Las claves de la nueva legislación migratoria chilena

Sin duda los problemas que generan los movimientos migratorios representan enormes dificultades para todos los países. Pasa en Europa, por ejemplo, en España, Francia, Italia o Grecia que deben absorber un incesante número de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo hacia la Unión Europea; y también en Latinoamérica, que por su amplia geografía, débiles controles y confusa legislación, terminan poniendo a prueba las políticas en materias de vivienda, salud, educación y empleo, entre otras.

Esta semana, Chile, que tiene una amplia frontera natural en la cordillera de los Andes, con una inmensa red de rutas imposibles de controlar sobre todo en el norte, desveló su nueva política en materia migratoria que incluye una batería de proyectos de ley que considera la ampliación de causales de expulsión y la prohibición de ingreso asociadas a razones de seguridad interior y exterior.

Presentación de Política Migratoria

Según las autoridades de Gobierno, es la primera vez que el país gozaría de una estructura orgánica con el objeto de “promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y fomente la integración armónica de las personas migrantes”.

La tarea —que de acuerdo a sus detractores solo disfraza la inmigración irregular recibida hasta aquí— está estructurada en 10 ejes temáticos de trabajo, que considera 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales, con el fin de poder cumplir con los objetivos de la Política.

Claves

Entre las medidas de aplicación inmediata destacan el empadronamiento biométrico, la creación de un Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones, el desarrollo e implementación de un Plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para municipios que se han visto afectados por el incremento de llegada o tránsito de personas migrantes y un Plan de fortalecimiento de la matrícula educativa.

Carolina Tohá

Dentro de la batería de proyectos a legislar están la ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso asociadas a razones de seguridad interior y exterior. También incluye la violencia intrafamiliar como delito grave entre causales de prohibición de ingreso y expulsión. En materia de protección, se establece el procedimiento de filiación para niños, niñas y adolescentes extranjeros que carecen de documentación de identidad del país de origen o que esta sea deficiente.

La Ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló en la presentación de las medidas que “la Política Nacional de Migración y Extranjería resguarda la seguridad de todas las personas. Compromete altos estándares en el respeto de los derechos de las personas migrantes y, al mismo tiempo, exige que quienes migran tengan que respetar las leyes del país y las obligaciones cívicas, tal como deben hacerlo chilenos y chilenas”.

Migración irregular

Uno de los puntos más álgidos es el control de la migración irregular. Sobre esta materia, el Gobierno explicó que esta modalidad se enfrentará orientando la acción del Estado al combate contra las redes de tráfico y trata de personas. En este caso, aclararon no habrá procesos masivos de regularización como los que se realizaron en el pasado.

Así, se definirán modalidades condicionadas y específicas para la regularización. Por ejemplo, el lineamiento para otorgar residencias será sobre aquellas que estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, o donde hay escasez de trabajadores, según las capacidades territoriales, o bien por vínculos familiares.

Empadronamiento

Uno de los temas de rápida aplicación será el del empadronamiento biométrico. Será el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) la institución encargada de llevar a cabo esta acción que incluye el registro de identidad, las huellas, el rostro, el nombre y una biografía de la persona que irregularmente ha ingresado al país.

“No es posible que el Estado chileno pueda garantizar la seguridad si no tenemos la identidad de las personas que están en el territorio nacional”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Fotografías: Ministerio del Interior y Seguridad Pública/ Gobierno de Chile

 
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