Comienza cobranza digital de US$4.700 millones en deudas

 
“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, esa pareciera ser el slogan de la Tesorería General de la República (TGR) que —a contar del 1 de julio próximo en todas la regiones del país, a excepción de Valparaíso, Biobío y Metropolitana— comenzará el proceso de cobranza de morosidades mediante un proceso digital conectado a la base de datos del Poder Judicial.
 
Para ello, los recaudadores fiscales del organismo, deberán registrar on line mediante smartphones, todas las actuaciones del proceso, incluyendo su notificación, ejecución de la garantía, fecha de remate y designación de un martillero, entre otras, utilizando para ello una aplicación móvil de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
 
Una vez realizado el trámite en terreno, cada uno de estos funcionarios, deberá ingresar las diligencias realizadas al portal web del Poder Judicial, mediante firma electrónica simple.
 
La Tesorería informó que el total de las deudas morosas en el país equivale a US$4.700, incluyendo a pymes y personas naturales, los que representan el 25% del total de éstas. Un 85% corresponde a deudas por el impuesto a la renta, IVA y aranceles aduaneros; además de contribuciones por el no pago de bienes raíces.

El impacto de la Ley de Tramitación Digital

 
El nuevo proceso de registro digital de las actuaciones —explicaron el organismo recaudador— se enmarca en la entrada en vigencia e implementación de la Ley N° 20.886 sobre Tramitación Digital de los procedimientos judiciales, obligándola a poner en marcha un plan de modernización de sus sistemas de cobranzas.
 
Cabe recordar que la puesta en marcha progresiva de la nueva legislación, que termina con el expediente cosido y en papel, tendrá efectos en la tramitación del proceso de cobro ejecutivo en segunda etapa judicial ante los tribunales de justicia y establecerá un nuevo canal de comunicación con el Poder Judicial.
 
En la práctica, los requerimientos del Poder Judicial a la Tesorería ya no se tramitarán en papel y serán más transparentes, dado que estarán a disposición del público, a través de la página del Poder Judicial en Internet.
 
Para implementar estos cambios, se informó que el organismo ha debido coordinar el trabajo de sus divisiones de Administración, Estudios y Desarrollo, Jurídica y Cobranzas y Quiebras.