Coronavirus, retiro de fondos previsionales y redacción de nueva Constitución marcan inicio del año judicial en Chile

No fue una cuenta pública normal la que realizó el presidente de la Corte Suprema chileno, Guillermo Silva Gundelach. El coronavirus aún en propagación obligó a que el inicio del Año Judicial 2021 en ese país se centrara en los impactos de la pandemia en el acceso a la justicia de las personas y en cómo los organismos encargados de su administración debieron adecuarse a la nueva realidad.

Pero también, la máxima autoridad del Poder Judicial nacional dio cuenta del ánimo de la judicatura frente al complejo panorama político que el país debe enfrentar este año y que terminará con la redacción de una nueva Constitución, de la que los magistrados y magistradas —enfatizó— están en plena disposición. “El Poder Judicial reitera su compromiso con la institucionalidad”, dijo.

Asimismo, hubo críticas a la postergación de la llamada Reforma a la Justicia Civil —en segundo trámite legislativo, pero congelada en el Congreso Nacional—, a la falta de un robusto sistema de ejecución de penas en el ámbito penitenciario, a la falta de plena autonomía política, administrativa y financiera de este poder del Estado, y a una realidad que desborda: los conflictos de familia que nutren los tribunales y que quedaron de manifiesto con las miles de solicitudes de retención de los fondos previsionales de cotizantes para el pago de pensiones de alimentos a niños, niñas y jóvenes en 2020.

“El agolpamiento masivo de personas en los tribunales pidiendo las retenciones de estos fondos por concepto de deudas de alimentos, es reflejo de un problema que trasciende, con creces, la sola contingencia actual pandémica”, señaló el presidente al recordar el impacto de la medida en los tribunales.

Covid y alimentos

El presidente Silva Gundelach destacó la labor del Poder Judicial para adaptarse a la tramitación de causas de manera remota en todas las competencias da la contingencia sanitaria y resaltó la implementación de tecnología existente para los procesos judiciales, tales como la Ley de Tramitación Electrónica y los alegatos vía videoconferencia, lo que permitió —dijo— sortear la emergencia generada por el estado de excepción constitucional. “No se paralizó el curso de la administración de justicia, sino que se ajustó su tránsito a una realidad apremiante», señaló.

En el contexto de la pandemia del COVID 19 y de las medidas que se adoptaron para afrontar la crisis económica derivada de los confinamientos masivos, el presidente de la Corte Suprema se refirió a los retiros de 10% de cotizaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la forma como impactó en la tramitación de procesos por alimentos en los Juzgados de Familia.

En esta área destacó que los más de 636 mil escritos presentados desde la entrada en vigor de la reforma constitucional y más de 533 mil medidas cautelares decretadas en orden a retener los fondos, dan cuenta de una situación social que se debe solucionar a la brevedad.

Derechos humanos y proceso constituyente

El presidente de la Corte Suprema se refirió, también, a las causas originadas en el denominado «estallido social» y reiteró el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos de todos los ciudadanos. «En esta oportunidad mantengo mis aseveraciones: el Poder Judicial otorga garantías de protección de los derechos de las personas de manera independiente frente a todo tipo de violencia y abuso de poder, de forma continua y con pleno apego al debido proceso”, enfatizó.

En cuanto al proceso constituyente en marcha, el presidente de la Corte Suprema recordó que una vez que la ciudadanía decidió iniciar la elaboración de un nuevo texto, el Poder Judicial se dedicó a reflexionar sobre su labor en el nuevo marco institucional. En ese sentido, dio cuenta de las conclusiones de la Jornada de Reflexión del máximo tribunal de diciembre entre las que se encuentran adoptar acuerdos referentes a los principios de la jurisdicción, del que la independencia judicial siempre se encuentra como piedra angular; la concepción del «judicial» como un «poder» del Estado; la unidad de jurisdicción y su relevancia para la justicia y el sistema de responsabilidad de los jueces.

Desafíos pendientes

En el marco de esta Cuenta Pública, el presidente del máximo tribunal también recordó el gran desafío pendiente en materia judicial en el país, como es la postergada Reforma a la Justicia Civil. “Debemos salir de este estado y superar la inercia en la que hemos caído, porque a estas alturas parecemos estar más cerca de abandonar un esfuerzo de más de 15 años, que de hacer realidad esta reforma”, dijo.

Silva Gundelach recordó que la materialización de la reforma a los procesos civiles es fundamental para garantizar el llamado “acceso a la Justicia”. “Esperamos que la Reforma Procesal Civil se transforme en una realidad, confirmando una vez más nuestro incondicional apoyo y compromiso para que ello se concrete”, enfatizó.

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