España: amplio trabajo legislativo, pero con tareas pendientes en Justicia

A pocas horas del fin de año, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio cuenta de los avances de su administración en distintas áreas, develando un amplio trabajo legislativo, pero con muchas tareas pendientes para el ámbito judicial.

En su informe de rendición de cuentas denominado “Cumpliendo” — que analiza la evolución de los compromisos del ejecutivo desde que fuera investido por parte de un grupo de expertos interdisciplinarios— destacan al menos 12 anteproyectos de ley, 2 Proyectos de Ley Orgánica, y la aprobación 34 Reales Decretos-Ley destinados principalmente a hacer frente a los efectos de la pandemia.

Dentro de las tareas que parecen en punto muerto están la renovación del Consejo General del Poder Judicial —entrampada en la discusión política—; y a raíz de la realidad sanitaria, un plan específico y propio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud que reclama con urgencia la Asociación de Fiscales.

Avances

En el primer semestre de 2021, coincidiendo con el cumplimiento de un tercio del tiempo del mandato, el Gobierno prevé haber completado importantes proyectos sobre los que había adquirido compromisos, hasta completar el 32,6% del total.

Según el Presidente Sánchez, el Plan de Ciberseguridad será aprobado en estos meses, así como los anteproyectos de las leyes generales de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual, suponiendo un importante impulso en el eje de la España Digital.

En relación con materias de transición ecológica, se pueden señalar el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados y la futura Ley de Movilidad, que incluirá la creación de un Sistema Nacional de Movilidad, informa el gobierno.

Por otro lado, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual. Igualmente, se está trabajando para modificar la legislación frente a las agencias que ofrecen la práctica de vientres de alquiler, así como el Plan España te protege contra la violencia machista y la Estrategia Nacional de Violencias Machistas.

En relación con la España cohesionada e inclusiva se va a aprobar, de forma inminente, la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Además, se está trabajando en el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, en una nueva Ley de Formación Profesional, una Ley de Diversidad Familiar, la primera Ley Estatal de Vivienda.

En tanto, en la Estrategia España Nación Emprendedora, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y se está trabajando en la Estrategia para el Reto Demográfico. Por último, se ha ampliado el plazo de instrucción de causas criminales y se está trabajando en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

Coyuntura política

En el capítulo de balance político, Sánchez recalcó la intensidad de la actividad legislativa del actual Gobierno. “Hace dos años y medio, España inició un cambio de ciclo político que, entre otras cosas, supuso poner fin a la época más pobre en producción legislativa de la historia de nuestra democracia”, señaló.

Según el Presidente, la actividad responde tanto a la necesidad de acometer las reformas y transformaciones que España necesita como a la llegada de la pandemia a principios de 2020. Respecto a este último punto, Sánchez expuso que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno remitió a las Cortes Generales 10 proyectos de Ley y 2 Proyectos de Ley Orgánica, y se logró la aprobación de 34 Reales Decretos-Ley en Consejo de Ministros.

Renovación del CGPJ

Uno de los puntos más álgidos en la administración de Justicia, es el punto muerto en que se encuentran las tratativas para retomar los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, al que se suman el Tribunal Supremo y el Defensor del Pueblo.

Cabe recordar que, a mediados de octubre, los grupos parlamentarios de coalición (PSOE y Unidas Podemos) —con el fin de acelerar los cambios y hacer más expedita su tramitación— presentaron ante el Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que generó amplias repercusiones no sólo en los círculos políticos, sino que también en el seno de los propios magistrados.

La norma busca restringir las funciones del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano para que no pueda nombrar cargos judiciales.  Para ello, aplica ajustes a los quórums para que, en una segunda votación, pueda superarse el veto o bloqueo actual de nombramientos.

Ante un posible avance de la iniciativa, el Pleno del CGPJ acordó por amplia mayoría a mediados de este mes pedir al Congreso que le solicite informe sobre la proposición de ley de reforma, instando además a la Cámara baja a recabar la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.

“Esta decisión (la reforma) dinamita por completo nuestro Estado de Derecho. Los políticos no pueden elegir a los jueces; deben ser los jueces quienes elijan a los jueces” señaló Cristina Dexeus, la presidenta de la Asociación de Fiscales, entidad que se opone a un posible control del Poder Judicial.

Seguridad de Fiscales

Este mismo gremio, en carta al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también aboga por mejorar la seguridad sanitaria de los fiscales ante la gran cantidad de causas que han debido asumir a consecuencia de la pandemia que ha vuelto a recrudecer en el país

“El colectivo de fiscales carece a día de hoy de un plan específico y propio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud en clara vulneración del mandato constitucional recogido en la Constitución Española y desarrollado en la Ley 31/1995”, señala la Asociación.

Entre otras demandas, los fiscales piden diseñar un protocolo sobre aspectos de prevención de riesgos profesionales en el actual contexto de emergencia y crisis sanitaria que contemple una Guía de buenas prácticas para la actividad laboral de fiscales y la adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios de COVID-19 en las sedes de Fiscalía con previsión de medidas tanto individuales como colectivas.

La cuenta pública del gobierno español en:

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/1Cumpliendo_Dic20_Informe.pdf

Fotografía: Palacio de La Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.