Gobierno español pone el acelerador a plan que incluye tramitación de 368 normativas legales

Claudio Soto
Desde España

En la mitad de su periodo, el gobierno del Presidente Pedro Sánchez decidió acelerar la máquina y adelantar su Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado de 2022 (PAN-22), con foco en la recuperación económica y social del país.

A propuesta del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el plan fue aprobado por el Consejo de Ministros que se reúne todos los martes (y también los viernes) en La Moncloa, dando impulso a una batería de 368 propuestas normativas que a su vez contienen 92 leyes y 276 reales decretos.

Queda, sin embargo, en la incertidumbre y prácticamente en el congelador, el qué pasará con la postergada reforma al Código Penal, que rebaja las penas impuestas por los delitos de rebelión, sedición e injurias a la Corona, que tomaron fuerza luego de las sentencias judiciales impuestas a los líderes del llamado procés catalán en octubre de 2019.

El PAN –explican en el gobierno- es un instrumento de la Administración General del Estado que dota de transparencia la acción de gobierno, facilita el control del cumplimiento de los objetivos asumidos, favorece la participación ciudadana al hacer previsibles los plazos de tramitación y dota a los operadores de seguridad jurídica.

“El PAN-22 es la plasmación legislativa de nuestro proyecto de país. Un proyecto con los rasgos distintivos de una socialdemocracia europea y avanzada basada en el refuerzo del Estado de bienestar, la modernización económica y la ampliación de los derechos y libertades. La prioridad del Gobierno es la recuperación justa: acompañar el crecimiento económico de más derechos y libertades”, señaló Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (en la fotografía).

Prioridades

Entre las normas que forman parte del PAN-22 destacan proyectos en materia de transformación digital, cohesión social, igualdad de género y la llamada transición ecológica.

Transformación digital

-Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las comunidades autónomas y los trámites administrativos para nuevos proyectos.

-Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.

-Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.

-Real decreto por el que se desarrolla el estatuto del startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.

Cohesión social y territorial

-Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.

-Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.

-Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.

-Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.

-Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.

-Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.

Igualdad de género

-Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

-Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.

-Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

-Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.

Transición ecológica

-Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común.

-Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.

-Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.

-Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

-Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.

Otro bloque de normas –explican en La Moncloa- se centra en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la ley de transparencia.

Fotografías: Gobierno de España/ Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.