Continúa la lucha del Turno de Oficio en España

Álvaro Vergara

Hace unos 20 años cualquier abogado en España habría considerado como una opción ganarse la vida trabajando en el Turno de Oficio. Hoy, escoger esa alternativa sería inviable, principalmente debido a la falta de actualización y al desfase en el cobro de sus remuneraciones.

Cada 12 de julio, en España se celebra el día de la Asistencia Judicial Gratuita, instancia que aprovechan los abogados del Turno de Oficio para reclamar públicamente por los problemas que arrastran hace ya más de 15 años.

¿Qué es el Turno de Oficio?

En términos generales, sin importar del país del que hablemos, el Turno de Oficio consiste en los servicios prestados por un abogado de oficio o abogado de turno a un ciudadano, defendiéndolo ante un tribunal de justicia de forma gratuita.

Se trata de un servicio financiado por el Estado con el objetivo de satisfacer el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial y a un proceso con las máximas garantías de igualdad e independencia, respetando el derecho a la defensa de todo acusado ante la ley, así como la asistencia necesaria para iniciar un proceso judicial.

Sin embargo, existe gran diferencia en el alcance de estos servicios, dependiendo del país e incluso de la región. Por ejemplo, el Turno de Oficio español le paga a sus abogados a través de un listado de tarifas establecidas —baremos—, y hasta hace poco lo hacía de forma trimestral, en vez de una vez al mes, como es lo usual al pagar remuneraciones.

Reivindicaciones históricas

Es así como desde hace años este campo laboral ha venido experimentando turbulencias que hoy lo tienen de capa caída. Los problemas, principalmente de índole económico, han llevado a la institución a mantenerse en el centro de la polémica.

Entre sus demandas históricas, el Turno exige a la Comunidad de Madrid —que cuenta con 5.500 letrados de oficio— la actualización de los baremos de sus honorarios, desfasados desde el año 2003 respecto al IPC, así como tramitar las facturas de forma mensual y no trimestral.

A ello se suma la reforma de junio de 2017 a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) que, «lejos de atender» sus demandas históricas, «obliga a todos los abogados a estar adscritos al turno salvo dispensa colegial», dijo el presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), Isidro Moreno al sitio español 20 minutos. Como «una auténtica humillación», fue calificada la norma por Moreno, ya que en lugar de hacer atractiva la labor, dejaron el cargo obligatorio «para evitar que el sector quede desierto».

De esta forma —continuó el presidente de Altodo—, ya ni siquiera pueden movilizarse como hicieron en 2012, cuando 1.600 profesionales no se presentaron a las guardias en señal de protesta: al ser obligatorio para todos, siempre estará cubierto.

Un dato adicional: en la Comunidad de Madrid ese último año las retribuciones se redujeron un 20%.

Los colegios de abogados disponen de 3 meses para tramitar las facturas de los letrados de oficio y la Comunidad de Madrid de otros tres meses para proceder al pago. «Hablamos de 6 meses sin incurrir en mora; un retraso amparado legalmente», dijo Ángel Juárez, presidente de la Asociación de Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho (Aproed) a 20 minutos. Y esto complica la situación de aquellos abogados cuyo principal ingreso es el Turno de Oficio y que, en muchas ocasiones, tienen que hacer frente a sus gastos sin haber cobrado su sueldo.

Un puesto subvalorado

Si bien sería esperable que se tratara de una labor vocacional para defender gratis a los ciudadanos con menos ingresos y garantizar así su derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año, cada vez es más rechazado por los abogados, debido a la precaria situación en la que los deja.

«Cobramos una miseria y encima tarde», resume Juárez refiriéndose a los abogados de oficio que en la Comunidad de Madrid cobraban los honorarios del primer trimestre con cinco meses de retraso en 2017.

Por su parte, el presidente de la asociación de abogados Armi, Jawad Romaili, reveló a La Opinión de Murciaque por ejercer de abogado de oficio en un procedimiento penal, un letrado percibe € 250; por un proceso de despido, € 50 o 60; y unos € 130 por un asunto de familia.

Algunas reformas

Atendidos los años de reclamos sin solución, han sido varias las reformas legales que han intentado mejorar el escenario. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) aprobó la modificación del Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita, con el que se da luz verde para pasar del sistema de pago trimestral al nuevo sistema de pagos mensual.

De esta manera, el Gobierno autonómico de Madrid comienza a dar respuestas a una de las reivindicaciones históricas de abogados y procuradores de oficio: “Agilizar los pagos de asistencia gratuita del Turno de Oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos recursos económicos y actualizar los honorarios”.

El pasado 1 de octubre entró en vigencia la modificación de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG). Sin embargo, se ha dicho que la reforma está lejos de beneficiar a los abogados y procuradores de oficio, pues lo más significativo es la posibilidad de sustitución del profesional designado, es decir, de que el beneficiario pida el cambio de su abogado o procurador, procedimiento que debe iniciarse «por petición justificada» ante el colegio que hubiere realizado la designación.