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jueves, 25 de abril de 2024

internacional

Expertos analizan consulta sobre libre competencia en Perú y entregan claves para avanzar en el área

Independencia del Indecopi del Poder Ejecutivo, y un proceso administrativo que brinde garantías y absoluta imparcialidad, son los grandes desafíos.

- 31 enero, 2022

Amplia difusión en círculos jurídicos y económicos de Perú y gran parte de Latinoamérica dejó la primera consulta sobre Libre Competencia para ese país que, a fines de enero, realizó la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

El instrumento –que incluyó en su metodología consultas a reputados abogados y ex autoridades en 4 áreas (institucionalidad, telecomunicaciones, mercados digitales, y control de operaciones de concentración empresarial)— develó una valoración positiva amplia de las instituciones públicas en la materia, y en especial de la labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Consulta de libre competencia revela satisfacción, pero abogados piden mayor autonomía para Indecopi

Sin embargo, los encuestados también plantearon desafíos urgentes, como, por ejemplo, mayor autonomía del organismo, una modificación de la ley que sanciona penalmente las conductas anticompetitivas, centralizar la aplicación de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas en el Indecopi; y mejorar la estructuración entre los plazos y competencias de las autoridades. Preocupa también la baja evaluación del Poder Judicial en el área.

Importancia de la evaluación

Todos los consultados por Idealex.press valoraron la medición, ya que —opinan— permitiría entregar potentes señales, especialmente en 2 puntos claves: cómo está funcionando y el grado de independencia política de la institucionalidad, más la seguridad y certeza jurídica que se le entrega a inversores y actores de mercado.

Ricardo Jungmann

“Contar con instrumentos que muestran la evaluación de la institucionalidad de libre competencia es fundamental por al menos 2 aspectos. Primero, porque permite evaluar el funcionamiento de la misma y compararla con otras instituciones similares, identificando si es que existe o no una institucionalidad robusta y valorada por la sociedad”, señaló Ricardo Jungmann Davies, abogado y director del Programa de Libre Competencia de la Facultad de Derecho PUC.

única instancia IndecopiPierino Stucchi

Sobre este punto, el abogado Pierino Stucchi, socio principal del estudio Muñiz y director de la Facultad de Derecho de la Universidad ESAN (Perú) también destaca el mérito del estudio de la PUC, en su relación que tiene con lo que pide reforzar en sus reportes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “La OCDE, cuando emite sus reportes, lo hace con un lenguaje diplomático, muy cuidado. Lo que hace la encuesta es poner en voz de los expertos y operadores lo que falta por cumplir en el área para disminuir las brechas”, señala.

Claudia Choqueneira

“Los resultados de la consulta técnica coadyuvan a la evaluación de la performance institucional de nuestras autoridades. Los economistas somos enfáticos en la necesidad de contar con un adecuado marco institucional para el crecimiento y desarrollo económico, de manera que se aprovechen las ventajas del libre mercado y dinámicas de la competencia”, señala a su vez Claudia Choqueneira Torres, profesional del Programa de Libre Competencia de la PUC y especialista en el área, quien trabajó en el reporte junto al mismo Jungmann, además de los consultores Richard Peña Burgos , y John Henriquez O. 

Autonomía del Indecopi

En un punto en que la gran mayoría concuerda es en la necesaria independencia que el Indecopi debe tener del Poder Ejecutivo, al estar adscrito actualmente al Consejo de Ministros.

“No resulta admisible que el Indecopi dependa del centro político. Necesita de autonomía constitucional, tal como el Banco Central de Reserva del Perú, y en donde su Consejo Directivo, sea elegido por mérito y trayectoria. Necesitamos a la autoridad alejada del poder político”, recalca Stucchi.

“Recientemente, se le otorgó al Indecopi la facultad de controlar preventivamente las operaciones de concentración empresarial a través de la Ley N° 31112. Sin embargo, los resultados de la consulta técnica advierten la necesidad de otorgar mayor autonomía institucional al Indecopi, para evitar que las influencias políticas afecten el buen desempeño técnico de nuestras autoridades”, agrega Choqueneira Torres.

Poder Judicial e imparcialidad en el proceso

Tal como ocurre en la gran parte de los países de Latinoamérica, la evaluación del Poder Judicial también es deficiente, por lo que los entrevistados sugieren políticas de cambio. Lo mismo ocurre con los estamentos administrativos que deben resolver sobre infracciones a la libre competencia.

“Las estadísticas nos muestran que, en varios países de Latinoamérica, los tiempos de resolución de las materias sometidas a su decisión pueden ser excesivamente largos. Y ello, naturalmente, ocasiona perjuicios para los agentes económicos, especialmente teniendo en consideración que los mercados son cada día más dinámicos y se requiere de certeza jurídica”, advierte Ricardo Jungmann.

“Hay un factor que no ayuda a la percepción del Poder Judicial y es que la primera instancia (judicial), que revisa lo que ha resuelto el Indecopi, tiene demasiada deferencia con el organismo. En general, se encuentra motivado a confirmar las decisiones. Lo ideal es que la primera instancia sea, por ejemplo, la Corte Superior”, explica Stucchi.

Sin embargo, la consulta además develaría un problema medular: una falta de imparcialidad del órgano administrativo, añade.

“Este es el aspecto más grave en el Indecopi. El que investiga y acusa se llama secretaría técnica (dirección de competencia), y quien toma la decisión es una comisión de 4 profesionales. Después de la acusación, esta secretaría se reúne con la comisión para ilustrarle sobre la infracción, y eso es un grave atentado al principio de imparcialidad”, enfatiza Pierino Stucchi.

En términos más amplios —reconocen los expertos— es necesario avanzar en varios desafíos institucionales, tal como lo revela la consulta. “No bastan las disposiciones normativas para preservar la libre competencia en nuestro país”, concluye Choqueneira.

Fotografías: cedidas por los expertos consultados.

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