Tribunales y reguladores mantienen a los casinos online en la mira

La presencia de los sitios de apuesta en línea o casinos online en Latinoamérica sigue generando debates respecto de su legalidad, pues su modelo de negocios choca con las legislaciones que existen para los juegos de azar.

Ya en idealex.press habíamos informado que el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, mediante Resolución Exenta N°26, decidió excluir a estas empresas del régimen simplificado de tributación de ese país.

Además, en septiembre el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia chileno le ordenó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) poner fin a la relación comercial con el sito de apuestas en línea Betsson, quien patrocinaba los torneos de primera división.

El apercibimiento ante una eventual negativa era la pérdida de la personalidad jurídica.

Ese mismo mes la Corte Suprema ordenó al proveedor de internet Mundo bloquear el acceso a 23 sitios web dedicados a las apuestas deportivas en línea.

En este contexto, una nueva controversia surgió cuando el Ministerio Público de Chile decidió no perseverar en las querellas por la comisión de los delitos contemplados en los artículos 275,276, 277 del Código Penal, que prohíben los juegos de azar.

Dichas acciones legales particulares habían sido interpuestas por casinos Dreams, por la Polla Chilena de Beneficencia y por la Agrupación de Jugadores en Terapia, debido a que “luego de dos años de investigación la fiscalía no obtuvo los antecedentes necesarios para formular una acusación”, se justificó en un comunicado oficial.

No perseverar: la visión de los casinos en línea

“Esta decisión del Ministerio Público de no perseverar en las causas es importante precisamente porque la opinión que ha manifestado la institución de manera reiterada en los últimos dos años es que las apuestas en línea no son constitutivos de delitos y no están prohibidas en la legislación”, dice Carlos Baeza, abogado de los sitios de apuesta en línea Betano (de origen griego), Betsson (sueca), Coolbet (estonio), Latamwin y Betwarrior (registradas en Curazao).

De acuerdo a Baeza no existe una violación a los artículos 275,276 y 277 del Código Penal en las apuestas en línea: “El argumento es bastante simple y es que los artículos a los que nos referimos forman parte del Código Penal desde su promulgación en 1874. Es absurdo sostener que en ese año el legislador pudo suponer una conducta como la apuesta en línea. Y, como los tipos penales son de derecho estricto, el Ministerio Público siempre ha opinado que las apuestas en línea no están incluidas en los tipos penales del artículo 275 en adelante”.

En cuanto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de ordenar a Mundo y a la ANFP bloquear sitios webs de apuestas y poner fin a la relación comercial con Betsson, respectivamente, Baeza las considera erróneas. Por un lado, la orden de la Suprema tendría “efectos muy limitados, porque se aplica solamente a quienes fueron parte de esa causa, es decir, Mundo y a nadie más. No tiene ningún efecto más que para las partes de ese recurso”.

Sobre la relación comercial entre la ANFP y Betsson, ésta se habría terminado por decisión de la casa de apuestas, debido a la mala publicidad que provocó la orden del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. Pero Baeza también dice que habría un posible conflicto de interés, dado que el Ministro de Justicia Luis Cordero realizó un informe en Derecho para la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ) acerca de la legalidad de las casas de apuestas en línea, días antes de asumir el cargo.

Fuentes consultadas sabedoras de ética en la profesión comentan que “sin conocer en profundidad el caso y tomando sólo en cuenta la publicación de la prensa, se trataría de una situación en que se puede producir conflicto de interés”.

Para el abogado de los casinos online, la decisión del Ministerio Público de no perseverar y archivar el caso —en vez de solicitar el sobreseimiento definitivo— es estratégica, dado que la decisión de no perseverar es una decisión autónoma del Ministerio Público, que solamente se comunica a las partes y al Tribunal de Garantía, pero que no requiere de autorización.

En cambio, el sobreseimiento definitivo tiene que ser solicitado a un juez: “Con mucha astucia el Ministerio Público tomó esa decisión, ya que creo que no querían arriesgarse a que un Tribunal Oral en lo Penal, que podría haber sido influenciado por ese fallo equivocado de la Corte Suprema, rechazara potencialmente el sobreseimiento definitivo”.

Sin perjuicio de ello, se encuentran en tramitación otras querellas interpuestas contra los sitios de apuestas en línea. Representantes del Ministerio Publicó comentaron a Idealex.press que existe una querella en virtud del artículo 3 de la Ley de Hipódromos, que interpuso el 3 de agosto de 2023 el Club Hípico, Hipódromo de Chile y Sporting, debido a la cual la Fiscalía ya ha instruido a la Policía de Investigaciones diligencias.

También la institución recibió una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios en contra de sociedades y personas naturales que representan a las sociedades relacionadas con estas plataformas. “Esa denuncia es la que se remitió a la fiscalía de alta complejidad, se encuentra vigente y no podemos entregar información por el momento”, comentaron desde la institución.

No perseverar: la otra mirada

Juan Araya, gerente general de la ACCJ y socio de Vásquez Urra Abogados, sostiene que la decisión de no perseverar no es algo sorpresivo para la industria, dado que las empresas que administran estos sitios de apuestas en línea no operan en el país.

Si lo hicieran, podrían ser perseguidas legalmente: “Operan en el extranjero, no tienen RUT (Rol Único Tributario provisto por el SII) en Chile, no tienen domicilio y en esas condiciones es muy difícil para el Ministerio Público perseguir esos delitos, lo que, por tanto, reafirma lo que hemos dicho respecto de su ilegalidad: si fuera tan legal su actividad, como ellos dicen ¿por qué no se constituyen en Chile y abren una oficina?”, argumenta.

El abogado añade que no es posible para el Ministerio Público ir a Curazao, por ejemplo, y realizar una búsqueda de los dueños y accionistas de los sitios de apuestas online: “Incluso si se llegara a determinar quiénes son los dueños, al vivir fuera del país es prácticamente imposible que los puedan formalizar. Porque se tendría que pedir la extradición y por estos delitos, que son de penas bajas, no procedería. El Ministerio Público está siendo práctico y lo que está diciendo es ‘mire: como efectivamente estos tipos no están en Chile, yo nunca los voy a poder pillar, y en realidad tengo que concentrarme en otros delitos y los recursos son limitados, por lo tanto, mientras no se pueda ni tenga más antecedentes, es mejor archivar el caso’”.

Al hacerlo, afirma Juan Araya, si en el futuro aparecieran nuevos antecedentes se puede volver a abrir la investigación.

El caso argentino

En otros países la regulación y fiscalización de los casinos en línea se encuentran más avanzadas que en Chile. En el caso argentino, la legislación de juegos de azar es un asunto respecto del cual cada provincia tiene la competencia para regular y controlar. No hay ley nacional para los juegos de azar.

“Te encontrarás con que hay provincias que tienen el juego en línea regulado a través de leyes, a través de ordenanzas, a través de decretos, de resoluciones… y hay otras que no. En el caso puntual de Mendoza, en 2020 se sancionó la Ley Provincial N° 9.267 de regulación del juego en línea que permite que se licite de forma pública hasta 7 licencias de plataformas de juego en línea”, explica Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.

“Nosotros hicimos el proceso de licitación a fines de 2022 y principios de 2023, donde se otorgaron 5 licencias, y ya están funcionando 3 plataformas en la provincia de Mendoza, por lo que si vienes a la provincia podrás jugar, pero solo mientras estés aquí, ya que tenemos un sistema de geolocalización que permite el acceso a estos sitios web”.

Aquellos que tengan una plataforma online no autorizada en Mendoza arriesgan de 1 a 3 años de cárcel.

La fiscalización de tales sitios es posible por varias razones: primero, hay una reglamentación específica sobre las obligaciones de estas plataformas; segundo, los sitios, si bien no requieren tener los servidores en Mendoza, sí deben tener un domicilio legal físico en la provincia y, finalmente, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos tiene acceso permanente a las plataformas y a los datos que poseen.

“Nosotros, en caso de infracción de sitios no autorizados, lo que perseguimos es el bloqueo y eliminar el riesgo que el juego ilegal representa para la sociedad, lo que se hace a través de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, donde nosotros presentamos la denuncia y se bloquea el sitio”, dice.

Luego añade que también hacen la denuncia ante Meta, “quienes bloquean el acceso a los sitios sin necesidad de orden judicial”.

En cuanto a infracciones de las plataformas autorizadas, pueden tomar ciertas medidas, como los seguros de caución, gracias a los cuales si se detecta cualquier irregularidad, se le pueden ejecutar esas pólizas de seguros. También cuentan con las “causales de rescisión y las multas” que aplican en tales casos, ya que quienes son autorizados tienen un contrato firmado “con todos los requisitos y resguardos legales de un documento de este tipo”, explica López.

La presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza sostiene que los estándares que les aplican a los casinos y plataformas de apuesta están inspirados por los estándares internacionales del juego online. Además, también se buscó implementar las pautas de publicidad responsable suscritas por la Comunidad Económica Europea en la reglamentación.

“Los sitios tienen procedimientos obligatorios donde existen mecanismos de autoexclusión y autolimitación en cuanto al tiempo y los montos de dinero que el apostador quiere jugar, para evitar el juego compulsivo. Contamos con un registro único de autoexcluidos que, por medio de un sistema electrónico, impide el acceso del usuario a las plataformas de juego en línea”, agrega.

El ejemplo colombiano

En Colombia existe la Ley 1753 de 2015, donde se definieron los juegos operados por internet y se estableció una carga impositiva para este tipo de negocios, además de lineamientos con las que el órgano fiscalizador, Coljuegos, puede llevar a cabo su labor.

Al año siguiente, la institución publicó el Acuerdo 4, mediante el cual se establece el reglamento que las plataformas de apuesta en línea deben cumplir. Luego, en el año 2019, se hizo una modificación de Acuerdo 4, en donde se amplía la oferta de juegos que están permitidos. Por último, en 2020 se añadió el casino en vivo como juego permitido.

“El legislador dispuso una única carga en donde nosotros tenemos una tarifa mixta, que está compuesta por una tarifa fija que pagan los operadores de manera anual, correspondiente a 811 salarios mínimos legales mensuales y una tarifa variable, que corresponde al 15% del GGR (gross gaming revenue), que es igual a las apuestas menos los premios pagados. Se adquiere una licencia única y debes pagar la carga impositiva, así explotes un juego o varios”, explica Tatiana Vásquez, socia de V&I Consultores Legales, centrada en asesorar a la industria de juegos de suerte y azar.

En lo relativo a las licencias para lucrar con juegos de azar, Vásquez explica que se otorgan mediante un contrato de concesión, que se rige por las normas de la contratación pública: “Es un sistema que ha funcionado bastante bien en Colombia, pero hay espacios de mejora dentro del reglamento como seguir ampliando la oferta de juegos, para permitir el desarrollo del sector y atendiendo a las nuevas tecnologías, como los Crashs Games, que son juegos de ejecución inmediata. También que se permita no solo al ciudadano, sino al turista en Colombia poder acceder a las plataformas de apuesta autorizadas por Coljuegos”.

Para realizar la fiscalización, la abogada comenta que Coljuegos tiene acceso a una “bodega de datos” donde se cuenta con información de los jugadores, como sus medios de pago, el monto de los premios y los bonos que recibe de las plataformas: “Pueden hacer reportes que son diarios, incluso hay reportes que son por horas y reportes mensuales, que es la base con la que Coljuegos emite la liquidación mensual del impuesto al juego”.

Al funcionar la licencia como un contrato con el Estado, cualquier falta a las obligaciones establecidas puede dar lugar al inicio de un procedimiento por incumplimiento contractual con la imposición de sanciones que consisten en multas. Tras ello “se realiza una audiencia pública en sede oral, donde se busca motivar al operador a que rectifique la obligación no cumplida”, describe Vásquez. En el caso de que cumpla, el proceso termina sin la imposición de una sanción, pero si continúa la falta, se terminará imponiendo una multa.

La abogada señala que hoy 16 empresas cuentan con licencia para explotar juegos online en Colombia, pero que antes había 20: “Tres empresas han salido del mercado; 2 por caducidad del contrato por delito grave de no pago de impuestos y 1 solicitó el término de la licencia por inviabilidad financiera”.

“Que no sea delito no quiere decir que sea legal”

Juan Araya, de Chile, señala que si bien el Ministerio Público no tiene las herramientas necesarias para poder perseguir y condenar a los dueños de los sitios de apuestas en línea, de conformidad con las normas del Código Penal eso no implica que la presencia de los casinos online en el país sea legal.

“Es claro que la actividad de las plataformas en línea es ilegal”, afirma. “Uno podría tener una discusión respecto de si es delito, pero que es ilegal es algo innegable y es lo que la dice la Corte Suprema”, prosigue.

Y da un ejemplo: “Si tú dejas de pagar el arriendo de tu casa, ahí estás violando un contrato y eso es ilegal, pero no es un delito, y ocurre lo mismo en el caso del juego, donde la Corte Suprema ha expresado su opinión en numerosos fallos de que te puedes dedicar al juego y a las apuestas sólo si hay una ley expresa que te autorice”.

Por su parte, el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos considera difícil que la futura legislación sobre juegos de apuestas online de Chile se publique pronto: “Lo malo de eso es que mientras no tengamos legislación, vamos a tener a todas estas plataformas operando en Chile sin pagar impuestos, sin proteger los derechos de los jugadores nacionales, sin tener medidas de protección para los menores de edad, sin que el Estado recaude. No tienes ninguna institución estatal a quien ir a reclamarle ningún derecho, porque estas plataformas no operan en Chile”.

Ida López, de Mendoza, Argentina, opina que a nivel de la industria los sitios en línea cuentan con estándares de protección a los jugadores, pero que la presencia del Estado sigue siendo necesaria: “Es real que toda la industria de los juegos de azar se preocupa por el juego responsable y por cumplir con tales estándares, pero siempre queremos que el Estado esté controlando y regulándolo: para eso somos el Estado”.

“Nosotros somos bien optimistas, porque hoy día, con esta decisión del Ministerio Público, tenemos una gran tranquilidad. Todos los operadores y las plataformas, tanto las compañías que operan como los usuarios, pueden estar absolutamente tranquilos de que no hay absolutamente ningún riesgo”, dice Carlos Baeza, abogado de casinos online.

 
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