Con 17 postulantes parte carrera por dirigir la Fiscalía Nacional de Chile

Claudio Soto
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La carrera por la conducción de la Fiscalía Nacional de Chile entró el lunes en tierra derecha, luego que la Corte Suprema de este país informara que finalmente 17 serán los postulantes para suceder al abogado Jorge Abbott -quien cesó en el cargo al cumplir la edad tope de 75 años- y dar un nuevo impulso al organismo, encargado de la persecución criminal y la protección de víctimas y testigos dentro del proceso penal.

La tarea no es fácil, ya que quien lo logre deberá modernizar en un plazo de 8 años, a un organismo duramente criticado por la escasa tasa de esclarecimiento de los delitos cuando no hay un imputado conocido, su manejo de los casos vinculados a la política, más cuando es el Senado el que debe ratificar el nombre elegido por el Presidente de la República dentro de una quina enviada por la Suprema, y la poca celeridad y resultados en causas vinculadas al llamado «conficto mapuche» en el sur del país o la operación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Se trata de 11 abogados y 6 abogadas, dentro de los cuales destacan fiscales regionales en ejercicio, fiscales adjuntos, profesionales de otros organismos públicos y de estudios jurídicos privados.

Las 6 abogadas

Marta Herrera Seguel, vocera del organismo, quien es la actual directora de la Unidad de Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.

Nelly Salvo Ilabel, ex directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía y actual jefa de división de Secretaría General de la Contraloría General de la República.

Patricia Muñoz García, ex fiscal especializada en delitos sexuales en el organismo y actual Defensora de la Niñez.

Erika Maira Bravo, ex fiscal adjunta en la Región Metropolitana (Santiago) y actual gerenta de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.

Karinna Fernández Neira, especialista en Derechos Humanos y actual asesora del Forest Peoples Programme del Reino Unido.

Nayalet Mansilla Donoso, ex fiscal adjunta de Concepción, y actual Fiscal Regional del Ñuble.

Los 11 abogados

Eugenio Campos Lucero, ex abogado de la Fiscalía Militar y actual Fiscal Regional de Magallanes.

Rodrigo Ríos Álvarez, ex fiscal adjunto en la Región Metrolitana, y actual socio del estudio Picand & Ríos.

José Morales Opazo, ex jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad en la Región Metropolitana (zona centro norte) y actual fiscalk adjunto en el mismo organismo.

Emiliano Arias Madariaga, ex fiscal en Rancagua, y actual Fiscal Regional de O¨Higgins.

Cristián Vargas Méndez, ex funcionario del Sevicio de Impuestos Internos y actual socio del estudio BDO Chile.

Esteban Celis Vilchez, ex funcionario de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y actualmente profesional de litigación en el estudio ARVW.

Ricardo Peña Fighetti, fiscal en Santiago Centro y actual fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Ángel Valencia Vásquez, ex subcoordinador para la instalación de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia y actual profesional en el estudio Amenábar & Valencia.

Iván Pavlov Peric, abogado de libre ejercicio de la prodesión y actual asesor jurídico en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta.

Carlos Palma Guerra, ex fiscal en Talca, Concepción y Coronel y actual Fiscal Regional de Aysén.

Juan Meléndez Duplaquet, fiscal regional en los Ríos y en Magallanes, y actual Fiscal Nacional suplente.

Procedimiento

De acuerdo a lo informado por la Corte Suprema, los 17 postulantes deberán exponer ante el tribunal sus ideas para dirigir la Fiscalía Nacional, después de lo cual cada ministro y ministra deberá votar por 3 nombres. Las 5 primeras mayorías conformarán la quina que será enviada al Presidente de la República, Gabriel Boric, quien nominará un nombre, el que luego deberá ser ratificado (a) por el Senado con un quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio, en sesión especial.

Señala la Constitución que si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.