Índice de Percepción de la Corrupción acusa falta de independencia de los jueces en Latam

A finales de enero de 2024 se lanzó la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), que examina la situación de las instituciones públicas en el año 2023.

Los resultados dan cuenta del declive de los sistemas de justicia de cada nación estudiada. Este informe abarca 180 países y son punteados de cero a 100, siendo los países que obtienen puntuaciones altas los menos corruptos. Para llevar a cabo esta medición se utilizan fuentes como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, consultoras privadas y expertos.

Los países a nivel global en general no lograron avanzar en el ranking. Se han mantenido muchos de ellos en un promedio de 43 puntos por 12 años consecutivos y más de dos tercios fue evaluado con puntuación menor a 50.

Pese a esta evaluación en Uruguay, Chile y Costa Rica, los ciudadanos consultados los consideraron como los menos corruptos dentro de la región latinoamericana. Chile destacó por su alto nivel de transparencia, bajando dos lugares en la tabla comparado con el año 2022. TI recalca que es unos de los “países a observar” en este 2024.

Fuente: Transparencia Internacional

Áreas problemáticas

Brasil, México y Honduras, presentaron una situación contraria, donde se caracterizó la facilidad para remover a los jueces por parte de otras entidades del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo interfirió en el Poder Judicial para su respectiva conveniencia.

Asimismo, Venezuela es percibido como el país más corrupto de Latinoamérica por noveno año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción por falta de independencia del Poder Judicial, que se ve afectada directamente en la violación masiva a los derechos civiles, económicos, políticos y sociales por parte del Poder Ejecutivo.

Michael Shifter

Por otro lado, Guatemala muestra un descenso a la posición 23 que es el resultado de tres gobiernos en los cuales se ha puesto en práctica la corrupción. “El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción”, menciona el informe.

Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, se refirió al problema de corrupción a través del diario El Mercurio recalcando que el aumento del crimen organizado ha sido un factor determinante en las instituciones y que muchas veces los sistemas judiciales están politizados, ya que no son independientes.

 
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