La justicia para quienes gozan del “privilegio de pobreza”

Unidad de Comunicaciones, CAJ Metro.

La gran pregunta que siempre ronda es si la justicia llega a la gente de escasos recursos; personas que, generalmente, no tienen acceso a los mejores litigantes o estudios del país, y que terminan por asumir un doble dolor de cabeza al enfrentar un conflicto, cualquiera sea el área del Derecho.

Estadísticas de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ Metro), con jurisdicción en todas las comunas del Gran Santiago y en las regiones de O’Higgins, del Maule y Magallanes (por la distribución que antiguamente tenían los colegios de abogados), muestran que al año atienden a unas 263 mil personas de escasos recursos o beneficiadas con el históricamente llamado “privilegio de pobreza”, que involucran la tramitación de 60 mil causas, de las cuales un 67% corresponden a asuntos de familia y un 28% a materias civiles.

Otro tanto, corresponde a materias penales que es donde —dicen los expertos—, se siente con mayor fuerza el apoyo o desamparo del Estado, cuando no hay recursos de por medio para pagar por un “buen abogado”. Sin embargo, ejemplos hay y excepciones, también.

Sólo el último año, la CAJ Metro a través de su centro de víctimas, como parte querellante en distintos juicios penales, logró sumar 70 condenas efectivas en casos de alta connotación que involucraban casos relacionadas con delitos y abusos sexuales, homicidios, robo con violencia y femicidios. Todos los patrocinados llegaron a este centro como víctimas.

“A las víctimas de delitos graves, se les está entregando justicia y asistencia psicológica preparatoria para ellas y sus familias”, dijo Alejandro Jiménez, director de la institución que por ley debe brindar asistencia jurídica a personas de escasos recursos y, a la vez, permitir que los egresados de Derecho puedan hacer su práctica profesional. A tener presente, la atención no la entregan los estos últimos, sino que abogados titulados, psicólogos y asistentes sociales.

Un ejemplo concreto

Hace pocas semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo a Alfredo Vergara Chávez, en calidad de autor del delito de abuso sexual impropio en contra de una hijastra, delito perpetrado entre 2006 y 2012, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

En fallo unánime (causa rol 3.169-2016), la Tercera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 7 de septiembre pasado.