Colegio de Abogados de Chile emitió una declaración pública por filtraciones desde las fiscalías

S. Martin

La historia es así: un abogado colegiado solicitó la opinión del Colegio de Abogados de Chile, «en relación con el reiterado problema que se presenta cuando Fiscales del Ministerio Público entregan a la prensa escritos judiciales antes de su presentación formal en los tribunales de justicia».

El Consejo General de la entidad analizó el caso y resolvió hacer una declaración pública, ya que «excede al caso particular presentado» por el solicitante.

Para la Orden, el Código de Ética vigente no sólo rige el quehacer profesional y la conducta ante los demás intervinientes de un proceso, sino que rige también las relaciones de los abogados con los medios de comunicación.

«La regla básica de comportamiento ético impide al abogado interactuar con los medios de comunicación social si ello tiene por objeto entregar información concreta y especializada en casos en actual tramitación (salvo el derecho a rectificación de información previa)».

Ministerio Público

Filtraciones: juzgamiento público

La declaración pública destacó que «la imparcialidad en el juzgamiento es una manifestación del principio de legalidad» y que la opinión pública mirará con desconfianza las resoluciones judiciales que se adopten si ellas no están alineadas con ese juicio previo proveniente de las filtraciones.

De esta manera, en vez de que los jueces trabajen en un contexto de neutralidad, «deberán soportar presión y cuestionamiento público si es que resuelven estos casos de manera contraria al juicio público previamente instalado».

El Colegio instó a que se tomen todas las medidas administrativas que sean necesarias para investigar los hechos que fueron expuestos en la denuncia que motivó la declaración. Además, sostuvo que deben aplicarse «las sanciones que procedan para evitar que éstos se repitan».

Por último, reiteró que todos los miembros del Ministerio Público tienen la obligación de observar las normas de su propia Ley Orgánica, así como las del Código de Ética Profesional, que, como lo ha declarado la Corte Suprema, rige a todos los abogados, independiente de si están o no afiliados a algún colegio profesional.