Clínicas jurídicas universitarias trabajan con fuerza apoyando a inmigrantes

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Pierina Cavalli

Entre 1995 y 2014, los hijos nacidos en Chile de padres extranjeros fueron inscritos como «hijo de extranjero en tránsito» (HET). Como tal, no cuentan con cédula de identidad chilena y son apátridas, por lo tanto, sin acceso a derechos y beneficios, como por ejemplo obtener un contrato de trabajo, salir o entrar al país, o tener una cuenta corriente. A partir de 2014, se corrigió esa interpretación y se considera a todo niño nacido en Chile como un ciudadano más. ¿Pero qué sucede con esos niños nacidos entre esos 19 años?

Acorde a la Constitución, todo menor nacido en territorio nacional es chileno. Solo existen tres excepciones a esta regla: tripulantes aéreos (azafatas y pilotos), diplomáticos y turistas. Sergio Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración, explicaba en Las Últimas Noticias que “en algún momento del año 1995, surgió una interpretación administrativa que decía que también eran extranjeros transeúntes aquellas personas que no tenían residencia regular”. Esta acepción generó que los hijos de personas sin sus visas al día, no calificaban como chilenos, sino como HET.

El 11 de marzo de 2014 se corrigió esta lectura de la Constitución y hace un par de meses las Clínicas Jurídicas de Migrantes de las Facultades de Derecho de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado comenzaron a trabajar para mejorar la situación.

Junto a organismos del Gobierno y distintas organizaciones como el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), estas dos universidades buscaron llegar a los cerca de 3.500 niños y jóvenes entre 2 y 21 años que fueron los afectados por esta condición, para ayudarlos a obtener la nacionalidad chilena, en un trámite gratuito (en el que solo deben pagar el costo de la cédula de identidad).

Para que la situación de los menores hijos de inmigrantes sea completamente regularizada, falta fijar una norma en la Constitución, para evitar así que con un cambio de gobierno el criterio cambie y vuelva atrás: se espera que el proyecto de ley esté listo en las próximas semanas.

El panorama general

La encuesta Casen de 2015 entrega una cifra de 465 mil inmigrantes en Chile. Sin embargo, según el Anuario Estadístico 2005-2014 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, ya había 411 mil en 2014.

Las cifras son similares, pero la segunda corresponde sólo a los inmigrantes con permiso de permanencia definitiva, y deja fuera unos 200 mil migrantes con visas temporales de distintos tipos más un número indeterminado de extranjeros que residen irregularmente en el país.

Las autoridades estiman que una cifra realista estaría entre los 700 mil y 800 mil personas inmigrantes, quienes en ciertas regiones de Chile llegan a alrededor de un 10% de la población.

“La política migratoria debe abarcar tanto los objetivos y regulaciones migratorias como una visión clara acerca de la integración de los inmigrantes. Las necesidades y la capacidad de integración de una sociedad dada deben ser factores determinantes de los volúmenes y composición de la inmigración que se busca promover. No tiene sentido discutir la regulación del flujo migratorio, sin esclarecer previamente su utilidad y formas de integración. Ello ha ocurrido en Europa, donde finalmente el fracaso de la integración, con la formación de guetos y fuertes conflictos interétnicos, ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de fuertes movimientos antiinmigración”, dice Mauricio Rojas en su columna “Principios para una política migratoria integral” publicada en el diario Pulso.

Sin embargo, a pesar de los grandes cambios que se han visto en el último par de años, donde la llegada de inmigrantes se ha hecho evidente en la capital y en ciudades del norte del país, no es tan grande como podría parecer. “Creemos que el número de inmigrantes aún es menor en Chile, ya que comparado con otros países de la OCDE, el país tiene los porcentajes más bajos, mientras el resto tiene sobre 10%”, dice Delfina Lawson, Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.

“Migrar es un derecho y falta bastante para que el Estado promueva leyes de migraciones y políticas públicas”, añade.

Entre las obligaciones pendientes del Estado en esta materia, dice Lawson, está la creación de un Servicio Nacional de Migración, que puedan acceder a las mismas garantías que tienen los chilenos en el sistema judicial y que se respete la diversidad cultural.

“Chile es el único país de la región que no ha modificado su ley de migración en el último tiempo, por lo que está más atrasado al respecto, que países como Brasil y Colombia. No puede ser que las políticas de migración dependan del gobierno de turno, si están a favor o en contra de ésta. Eso hay que cambiarlo en la Constitución”, sostiene la investigadora.