Las preocupaciones del Poder Judicial en el proceso constituyente chileno

El pasado miércoles 10 de febrero tuvo lugar un webinar sobre el rol del Poder Judicial chileno ante el debate constitucional que vive dicho país. El evento, organizado por Conversatorio Judicial, contó con la participación de la ex – ministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña y la ministra del máximo tribunal chileno Ángela Vivanco.

Ambas abogadas debatieron sobre las principales temáticas que, a su juicio, debería abordar la próxima Convención Constitucional y que afectan directamente al Poder Judicial, tanto en su rol administrativo como propiamente jurisdiccional.

Por un lado, la profesora Peña puso el acento en el desafío que tendrá el Poder Judicial ante una Constitución que probablemente ampliará su catálogo de derechos sociales: “Creo que esto abre un enorme desafío para los jueces, ya que estos derechos son justiciables”.

Al respecto, la experta constitucionalista también describió una “paradoja” que deberá resolver la nueva Carta Fundamental: “El nuevo texto deberá definir si el juez solamente puede proteger los derechos que están consagrados en la Constitución o incluir en el texto las cláusulas abiertas de derechos, las que permiten a los jueces reconocer otros derechos que son inherentes a la naturaleza humana aún cuando no estén explícitamente descritos en el texto”.

Por su parte, la ministra Ángela Vivanco resaltó que el Poder Judicial debe jugar un rol “asesor” de la Convención Constitucional a través de la sistematización de la jurisprudencia. “Es un trabajo que ya se está haciendo, a través de inteligencia artificial, con el objeto de poner a disposición de los convencionales toda nuestra experiencia jurisprudencial”, afirmó.

Independencia judicial y económica

Uno de los principales tópicos que las ponentes sugirieron mantener en el nuevo texto constitucional está vinculado a la independencia judicial. En relación a ello Marisol Peña -citando a la comisión de Venecia- indicó que “ninguna Constitución puede silenciar dentro de su texto la consagración de la independencia judicial”.

La profesora de la Universidad Católica fue más allá y propuso que se garantice, de manera explícita en la nueva Carta Fundamental, el derecho a un juez independiente e imparcial, como parte de lo que definió como la «macro garantía del debido proceso».

La abogada Ángela Vivanco coincidió con esta visión: “Es indispensable contar con un Poder Judicial que sea realmente independiente, y que esto no sólo se refleje en proteger que sus funciones no sean susceptibles de ser invadidas por otros órganos del Estado, sino también desde el punto de vista financiero”.

La ministra de la Corte Suprema enfatizó el impacto que tiene en la independencia judicial el no contar con un presupuesto propio y afirmó que: “cuando la actuación eficiente de este poder depende de altibajos políticos, se genera una dificultad de funcionamiento en los tribunales”.

Este punto va en la línea con lo expresado por el presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva quien, de acuerdo a diversos medios, presentó a fines de 2020 un documento con cuatro puntos que para el PJUD son centrales revisar durante el proceso constituyente. Los temas son jurisdicción y sistema de justicia; rol de la Corte Suprema; garantías y derechos humanos y estructura orgánica del Poder Judicial.

Consejo de la Magistratura

Las expertas coincidieron durante el webinar que otro de los temas que requiere modificaciones durante el proceso constituyente es el denominado gobierno judicial. Al respecto, la ministra Ángela Vivanco reconoció que la administración del Poder Judicial debe ser revisada pero, si se se va a crear un nuevo órgano, éste debe estar integrado mayoritariamente por jueces ya que, a su juicio, “no se puede conocer el Poder Judicial sólo interesándose en él o siendo ajeno a éste”.

Sobre esta materia, la profesora Marisol Peña propuso la creación de un Consejo de la Magistratura, que se encargue de los nombramientos, calificaciones, promociones o ascensos de los jueces. “Es necesario cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, que se ha prestado para una grosera politización, escrutando a los postulantes con criterios distintos al mérito, al conocimiento jurídico o las capacidades analíticas que tenga el juez”, enfatiza Peña.

Cabe destacar que en la actualidad, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema en Chile son nombrados por el Presidente de la República quien los elige dentro de una quina de postulantes seleccionados por el propio Poder Judicial. Además, el candidato escogido debe contar con la venia del Senado donde requiere el voto afirmativo de dos tercios de los parlamentarios.

Por último, la abogada Marisol Peña destacó la necesidad de agregar mayor diversidad al Poder Judicial, propiciando cuotas de género y nombramientos de jueces provenientes de otros grupos como pueblos originarios y personas con discapacidad, para que este organismo refleje “la diversidad del país”.

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