Colegio de Abogados de Chile busca acercar a jueces y autoridades

Maritza Villadangos y Héctor Humeres, en su inscripción en el Colegio de Abogados

 
Hace pocos días, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago (Chile), Maritza Villadangos Frankovich (en la fotografía), se inscribió como asociada en el Colegio de Abogados de Chile. Lo suyo no fue un acto sin mayor trascendencia, pues la Orden viene desde hace años impulsando un mayor y mejor control ético de sus asociados, cualquiera sea el ámbito en donde se desempeñen.

En Chile, ingresan al mercado casi 4 mil abogados al año, a lo que se une una matrícula de 40 mil estudiantes de Derecho en igual periodo, que cursan estudios en universidades públicas y privadas. Actualmente en ese país ejercen unos 45 mil profesionales, pero muy pocos, sobre todo los más jóvenes, deciden colegiarse.

“Naturalmente que el Colegio quisiera que la mayor cantidad de abogados se afiliase a la institución, ya que ello permitiría una mejor y mayor aplicación de nuestro Código de Ética, a la par de unificar criterios en el ejercicio profesional”, dijo a Idealex.press su presidente, Héctor Humeres.

Sobre la inscripción de la ministra Villadangos, la máxima autoridad gremial señaló que la vinculación de autoridades y magistrados para el Colegio es muy destacada: “Nos parece importante que jueces y ministros se inscriban en el Colegio, denotando que ellos, antes que nada, son abogados y que pueden realizar un relevante aporte al mejor desarrollo de nuestra profesión, bajo una mirada diversa y complementaria de aquellos que la ejercen ante ellos”.

Control ético

Según información del organismo, los abogados inscritos están sujetos al control ético del Colegio, contemplándose un procedimiento formal para sancionar las conductas contrarias a la ética, lo cual garantiza también el respeto a las reglas y buenas prácticas de los profesionales frente a sus clientes.

Actualmente, el procedimiento disciplinario se inicia de oficio por el abogado instructor, o por un reclamo presentado por cualquier persona contra la conducta profesional de un asociado.

El reclamo es recibido por un abogado de la Secretaría del Colegio, se somete a un examen de admisibilidad ante el abogado instructor y si se estima que los hechos son constitutivos de una falta disciplinaria y no han transcurrido más de 2 años desde su ocurrencia, se inicia la investigación.

 
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