Entregar copia de los informes y consejos legales a una autoridad vulnera el secreto profesional

Con el título de «Declaración Pública», el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile acordó por unanimidad expresar que la exigencia que ha estado haciendo el Servicio de Impuestos Internos (SII) a algunos contribuyentes en cuanto a obligarlos a entregar al organismo los antecedentes que respalden las asesorías tributarias que hayan recibido de sus abogados, «constituye un atentado en contra del secreto profesional».

El Consejo del gremio aclaró que cualquier antecedente y, en particular, copia de los informes y de los consejos que el abogado ha dado a su cliente, está «amparado por el secreto profesional que todo abogado está obligado a preservar y resguardar bajo sanción ética y penal».

Asimismo, continúa la declaración, «se vulnera el derecho de defensa establecido en favor de sus clientes, que es deber del abogado cautelar, si a cualquiera de éstos, como pretende el Servicio, se les obliga a entregar la información con que cuenta, pues es de la esencia de la relación cliente-abogado la reserva».

«El secreto es un derecho-deber del cliente y del abogado, por lo cual lo requerido por el Servicio importa una extralimitación en sus atribuciones, y una transgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Tributario», prosigue el texto.

El Consejo recordó a los abogados que tienen la obligación de guardar y respetar el secreto profesional de sus clientes, «el que deberán hacer valer en este caso ante el SII, tanto para los que han sido citados como para aquellos que puedan serlo en el futuro».

Finalmente, el Colegio comprometió su apoyo a todos los abogados que se vean enfrentados a esa situación.

Cómo empezó la polémica

La semana pasada ya circulaban correos en que destacados abogados y estudios jurídicos advertían a sus clientes de que el Servicio de Impuestos Internos estaba enviado notificaciones masivas a contribuyentes, solicitando contratos de prestación de servicios e informes que respaldaran facturas o boletas emitidas por oficinas de abogados y asesores tributarios en general.

De acuerdo a una nota del diario Pulso, la Subdirección de Fiscalización del organismo emitió una carta en que solicitaba la concurrencia del contribuyente a las oficinas con, entre otros documentos, un “duplicado de las 20 mayores facturas de ventas y servicios emitidas en 2015” considerando distintos clientes, no sólo uno, y las “copias de contratos de prestación de servicios, informes o consejos correspondientes a esas 20 mayores facturas. En caso de no contar con respaldos adjunte una descripción detallada de los servicios prestados”.

En el mismo medio se daba cuenta de que el Subdirector de fiscalización del SII dijo que el requerimiento se había hecho para una investigación de la OCDE: “Estamos haciendo un estudio del rol de los intermediarios tributarios a petición de la OCDE que actualizará un reporte similar que realizó en 2008. Se está haciendo en varios países: Canadá, Australia, Suiza, Italia. Este tipo de información para este trabajo no tiene el objetivo de poner en riesgo el secreto profesional”.

El mismo subdirector, de acuerdo a información consignada en el diario La Tercera, dijo que estaban «sorprendidos por la sobrerreacción generada entre algunos contribuyentes y asesores”, y llamó a «restar dramatismo» a la solicitud.