Crisis del sistema penitenciario chileno abre puertas a completa reestructuración

 
Días turbulentos vive el sistema penitenciario chileno, luego que su principal institución —Gendarmería de Chile— fuera golpeada por sendos escándalos que terminaron con la renuncia de su máxima autoridad, el nombramiento de su reemplazante, cuestionamientos a toda su institucionalidad, y con una interpelación a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, ad portas en el Congreso Nacional.
 
En menos de un mes se conocieron irregularidades en el otorgamiento de pensiones millonarias para un alto número de uniformados de la institución (leer artículo anterior); el mal uso de licencias médicas por funcionarios hasta por más de dos mil días; el anuncio de desvinculaciones masivas, y complejos cuestionamientos en materia de seguridad, al constatarse fugas e intentos de evasión en las cárceles de Chillán (Región del Biobío) y Valparaíso.
 
Gendarmería —que reúne a unos 20 mil funcionarios, 16 mil de ellos uniformados, a cargo de la custodia y reinserción de unas 100 mil personas imputadas y condenadas en el país— es una institución que constantemente vive en crisis, y que con los hechos acontecidos, abre una vez más la puerta a una completa revisión y restructuración.
 
El propio Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández se refirió directamente a esta posibilidad, al señalar que si bien es partidario que el servicio de prisiones por el momento se mantenga bajo la dirección del Ministerio de Justicia, sostuvo que «es necesario revisar muy a fondo la estructura institucional de Gendarmería. Sin ninguna duda».
 
En esa misma línea, llamó a revisar la dependencia de la institución, precisando que «no hay nada que descartar, hay que ser abierto y ponerse al día», dijo en una extensa entrevista radial.
 
Los expertos, concuerdan que el momento de crisis que vive la institución es una oportunidad para mejorar la gestión, controles externos y restructuración del servicio. “Hay que restructurar la política penitenciaria y crear un Servicio Nacional de Reinserción Social, distinto de Gendarmería”, señaló Olga Espinoza, directora del Centro de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Nuevo director de Gendarmería y desvinculaciones

Las aguas no están quietas y eso es claro. Tras solicitar la renuncia al director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, uniformado de carrera, el Gobierno designó al geógrafo Jaime Rojas en el puesto.

A la nueva autoridad se le encomendó en lo inmediato la regularización del servicio, que enfrenta una investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República, pero también una penal. El Ministerio Público, mediante la fiscal Tania Sironvalle, abrió una investigación luego que sea acogiera una querella por presunto fraude al Fisco ante el Séptimo Juzgado de Garantía, a raíz de una millonaria pensión que recibiera Mirian Olate —personal civil—, ex subdirectora del servicio, que permitió develar igual situación en al menos otros 40 oficiales y suboficiales.
 
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, que también ha estado en el ojo del huracán, en tanto el viernes anunció la desvinculación de 123 funcionarios por uso y abuso de licencias médicas, que en algunos casos —civiles y uniformados—superaban los cinco años, luego de solicitar la revisión de 556 carpetas.
 
«Gendarmería de Chile es una institución proba, donde sus funcionarios arriesgan todos los días su vida. La situación de algunos pocos no puede enlodar a toda una institución», comentó Blanco, quien ha recibido el pleno respaldo de su bloque político y de la Presidenta Bachelet.
 
En tanto, para agosto se fijó la interpelación a la autoridad en el Congreso Nacional, luego que la oposición lograra juntar las firmas necesarias para que Blanco comparezca en el parlamento. La interpelación —regulada en el artículo 52 letra b de la Constitución—, es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, y busca que la autoridad aclare el real estado, no sólo de la institución verde olivo, sino que también del Servicio Nacional de Menores, a cargo de jóvenes infractores de ley y la protección de niños vulnerados en sus derechos.