En los últimos 10 años, 2.592 mujeres inocentes estuvieron en la cárcel

Mauricio Dieter

“En un 40% de los casos penales errados en Brasil encontramos defectos en la prueba pericial; en un 90% de los casos las defensas fueron malas; en un 68% de los casos encontramos problemas de prejuicios de los tribunales, por ejemplo, en una acusación de violación y el imputado es el padrastro, una acusación de tráfico y el sujeto es pobre, negro, periférico y desempleado”, explicó Mauricio Dieter, abogado penalista, profesor del Departamento de Derecho Penal, Medicina Forense y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y representante del Innocence Project en Brasil.

A este fenómeno lo han llamado las “metarreglas punitivas”, las cuales se articulan por la policía de Brasil, cuyas palabras, según el tribunal de justicia de Río de Janeiro, tienen especial valor para condenar, “lo que es un absurdo”, añadió el académico.

La estadística se dio en el seminario “Proyecto Inocentes: Error, daño y reparación”, que se realizó el 25 de octubre en el marco de los 10 años del proyecto en Chile. Proyecto Inocentes empezó en 2013 como un programa de la Defensoría Penal Pública de Chile para la reparación pública de personas que han sido injustamente privadas de libertad.

“Existe la necesidad de resolver uno de los aspectos pendientes de la legislación chilena que es como compensamos esos daños injustos”, comentó Cordero sobre el tema.

Geraldo Prado

Geraldo Prado, procesalista penal de Brasil, exjuez del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, exfiscal del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro y representante del Innocence Project, añadió que la decisión de poner a un imputado en prisión debe venir de los datos empíricos y circunstancias concretas: “Los jueces hacen mucha especulación sobre lo que el imputado hará en el futuro, y no corresponde que hagan inferencias de varios futuros posibles que pueden darse de la independencia de circunstancias concretas”.
 

Mujeres imputadas

“Nardy Ribera fue detenida en la frontera luego que un test rápido de drogas indicara que llevaba cocaína en tres frascos de productos cosméticos. Tras pasar seis meses en la cárcel, un informe del Instituto de Salud Pública estableció que lo que portaba no era cocaína, sino un producto para el pelo llamado queratina. A pesar de existir una pericia concluyente, su causa se mantuvo vigente por años hasta lograr ser sobreseída. Ella y su familia aún sufren el daño de esa pericia errónea”, contó durante el seminario Carlos Mora Jano, Defensor Nacional, recordando el caso de la joven de nacionalidad boliviana, quien estuvo presente en la actividad.

Además, el Defensor reveló información y cifras concernientes a las mujeres que han sido condenadas por delitos siendo inocentes: “2.592 mujeres en Chile estuvieron en la cárcel siendo inocentes durante los últimos 10 años” y según los datos entregados por el Defensor, de ese total, 103 corresponden a mujeres extranjeras.

Respecto de aquellas que fueron imputadas, permanecieron libres durante el proceso en su contra y mantuvieron su estado de inocencia o no fueron condenadas, la cifra revelada por Mora se eleva a 94.965 en el mismo período.

“Las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad son, por lo general, ignoradas por los sistemas penitenciarios que fueron diseñados para hombres, incluyendo las necesidades de salud sexual y reproductiva, derivadas de sus experiencias con la pobreza, la malnutrición, la violencia física, sexual y psicológica”, explicó Mora.

El Defensor también añadió que “sabemos que existe un trato desigual hacia la mujer imputada, pues, aunque constitucionalmente se consagra el derecho a la equidad, existe diferencia de trato entre hombres y mujeres en el sistema penal, y peor aún, cuando hablamos de mujeres injustamente encarceladas”.

Defensoría Penal Pública y la prisión preventiva

En los últimos 10 años, la Defensoría Penal Pública ha registrado más de 25.000 personas que estuvieron en prisión preventiva mientras se investigaron sus casos, y posteriormente fueron absueltas en un juicio oral, sobreseídas porque no existió el delito que se les acusaba o porque se demostró su inocencia durante la investigación, o el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación en su contra.

Carlos Mora

Según cifras de la institución, durante 2022 se decretó la prisión preventiva en el 7,7 % de las causas ingresadas al servicio, con un total de 20.723 casos, lo que demuestra un aumento en relación con años anteriores.

En los años 2020 y 2021, las causas en que se aplicó la privación de libertad alcanzaron el 5,1 y 4,9 % respectivamente. Además, durante el año pasado, un total de 1.782 personas estuvieron en prisión preventiva durante el proceso en su contra, siendo inocentes y hubo 5.594 imputados que, durante la investigación estuvieron privadas de libertad, pero terminaron siendo sentenciadas a penas sin cárcel.

“En consecuencia, el uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar, debidamente, el fenómeno de la criminalidad, evidenciando, con ello, la tragedia humana que se vive al interior de las cárceles chilenas”, argumentó Carlos Mora

Para el Defensor Nacional, hay varios aspectos que influyen en la privación de libertad de personas que son inocentes: “Existe una presión pública y mediática respecto de encontrar rápidamente a los responsables de los delitos y eso hace que tanto el Ministerio Público como las policías, recientan su función respecto de poder obtener rápidamente la privación de libertad del presunto autor. También hay una presión mediática en las mismas noticias cuando ocurren hechos importantes, lo principal es siempre, ojalá, encontrar rápidamente al hechor para no sentir esa sensación de impunidad”.

El derecho penal no es la solución

Otro aspecto que Carlos Mora consideró preocupante son las últimas modificaciones legales en Chile, que amplían las posibilidades de quedar en prisión preventiva al crearse nuevas agravantes y penalizarse con mayor dureza algunos delitos: “Además, a los mismos jueces se les ha ido quitando atribuciones en estas materias, por ejemplo, en la apelación verbal, que es donde un juez de garantía dice ‘esta persona debiese quedar libre’, no queda inmediatamente libre si la fiscalía apela de manera verbal, y eso implica que ya tiene que estar detenido hasta que su privación de libertad la revise la Corte de Apelaciones respectiva”.

La autoridad de la Defensoría Penal Pública insiste en que la prisión preventiva no es la medida que permitiría solucionar los problemas del país como, por ejemplo, el tema migratorio o el narcotráfico: “El derecho penal no soluciona estos conflictos y crear expectativas en ese sentido es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha señalado que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal y, por tanto, la aplicación de la prisión preventiva debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia”.

Al evento asistieron académicos, miembros y exmiembros del poder judicial chileno como Leonardo Moreno, ex Defensor Regional Metropolitano Norte; Georgy Schubert, ex Defensor Nacional; Andrea Díaz-Muñoz, magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago; Luis Cordero, Ministro de Justicia; entre otros invitados.

 
También te puede interesar:
— Los 10 años del Proyecto Inocentes: el peso de la prisión preventiva
— Las propuestas de acceso a la justicia de la Defensoría Penal Pública chilena
— Autonomía de la defensoría pública en Latinoamérica