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miércoles, 24 de abril de 2024

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Funcionarios judiciales se encierran en el Ministerio de Justicia de España

La disputa por mejoras salariales de los funcionarios de la administración de Justicia recrudece con esta medida de presión. El Ministerio de Justicia, liderado por la abogada Pilar Llop, señala que retomarán las conversaciones una vez despejadas las elecciones generales del próximo 23 de julio en el país. Se estima que la movilización ha impactado la vista de medio millón de causas.

- 9 junio, 2023

Claudio Soto, desde España. En punto muerto se encuentran las negociaciones entre los funcionarios de la Administración de Justicia de España y el Ministerio del ramo de ese país, luego que el denominado “Comité de Huelga” que agrupa a sus sindicatos, decidiera de manera inédita encerrarse en la propia repartición en Madrid, en el marco de una huelga que se inició progresivamente el pasado 17 de abril por mejoras salariales de hasta 430 euros mensuales.

Ministerio de Justicia de EspañaAntonio Julián Rodríguez

De acuerdo a los funcionarios, la decisión de encierro —que fue antecedida por marchas y protestas en la calle— se da después de la que calificaron una “infructuosa reunión” con el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, a quien desestimaron como interlocutor válido para las negociaciones.

Los sindicatos acusan que los incrementos para el sector significarían desembolsar unos 47 millones de euros para los más de 8000 miembros de la carrera judicial y fiscal, y otros 22 millones de euros para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Las cifras, en su opinión, serán insuficientes.

Justicia responde

Ante la medida de presión, que ha dejado según cifras extraoficiales unos 500.000 juicios suspendidos, la cartera de la ministra Pilar Llop, informó de “su compromiso a continuar el diálogo”, pero para después del periodo electoral que suponen las elecciones generales adelantadas para el 23 de julio.

Ministerio de Justicia de EspañaPilar Llop, Ministra de Justicia España

En un comunicado público, el Ministerio de Justicia explicó que la reciente convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha generado el decaimiento de todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitación parlamentaria. Uno de ellos es el Proyecto de Ley Orgánica (PLO) de Eficiencia Organizativa, al que se vinculaba la convocatoria de la actual huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.

Por esta causa, “convocadas las elecciones generales que darán lugar a una nueva legislatura, el Ministerio se ha comprometido a negociar el nuevo Anteproyecto de Ley, con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno. Esta oferta ha sido rechazada por los representantes sindicales, sin mediar siquiera consulta previa a sus bases, negando cualquier opción de diálogo constructivo”, enfatizaron.

Acusación

El viernes, y ante la imposibilidad de avance, los sindicatos presentaron una denuncia en contra de la ministra Llop y el Secretario Rodríguez, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, por un presunto “incumplimiento de la obligación a negociar” de las autoridades.

“El incumplimiento de su obligación de negociar por el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables es un acto contrario a derecho y realizado a sabiendas de su ilegalidad”, señalaron sus voceros a los medios de comunicación.

Tras los acuerdos alcanzados hace algunas semanas por el Ministerio con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que también se habían movilizado, los funcionarios exigen mejoras salariales de hasta 430 euros al mes así como la negociación de cualquier ley que afecte a sus condiciones de trabajo.

Los sindicatos lamentaron que la cartera de Justicia solo haya ofrecido el compromiso de negociación del reconocimiento de funciones con incremento retributivo con el nuevo gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio, catalogando la propuesta como una “burla” y “absolutamente insuficiente”.

Desde el Ministerio de Justicia de España, en tanto, lamentan el grave perjuicio que se está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector justicia, al mantener una huelga a 47 días de unas elecciones generales, “en un contexto en el que se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído”, señalaron.

 

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