Renovación del Consejo General del Poder Judicial e impacto de la pandemia marcan inicio del año judicial en España

Poder Judicial de España

El Rey Felipe VI presidió el inicio del Año Judicial.

Claudio Soto, desde España
csoto@idealex.press

Este lunes —con la presidencia del Rey Felipe VI— se dio inicio al Año Judicial en España, marcado por la exhortación a las autoridades políticas para renovar sin más dilación a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuya elección caducó en diciembre de 2018 y que no ha podido ser renovada por falta de acuerdo de los dos principales bloques políticos, el PSOE y el Partido Popular (PP).

El presidente, de este órgano constitucional, colegiado y autónomo, y que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial, Carlos Lesmes señaló que la situación “produce una anomalía” para todo el sistema de administración de justicia, para la que solicitó además una completa modernización orgánica. “La modernización sigue retrasada pese a que la hemos solicitado”, señaló en su discurso y entrega de memoria anual.

Asimismo, puso su foco en los efectos que la pandemia del Covid-19 ha tenido en la judicatura y en los servicios judiciales que, durante el Estado de Alarma, sufrieron la suspensión de los sus plazos procesales y administrativos, pese a lo cual —enfatizó— el Tribunal Supremo, que también preside, logró dictar 800 sentencias y revisar más de 4 mil recursos de casación y revisión.

Lesmes informó que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1 %, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial —la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5 %— “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria”.

Para enfrentar los efectos de la pandemia en la judicatura advirtió de que será necesaria la adopción de medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos.

Un año judicial complejo

En la inauguración del Año Judicial, también dio cuenta de la actividad la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a la cabeza del Ministerio Público de ese país, desde febrero de este año.

La autoridad partió dando cuenta de su quehacer institucional en el marco de la pandemia, cuya tarea se centró en la investigación criminal por la muerte de miles de adultos mayores en residencias. En estas causas —dijo Delgado— su institución ha venido realizando un exhaustivo seguimiento, tanto en el ámbito de la investigación penal como en el de la protección, “dando respuesta a los problemas específicos de los colectivos más vulnerables”, enfatizó.

En su entrega, la ex ministra de Justicia puso el foco en la violencia de género. Se destaca señaló— en 2019 un repunte en la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, un total de 59 frente a las 51 del año anterior, de las cuales tan solo 15 habían formulado denuncia previamente. De ellas, en cinco casos existían medidas protectoras vigentes que el agresor incumplió. Se incide también en el incremento de los asesinatos de menores y de otras personas pertenecientes al vínculo afectivo de la mujer.

Durante 2019, informó, se incoaron un total de 161.082 procedimientos por violencia de género, y se solicitaron 47.260 medidas cautelares, concediéndose el 70% de ellas. “El número de escritos de acusación formulados por la Fiscalía aumentó un 11,2% respecto del año anterior y el 71,3% de las sentencias dictadas fueron condenatorias”, agregó.

Asimismo, puso el foco en los delitos de corrupción. Según su memoria anual, la Fiscalía tramitó durante el año 2019 un total de 72 diligencias de investigación, intervino en 746 procedimientos judiciales y emitió 40 escritos de acusación. “La lucha contra la corrupción política continúa siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal, cuya respuesta penal exige de una exigente formación especializada”, dijo en su discurso.

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