investigadores, garantizando que el caso cuente con las herramientas necesarias para litigar al más alto nivel desde el primer día y pueda llegar hasta el final, sin que esto signifique un castigo en los estados financieros del cliente.

En definitiva, el financiamiento de litigios va mucho más allá de la simple obtención de capital; es una herramienta de gestión financiera y de transferencia de riesgos altamente sofisticada. Al aportar predictibilidad a la planificación y un respaldo institucional al análisis de la disputa, el TPF ayuda a mitigar la incertidumbre financiera inherente a un juicio. Gracias a esto, los fondos de litigación ayudan a que el proceso judicial deje de ser un gasto impredecible y disruptivo, para convertirse en un activo gestionado bajo estándares estrictos de eficiencia y control de riesgos.

 
Emma Fischer es directora de estrategia del fondo de litigación Hakamana.
 
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