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sábado, 4 de mayo de 2024

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Doble condena: delitos intracarcelarios reciben escasa sanción

Paula Medina y Jörg Stippel, profesores de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central (Chile) conversan sobre las muchas deficiencias en la investigación de delitos intracarcelarios, que vulneran la garantía del debido proceso de las personas privadas de libertad, poniendo en riesgo la confianza en el sistema judicial y, finalmente, su reinserción y la seguridad pública.

- 28 septiembre, 2023

 
En 2021, Jörg Stippel, miembro del claustro doctoral de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, se adjudicó un fondo concursable estatal Fondecyt Regular junto a Paula Medina, psicóloga y directora del Magíster en Sistema Penal, para investigar sobre las características que inciden en la eficacia de la persecución de delitos intracarcelarios y la protección de sus víctimas y testigos.

Jörg Stippel es doctor de la Universität Bremen, mientras que Paula Medina es magister en Criminología de la U. Central.

Tras 2 años de estudio en el marco de la línea de investigación sobre Derecho Penal y Criminología del Doctorado en Derecho U. Central, ambos académicos conversan sobre uno de los principales hallazgos del proyecto: existe un trato diferenciado en la forma en que se investigan ilícitos como homicidio, lesiones y delitos sexuales al interior de las cárceles en comparación a los cometidos en el resto del territorio nacional.

“La evidencia muestra que la probabilidad de ser víctima de un homicidio dentro de la cárcel es hasta 10 veces mayor que ser víctima de un homicidio en un medio libre. Sin embargo, los niveles de impunidad respecto de la investigación, el esclarecimiento y la condena de estos hechos es muchísimo más alta que en los delitos que se comenten en la sociedad en general”, explica la académica.

La sociedad ha naturalizado la violencia que existe al interior de la cárcel, pero cada acto de violencia constituye un hecho delictivo, dicen.

Investigación independiente e imparcial

Jörg Stippel hace hincapié en la constatación del hecho de que los reclusos también son víctimas de delitos graves, cometidos “entre personas privadas de libertad y desde los funcionarios de Gendarmería en contra de estas personas”. No es legal que un recluso apuñale a otro o que un funcionario los agreda, añadió.

Los investigadores también detectaron que el índice de delitos con imputados desconocidos al interior de las cárceles es muy superior.

Según indica el académico, si una persona que es apuñalada en la vía pública o en su hogar, por ejemplo, lo habitual es que la Policía Nacional de Investigaciones de Chile (PDI) recolecte los medios probatorios. Sin embargo, si esto ocurre en un recinto penitenciario, quien toma esta función es un gendarme, miembro de una institución que está mandatada para vigilar y garantizar la seguridad de los reclusos, no para investigar.

Y agrega: “¿Qué dice la normativa internacional? Obviamente, quienes investigan hechos delictivos tienen que ser independientes e imparciales. Esto no ocurre en los delitos intracarcelarios”.

Gendarmería de Chile

Otra de las reflexiones que se hicieron en la instancia fue el olvido del que es objeto Gendarmería de Chile —antes, Servicio de Prisiones— por parte del Estado, quienes tienen condiciones de trabajo y remuneraciones deplorables, en un trabajo que pone en riesgo su seguridad e incluso la de sus familias, quedando sometidos a un fuerte stress.

Si bien los fiscales, las fuerzas policiales y los gendarmes no contarían con la especialización necesaria para investigar este tipo de delitos, en el caso de los últimos, ello ni siquiera forma parte de su función.

“Se requiere un organismo independiente que investigue estos delitos, que no sean miembros de la misma Gendarmería quienes tomen declaraciones a las víctimas ni que el eventual victimario sea quien recolecte los medios de prueba”, apunta Medina.

Además, ello tendría que complementarse con una optimización de la formación y las condiciones laborales de los gendarmes y del equipo técnico, que debiera ser el que operara al interior de la cárcel.

Deficiencia de alto costo

Paula Medina y Jörg Stippel constataron también que la magnitud de la población carcelaria incide en el número de hecho delictivos al interior de los recintos: entre menos reclusos habiten en un espacio, mayor es el control, mientras que en dependencias con una gran cantidad de población penal, se cometen más delitos.

En este sentido, un hallazgo significativo fue que la inversión en cárceles más grandes por razones de tecnología de vigilancia e infraestructura no tendrían un impacto significativo, esto es, sería más costoso contar con un sistema carcelario deficiente, en términos de ilícitos y capacidad de reinserción de los internos.

Doctorado en Derecho U. Central

La línea de investigación sobre Derecho Penal y Criminología busca desarrollar investigaciones en Derecho que consideren sus dinámicas históricas, culturales, macro y microsociales, para contribuir así al conocimiento y transformación de los sistemas normativos.

Si deseas más información, revisa este enlace.

 
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