Las claves del presupuesto español para Justicia en 2021

Claudio Soto
Desde España

Uno de los proyectos que han acaparado la atención política durante las últimas semanas, ha sido la presentación por parte del Gobierno del Presidente Pedro Sánchez (España) de la Ley General de Presupuestos del Estado para el 2021, y que el jueves dio un paso trascendental al ser rechazadas en el Congreso las enmiendas impulsadas por el Partido Popular, Vox y otros cinco agrupaciones opositoras, que hubieran obligado a su devolución.

Los presupuestos generales —que arrastran una amplia confrontación política en el país ibérico, que se acrecentó luego de la sentencia del procés en Cataluña y posteriormente con el impacto social y económico que ha tenido el Covid— parece ahora encaminarse a su aprobación, lo que augura los apoyos parlamentarios necesarios para su despacho, antes de fin de año, como desea el Gobierno.

En materia de Justicia —explicaron en la cartera antes de su ingreso al Parlamento— el presupuesto aumenta en 7,6% respecto al presupuesto base de 2020, lo que significa una partida de 2 mil 14 millones de euros para el sector. Asimismo, se informó que se recibirán 410 millones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la recuperación económica de la crisis provocada por el coronavirus.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, señaló a principios de noviembre que los fondos de la Unión Europea permitirán financiar los proyectos del plan de trabajo Justicia 2030, mejorando la actividad jurisdiccional y económica. Del mismo modo, también ha señalado que la no ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación en estos PGE 2021, “resultaría en una rendición de cuentas negativa ante Europa, así como una pérdida de esas partidas presupuestarias”.

Los énfasis

Uno de los puntos importantes para Justicia tiene que ver con su focalización en los llamados “grupos vulnerables”. La cartera informa que el gasto social para estos colectivos será de 110,3 millones de euros, lo que supone un 8,4% más que en el ejercicio anterior. De esta partida, 66,9 millones de euros se destinarán a hacer efectivo el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo cual supone un 13,8% de incremento.

Las partidas más destacadas son los más de 40 millones destinados a juzgados especializados en violencia contra la mujer; los 6,3 millones de euros destinados a las Fiscalías especializadas en violencia de género; los 5,8 millones de Asistencia jurídica gratuita especializada; los más de 2,5 millones de euros dedicados a las Oficinas de Asistencia a Víctimas; o los más de 10,3 millones para las Unidades forenses de valoración integral del Instituto de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, INTCF.

Algunos puntos

Nuevas plazas judiciales: Respecto al capítulo I, relacionado con el gasto de personal, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que aumenta en 99,03 millones de euros, un 6,6% más respecto al año anterior. Este aumento es debido principalmente al Plan de Reactivación de la DA 19 RDL 11/2020, cuyo importe en 2021 asciende a 43,78 millones de euros, así como al incremento retributivo para los funcionarios acordado por el Gobierno. En total se ofertarán 240 nuevas plazas de jueces y fiscales, 1.452 plazas para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia y 25 para la abogacía del Estado.

Reclamaciones por juicios: Respecto al capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, para 2021 el importe es de 141,16 millones de euros un 5,2%, 7,04 millones de euros superior al crédito del año anterior. En este capítulo se incluye, entre otras partidas, la dotación para “salarios de tramitación” por un importe de 15 millones de euros, con lo que se da cobertura a los gastos derivados de las reclamaciones por juicios de despido, cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta transcurridos más de noventa días hábiles desde la presentación de la demanda por el trabajador.

Asistencia jurídica: Para el capítulo IV, de transferencias corrientes, el presupuesto asignado asciende a 65,03 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2%. La dotación prevista para asistencia jurídica gratuita en el ejercicio de 2021 asciende a 49,2 millones de euros, repartidas en 45,5 millones al Consejo General de la Abogacía Española y 3,7 millones de euros al Consejo General de Procuradores.

Digitalización: Por el lado de las inversiones, Capítulo VI, Zapatero ha indicado que se produce un incremento en 22,5 millones de euros. En total se trata de 194,95 millones de euros, de los que el 62% se dedicará a actuaciones relacionadas con la digitalización de la Justicia, 120 millones de euros.

Nueva infraestructura: También se van a destinar 47 millones de euros (24%) a infraestructura y equipamientos, de tal modo que para obras de construcción de nuevos edificios judiciales se destinarán 15,02 millones de euros para obras en Navamoral de la Mata, Manacor, Cáceres, Toledo, Segovia, Badajoz, Vitigudino y Casas Ibáñez. Para obras de rehabilitación y mejora de sedes judiciales se destinarán 12,22 millones de euros, destinados a la Audiencia Provincial de Salamanca y en edificios judiciales de Salamanca, Burgo de Osma (Soria), Ceuta, Toledo, Manzanares y Puertollano (Ciudad Real).

Renovación tecnológica: Para el Plan de inversión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal para la modernización y renovación tecnológica del equipamiento se destinarán 6,2 M€. Para mobiliario de órganos judiciales, fondos de biblioteca y otros equipamientos 6,44 millones de euros y para obras de rehabilitación de edificios históricos afectados al Ministerio de Justicia 1,9 millones de euros.

Organismos autónomos

En lo que respecta a la Mutualidad General Judicial, su presupuesto se concreta en unos 24,5 millones de euros (21,6% de incremento) para prestaciones económicas del mutualismo y algo más de 87 millones (3,3% de incremento) para asistencia sanitaria, lo que supone un incremento global del 6,8% respecto a 2020.

El presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos será de 12,8 millones de euros, un 27% superior al de 2020, que se destinarán en parte a actuaciones como la definición de una estrategia de aprendizaje basada en competencias, la creación de un laboratorio de ideas o el desarrollo y ejecución de un plan de atracción del talento al sector justicia.

Respecto al programa de Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, y en particular a lo presupuestado para financiar las infraestructuras y equipamiento de la administración de Justicia, se contarán con 33,23 millones de euros, para mantener dotaciones, las inversiones ya comprometidas, que continúan ejecutándose, y se pondrá en marcha la construcción de nuevas sedes, al tiempo que apuesta por la rehabilitación de las sedes de órganos judiciales y fiscalías.

Sobre el programa de asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, se destaca que el presupuesto de la Abogacía del Estado para el ejercicio 2021 asciende a 42,06 millones de euros y, lo que presenta un incremento de 6,11 millones de euros que, en términos porcentuales, representa un 17,01% de aumento.