Suprema aplica Convención de Derechos del Niño y suspende expulsión de ciudadana peruana

 
En fallo unánime, la Corte Suprema de Chile suspendió temporalmente la expulsión decretada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en contra de una ciudadana peruana, condenada junto a su marido por del delito de trata de personas.
 
La decisión del máximo tribunal golpeó la decisión del Ejecutivo, al considerar que con ello se afectaría la separación del grupo familiar, puesto que el matrimonio mantiene a una de sus hijas en pleno año escolar, debiéndose ejecutar la orden recién el 31 de diciembre de 2016, fecha del término de éste.
 
La Suprema acogió el reclamo deducido en contra de la expulsión dictada por el Gobierno —a través del Departamento de Extranjería— el 30 de mayo pasado, interpuesto por la defensa de la ciudadana peruana Norma Mamani Huasi, obligándola junto a su marido, Sebastián Ramos Ticona a permanecer en el país.

El fundamento de la Suprema

El fallo de la Segunda Sala máximo tribunal —integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm— considera que el decreto de expulsión se encuentra dictado legalmente. Sin embargo, pospuso su ejecución, en el caso de Norma Mamani Huasi, hasta que su hijo finalice el año escolar, en concordancia con la Convención de Derechos del Niño.
 
“Que tanto la petición principal como la subsidiaria encuentran basamento en la circunstancia de que las condenas pendientes del reclamante Ramos, le impiden hacer abandono del país, por lo que la ejecución inmediata del decreto de expulsión que pende en contra de su cónyuge, la reclamante Mamani, implicaría de facto la separación de la familia que juntos han formado, con los perjuicios que ello acarrearía para los reclamantes y sus pequeños hijos, situación que este tribunal reconoce”, señala el fallo.
 
“Sin embargo, lo cierto es que, de acuerdo al actual tenor del artículo 34 de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas —agrega la decisión de la Suprema—, Ramos Ticona se encuentra facultado para solicitar al Juzgado de Garantía que su condena sea reemplazada por la pena sustitutiva de expulsión, lo que permitiría que ambos cónyuges abandonaran al mismo tiempo el país y evitaría el desmembramiento de la familia que han formado. Esta circunstancia constituye motivo suficiente para rechazar la solicitud principal”, sostiene el fallo.