Senado chileno reactiva reforma al sistema notarial tras polémicas actuaciones

Claudio Soto
csoto@idealex.press

Después de un año y medio de haber sido despachada por la Cámara de Diputados, y tras diversos intentos por ponerla en marcha por parte del Ejecutivo, el Senado chileno decidió retomar uno de los proyectos más esperados y apremiantes en el ámbito judicial, como es la reforma del sistema notarial y registral del país.

Si bien el proyecto había quedado rezagado, entre otras iniciativas, por la discusión que busca procurar un mayor grado de eficiencia del sistema judicial a raíz de la sobrecarga que impondrá el periodo postpandemia, la Cámara Alta –a través de su comisión de Constitución- decidió ponerla en tabla, reactivando así una iniciativa que data de septiembre del 2018 y que hasta ahora no ha logrado generar consensos ni políticos ni técnicos.

La discusión que se ha visto entrampada además por el rechazo que genera en el propio gremio, se da en el marco de una serie de cuestionamientos a la institución encargada de velar por la fe pública como organismo auxiliar de la justicia, ya que en las últimas semanas ha debido sortear sendos cuestionamientos.

Los casos

El primero de ellos, está relacionado con el presunto fraude en registro de firmas del excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, autorizadas ante un notario que se encontraba fallecido; y la segunda, por un complejo caso de estafas –liderada por un abogado- en el que se han visto involucradas al menos dos notarías de Santiago que aparecen certificando mandatos falsos y el cobro de vales vistas con usurpación de identidades, lo que ha develado una falta de control por parte de estas instituciones.

En el caso de la red de estafa, y en la que hay otras 19 personas investigadas por éste y otros delitos como falsificación de instrumento público, privado, apropiación indebida, asociación ilícita y lavado de activos, el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Héctor Humeres señaló a Diario El Mercurio que deben tomarse medidas “que nosotros estamos señalando hace mucho tiempo en el proyecto de ley”.

Según el mensaje original, entre los objetivos del proyecto están: reducir las barreras de entrada y discrecionalidad en los nombramientos; perfeccionar el sistema de fiscalización; aumentar su sistema de competencia; incorporar mejores estándares de transparencia y probidad; y, disminuir la cantidad de trámites que se hacen ante o por un notario.