Plataformas de apuestas en línea: un nuevo desafío jurídico en Chile

Uno de los tipos de sitios web que más se han popularizado desde inicios de esta década son las plataformas de apuestas en línea, que permiten a sus usuarios apostar en juegos de azar desde la comodidad de sus asientos. Los países han respondido al auge de estas páginas de internet por medio de legislaciones que buscan regularlas, sobre todo porque representan un cambio en el mercado de juegos de apuesta similar al impacto que Uber tuvo en los taxis del mundo.

En países como Colombia, Uruguay, Perú o España ya se ha discutido e implementado normativas que regulan las plataformas de apuestas en línea y la situación en Chile no es distinta. De acuerdo a la Superintendencia de Casinos, actualmente existen aproximadamente 900 plataformas disponibles en el país y de ellas 100 están dedicadas exclusivamente al público local.

“La pandemia fue un gatillante en todo este proceso”, explica Juan Araya, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), y añade que durante ese período muchos de aquellos recintos “estuvieron por más de un año cerrados”.

En marzo, durante la última semana de gobierno de Sebastián Piñera, se presentó un proyecto para regular el juego en línea; sin embargo, la iniciativa no fue discutida en el Congreso hasta agosto, mes en que la Subsecretaria de Hacienda pidió que no se continuara con la tramitación porque el Poder Ejecutivo quería añadirle algunas indicaciones, principalmente para integrarlo en la reforma tributaria.

La situación actual, entonces, es que hasta que no se apruebe la regulación las plataformas de apuestas en línea se encuentran en una posición controversial.

Al otro lado de la moneda se ubican las actividades reguladas por la Ley 19.995, norma que aunque establece que los juegos de azar están por regla general prohibidos y, por lo tanto, cualquier tipo de actuación en esta línea es ilícita, contiene algunas excepciones: los hipódromos, la lotería —Polla Chilena de Beneficencia—, la ley de rifa y sorteos y los casinos.

Estos últimos, señala Araya, cumplen con los estándares legales exigidos, a diferencia de los casinos en línea o los casinos físicos ilegales, los famosos tragamonedas, “que hay en varios lugares de Chile y no tienen ningún tipo de regulación”.

“Hemos venido planteando, como asociación, que el Ejecutivo debe dar señales, porque aquí hay varios elementos involucrados, entre ellos, el tema tributario, ya que estas empresas no pagan impuestos, no queda nada en Chile, a diferencia de lo que ocurre con los casinos del ACCJ, que pagan un 40% de sus ingresos brutos en impuestos”, afirma.

Las consecuencias de esta falta de reglamentación, plantea el abogado, es que se genera una desprotección para los usuarios, “al no existir seguridad jurídica” respecto de si los juegos disponibles en las plataformas funcionan de manera justa o si tan siquiera es posibles ganarlos. Lo mismo sucede, agrega, con la necesidad de que exista una regulación para enfrentar los problemas y efectos de la ludopatía.

“Hay elementos de política pública que hacen que uno se pregunte por qué esta actitud tan pasiva por parte del gobierno”, estima.

La posición de las plataformas

“Esas normas sancionan situaciones distintas, sancionan los que se conocían como ‘los garitos’, que eran casas donde se iba a apostar, pequeños casinos”, plantea Carlos Baeza, socio de Carlos Baeza & Cia., sobre la Ley 19.995.

Su postura, como representante de cuatro plataformas en línea que operan en Chile —Betano (de origen griego), Betsson (sueca), Coolbet (estonia) y Latamwin (registrada en Curazao), es que “hoy en día, sin regulación, ninguna empresa que tenga domicilio en Chile puede ejercer el giro de las apuestas en línea”.

Pese a ello, plantea que no existe ninguna prohibición explícita a esta clase de juegos y que las reglamentaciones que utilizan los casinos presenciales se refieren a materias contenidas en el Código Penal, que no incluye en la descripción de sus conductas, asegura, a tales sitios web.

Además, efectúa una referencia histórica y recuerda que las normas que sancionan los juegos de azar se redactaron en 1875, casi 40 años antes de que el primer casino se autorizara en Chile, lo que ocurrió en 1931. Debido a esto, Baeza considera que el foco de tales leyes se centra en la administración de las apuestas en lugares físicos y que al tratarse de materias penales, lo que “se debe aplicar de manera estricta y no por analogía”.

“Los delitos son los que están establecidos y las conductas que están en el Código, y no otra cosa que se le parezca”, señala. En este sentido, afirma que la única prohibición expresa en la ley chilena contra el juego en línea es el artículo 5 de la Ley 19.995, pero, a su juicio, ella está destinada única y exclusivamente a los casinos presenciales.

¿Cuál es la postura de sus clientes frente a la propuesta que busca regularlos? La opinión general, dice, es que se trata de una buena iniciativa, “muy completa, a diferencia que lo ocurre en la mayoría de los proyectos que tienen su origen en iniciativas parlamentarias, donde los proceso de formación de la ley son bastante más lentos”.

Otro motivo para enfrentar de esa manera el tema es que las cuatro plataformas a las que Baeza representa cumplen con las regulaciones de otras jurisdicciones donde se ha legislado sobre la materia, por lo que cumplir con otra más no sería problema.

“Las compañías que yo represento cumplen con certificaciones y normativas de cada país en que operamos y de organismos internacionales como la Unión Europea, por eso no nos complica, porque vivimos en un mundo regulado”, indica.

En asuntos de publicidad, el abogado menciona que sus representados auspician a equipos de futbol chilenos de primera división, algo que casinos presenciales también han hecho.

“Por ejemplo, el Club Deportivo O’Higgins fue auspiciado principalmente por el casino presencial Monticello hasta el 31 de diciembre de 2021 y ahora el auspiciador principal es Latam Win”, explica y añade que “las plataformas de apuestas auspician a 15 de los 16 equipos de primera división, salvo la Unión Española”.

Además, apunta a que si bien todavía no están reguladas, las plataformas web que representa están certificadas por organismo como Gaming Labs International (GLI), que hacen lo mismo con las máquinas de casinos presenciales para asegurarse de que entreguen los premios y que sus probabilidades de victoria tengan un valor que cumpla con el estándar internacional de casinos.

La opinión de la superintendencia

Por otro lado, Rodrigo Ajenjo, jefe del área de investigación de la Superintendencia de Casinos de Juego, deja en claro la posición del gobierno respecto de estas plataformas en línea: son ilegales en Chile.

“Si miras el proyecto de ley que se ingresó en marzo de 2022, parte de lo que se entiende es que son ilegales. Todo el contexto de la regulación de las apuestas da entender que solo se puede operar con una habilitación expresa y todo lo que opera fuera de eso es ilegal”, precisa.

Y aunque precisa que los sitios web no infringen directamente la ley de casinos, porque esta efectivamente es para aquellos que tengan carácter físico, advierte que existe reserva constitucional sobre los juegos de azar y las apuestas en general.

“El artículo 63 de la Constitución dice que es materia de ley y hay penas aflictivas para aquellos que exploten una casa de apuesta“, comenta y aunque igualmente reconoce que el tipo penal es de 1870 y estaba pensada para apuestas físicas, “nosotros vemos que es extensible a todo y así lo ha entendido el gobierno”.

Lo que sí se puede distinguir, aclara, es que “unos son menos ilegales que otros, que hay distintos tipos de plataformas, que hay algunas, las más grandes e internacionales, que tienen licencias de países regulados de buena manera y probablemente impiden el ingreso de menores de edad, tienen política de juegos responsable, de control de datos personales, pero hay otras que no cumplen con ninguna regulación”.

Otro elemento en la discusión, dice Asenjo, es que la entrega de permisos para la construcción de casinos presenciales tienen por objetivo fomentar el turismo en las regiones, motivo por el cual no se pueden establecer casinos en Santiago, un factor en el sus símiles digitales no intervienen.

“El impuesto al casino queda en la comuna y la región donde se instala el casino, lo que para algunas comunas es una fuente de ingreso importante”, plantea.

Sobre la conformación de la futura ley, asegura que desde la Superintendencia buscan que esta posea ciertas características cruciales, como flexibilidad tecnológica, aspectos tributarios claros, prohibiciones de ingreso, control de publicidad, la forma en que se entregan las licencias, certificaciones internacionales, información de apuestas en tiempo real y que se asegure que estas sean verídicas, para mantener la fe pública.

El campo de juego a futuro

A juicio de Juan Araya, de la ACCJ, resulta fundamental que frente a cualquier eventual nueva legislación sobre plataformas de apuestas en línea, no se termine perdiendo el objetivo que hay detrás del establecimiento de los casinos en Chile respecto al fomento del turismo.

“Debería ser resguardado en la legislación en términos de establecer que no se pierda y, al final del día, no sea todo absorbido por plataformas que van a estar domiciliadas en Santiago y terminarán dejando impuestos solo en la capital”, comenta.

En este sentido, señala que también sería deseable que cuando la normativa sea promulgada se aplique una medida similar a la de Holanda, donde se estableció un periodo de cooling off, es decir, todas las empresas que habían estado operando ilegalmente, y accedieron así a la información de los usuarios, no pudieron aspirar a una licencia sino transcurrido un cierto periodo de tiempo

“Como tenían una ventaja de mercado, no se vieran beneficiadas por haber actuado de manera ilegal”, explica Araya sobre la medida y, agrega, una solución similar “sería una señala muy potente que debería dar el Ejecutivo en este país”.

Baeza, por su parte, asegura que la posibilidad de control que tienen las plataformas de apuestas en línea es más completa y mayor que los casinos presenciales, en temas de trazabilidad y autentificación.

“Hoy, el 95% de las transacciones que se hace en Chile son en línea, por lo tanto, el manejo de la información, en cuanto al seguimiento de quién hizo la transferencia y de dónde vino ese dinero, es casi del 100% . Eso no pasa en los casinos presenciales”, estima.

La futura regulación, añade Ajenjo, debe abordar a todo el espectro de plataformas, tanto a aquellas que cumplen la regulación afuera, y que están más próxima al cumplimiento, como también prohibiendo a las que no tienen interés en legalizarse ni en pagar impuestos.

Y asegura que el desafío final, una vez que esté implementada la ley, será el trabajo de modernización necesario para regular los sitios web, considerando lo complejo que resulta bloquear direcciones de IP, medios de pago que puedan ir apareciendo, y publicidad, que no solo se realiza en medios tradicionales sino que también en redes sociales.

Frente a ese panorama, destaca que en el proyecto de ley se aborden recursos para la Superintendencia, lo que significa aumenta su dotación y presupuestos para capacitación y compra de recursos tecnológicos.

Y aunque sus visiones difieran en varios aspectos, tanto Asenjo como Baeza concuerdan en la mayor capacidad que las plataformas de apuestas en línea ofrecen para recolectar información, ya que todos los datos quedan nominativos. Una posibilidad para controlar ese aspecto, señala el primero, es que los proveedores de internet pueden hacer uso de listas blancas —sitios que permiten acceso— y listas negras —que lo impiden—.

“Eso ocurre en la mayoría de los países en que esto está regulado”, explica, no obstante advierte que para ello se debe contar con una habilitación legal expresa, “porque va contra la vulnerabilidad de la red, pero es parte de las políticas internacionales bloquear ciertos sitios que no cumplen con la legalidad”.

 
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