Lo que 38.477 escritos en tres días revelan sobre la IA y la justicia chilena

Un abogado ingresó 38.477 escritos en menos de tres días. Entre 500 y 900 por tribunal, en todos los juzgados civiles del país, hasta que el sistema informático del Poder Judicial empezó a tambalear. El comité de jueces civiles lo calificó de “abuso procesal” y pidió a la Corte Suprema medidas duras: restringir su acceso, indagar responsabilidad penal y —lo más llamativo— prohibir el uso de inteligencia artificial para ingresar escritos hasta que exista una política institucional.

Gonzalo Álvarez

Antes de sumarnos a la alarma, conviene mirar el detalle. Los escritos no eran falsos. Eran renuncias de patrocinio y desarchivos, gestiones lícitas de un abogado que dejó de asesorar a varios clientes corporativos y debía regularizar miles de causas. Para no hacerlo una por una, habría recurrido —según lo que él mismo habría señalado, de acuerdo con la prensa— a alguna herramienta de automatización o de IA. El dato aún no está acreditado: la propia Corte Suprema pidió un informe técnico antes de resolver. Pero, si se confirma, lo que tendríamos es a alguien que automatizó una tarea legítima. Y lo que colapsó al sistema no fue el contenido, sino la escala.

Y ahí está el punto que casi nadie está diciendo; este no es el típico caso de “IA que alucina”. Desde Mata contra Avianca en Nueva York hasta las multas recientes en España y Argentina, el mundo ha sancionado abogados por citar sentencias inventadas por ChatGPT. Aquí no hay nada inventado. Hay actos verdaderos, ejecutados a una intensidad que la infraestructura pública no aguanta. Es un problema distinto —y más nuevo— que ninguna de esas jurisdicciones ha resuelto todavía.

El oficio del comité civil pidió, en lo esencial, cinco cosas: mantener la restricción de la IP del abogado; requerirle un informe para indagar eventuales responsabilidades penales; evaluar medidas disciplinarias conforme a las facultades del artículo 530 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales; prohibir el uso de IA para el ingreso de escritos mientras no exista una política institucional; y adoptar medidas técnicas urgentes. Conviene evaluar las medidas por separado, porque no todas resisten el mismo análisis.

La restricción temporal de la IP como medida de urgencia es defendible; ante una saturación en curso, contener el flujo para proteger la continuidad del servicio es proporcionado, siempre que sea transitorio y se otorgue después al afectado el derecho a ser oído. Las medidas técnicas —captcha, límites de velocidad, control del ingreso masivo— son directamente el corazón de la solución, y sorprende que se pidan como reacción y no existieran como diseño.

Las otras dos peticiones son más problemáticas. Invocar la responsabilidad penal es apresurado. ¿Bajo qué tipo? El candidato natural sería la Ley 21.459 sobre delitos informáticos, que sanciona el ataque a la integridad de un sistema informático; pero ese delito exige dolo, la voluntad de obstaculizar o impedir el funcionamiento del sistema. Aquí no hay indicio de esa intención; hay un profesional ejecutando, torpemente, gestiones lícitas. Forzar un tipo penal sobre una conducta sin dolo es, además de dogmáticamente débil, un mal precedente. ¿El verdadero culpable? Un doble vacío.

Chile no tiene ley vigente que regule la IA —solo un proyecto en el Congreso— y el propio Poder Judicial reconoce que no cuenta con una política sobre el uso de sus herramientas tecnológicas. Se digitalizó el proceso en 2015, con la Ley 20.886, y durante una década no se gobernó su dimensión automatizada: sin canal de ingreso masivo, sin límites de velocidad, sin reglas para los robots. El día en que alguien golpeó la puerta con un script, descubrimos que la puerta nunca tuvo cerradura.

Por eso prohibir “la IA” es la respuesta equivocada. Es inejecutable —nadie puede distinguir técnicamente un escrito hecho con IA de uno hecho a mano—, es desproporcionada y roza la libertad de ejercicio profesional. Se estaría combatiendo un cuello de botella técnico con una interdicción tecnológica. Es apagar el incendio prohibiendo los fósforos, cuando el problema real es que el edificio no tenía extintores.

La salida no es prohibir, es gobernar. Tres medidas concretas: primero, una capa técnica —una API de ingreso masivo, límites de velocidad, captcha— para que la eficiencia tenga una vía prevista y el sistema se proteja. Segundo, un estándar procesal claro que defina cuándo el uso intensivo es abuso: no por el volumen en sí, sino por la falta de aviso y coordinación. Tercero, una política institucional de IA anclada en el debido proceso, tomando los principios que ya existen en la Carta Ética de la CEPEJ y el Reglamento Europeo de IA, sin esperar a que el Congreso legisle.

La convicción de fondo es la misma de siempre: los 38.477 escritos en tres días no son la prueba de que un abogado se pasó de listo con la tecnología, ni de que la inteligencia artificial haya venido a romper la justicia. Son la radiografía de un sistema que digitalizó sus formularios, pero no gobernó su uso, y que descubrió el vacío del peor modo posible, en la práctica, bajo presión, sin reglas. La tentación, ahora, será prohibir; sería un error. La historia de la transformación digital del Estado enseña una y otra vez la misma lección: lo que no se gobierna a tiempo, se sufre después. Chile tiene ante sí una ventana para hacer las cosas bien, convertir un colapso en el primer estándar latinoamericano sobre uso automatizado de los canales judiciales.

 
Gonzalo Álvarez Seura es director del Programa de IA & Legaltech de la Universidad Central de Chile.
 
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