Drones y privacidad: aún falta por discutir y legislar

Josefa Soto

Durante los días domingo 17, lunes 18 y martes 19 de febrero en California, Estados Unidos, se desarrolló 4th Silicon Beach Conference, organizada por la International Bar Association, donde expertos discutieron sobre compliance, inteligencia artificial, inversores estratégicos y drones.

Entre las sesiones del congreso, destaca la que abordó los problemas de regulación, privacidad y propiedad intelectual de las compañías que utilizan y desarrollan tecnologías de drones, que llevó el nombre «La invasión de los drones».

Los speakers encargados de discutir el tema fueron cuatro empresarios y profesionales que ocupan cargos de autoridad en empresas que desarrollan u ocupan este tipo de dispositivos:

– Callie Mortimer, Directora de Desarrollo de Negocios en FlightWave Aerospace Systems, quien tiene experiencia en la gestión de clientes a escala global en los sectores de energía y tencología;
– Andrew Fox, Director de Operaciones de HANA Resources, y piloto remoto UAS certificado por la FAA.
– El Dr. Iain Kerr, Director Ejecutivo de Ocean Alliance, quien ha promovido el uso de drones en sus investigaciones sobre ballenas;
– y Jonathan Nutzati ingeniero aeroespacial y empresario.

Más y más drones

En efecto, los drones año a año presentan un crecimiento de comercialización que trasciende países y, por lo mismo, su correcta regulación genera preocupación.

En 2016, el New York Times escribió un artículo que versa sobre el uso de esta tecnología por parte empresas y emprendimientos para optimizar sus investigaciones y servicios. «Los drones comerciales analizan las catástrofes, recopilan noticias, supervisan sitios en construcción y representan uno de los sectores tecnológicos de crecimiento más rápido», explicó en la nota, Lisa Ellman, socia de la oficina de Washington del despacho legal Hogan Lovells.

Un artículo de El Mercurio, de 2018, asegura que la tasa de crecimiento anual en la comercialización de drones en Chile estaba, en ese entonces, en torno a un 60%, según aseguraban los mismos participantes de la industria (la nota cita al gerente general de DJI Store Chile, una marca importadora de drones).

Cabe destacar que ese mismo país fue pionero en legislar en la materia ya que cuenta desde 2015 con una normativa que regula el uso de esta tecnología en los espacios públicos. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, son varios los abogados que piensan que aún falta por avanzar y regular.

Videovigilancia y privacidad: Consideraciones en torno a los casos Globos y Drones

De hecho, en diciembre del año pasado, la Revista Chile de Derecho y Tecnología publicó un paper del abogado de la Universidad Mayor, Samuel Malamud Herrera, que analizó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en dos casos en que entraba en conflicto la videovigilancia por parte de dos municipios (Las Condes y Lo Barnechea) y, por lo tanto, la seguridad, y el derecho a la privacidad de la ciudadanía.

Ambos proyectos generaron preocupación de algunos vecinos que, junto a ONGS, presentaron recursos de protección para que las cortes se pronunciaran acerca de la eventual afectación de derechos garantizados en la constitución. En ambos casos las cortes desecharon la existencia de actos ilegales o arbitrarios que afectaran a la privacidad.

El paper presenta un análisis critico de las sentencias dictadas, resultadas las consecuencias que pueden desprenderse de la doctrina que adoptaron las cortes a propósito de las solicitudes de protección. Malamud concluye que el sistema jurídico no fue capaz de resolver la tensión entre seguridad y derecho a la privacidad:

«Explican tal situación la falta de adecuada y completa regulación legal; pero solo en parte, puesto que, como se ha señalado, nuestro ordenamiento constitucional y legal no recluye el concepto de privacidad a un ámbito espacial determinado; y reconoce, en parte, la importancia del rol de los principios de legalidad y de proporcionalidad como límites de actuación de los poderes públicos», se lee en su trabajo.

Agrega que el control judicial le parece insuficiente, que trivializa principios «donde debieran significar la última barrera de protección de la persona ante injerencias no deliberadas democráticamente y que no parecen razonables». Propone que ante la amenaza de intromisión de la tecnología, la justicia debiese ser capaz de oponer un concepto de privacidad «robusto».

Drones, privacidad y regulación

Este es un claro caso donde entran en disputa la privacidad, la seguridad y la regulación de estas herramientas tecnológicas por parte de instituciones públicas, pero, lo cierto, es que son cada vez más las compañías, empresas y organizaciones que también utilizan los drones para hacer más eficientes sus servicios, o investigaciones.

El abogado asociado de Barros & Errázuriz, experto en materias de Tecnologías y Telecomunicaciones, LL.M. del University College de Londres y Master en Derecho Regulatorio de la UC, Andrés Rodríguez Ariztía, también escribió en una columna para Idealex.press, al respecto.

En la ocasión comentó que «en materias vinculadas con el uso de tecnologías la regulación debiese ser siempre neutra y, en lo posible, flexible en sus parámetros. Debe, por lo mismo, ser utilitaria y reaccionaria y no pretender adelantase a la tecnología, por cuanto ha quedado demostrado, una vez más, que esta avanza a pasos agigantados y que el regulador no puede ni será capaz de adelantarse a ella».

 
También te puede interesar:

– Drones, privacidad y regulación
– Quieres ejercitarte… y tu gimnasio te exige datos biométricos para entrar
– Grabaciones ocultas: aprobadas y cuestionadas