Cambios en el sistema judicial chileno serían efectivos

Samuel Osorio

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) realizó un encuentro digital abierto, dada la nueva modalidad de funcionamiento del país, enfocado en las medidas tomadas por el sistema judicial chileno, en especial la Ley de Suspensión de Plazos, la coordinación con el Poder Judicial y la importancia del diálogo y mediación en tiempos de crisis.

En esa línea, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín; el Presidente del Consejo del CAM Santiago Herman Chadwick; las consejeras del CAM, María Agnes Salah y María Teresa Vial; y Pedro García, Juez Civil de Santiago, abordaron también el funcionamiento del Poder Judicial con teletrabajo y los procedimientos mediante sistemas de tramitación electrónica.

En la videoconferencia, el Secretario de Justicia destacó que los recintos penitenciarios chilenos son una de las áreas de mayor complejidad en lo que respecta a su cartera. «El impacto de la pandemia es mucho mayor en estos recintos —las cárceles—; personas que están encerradas con condiciones bastante inadecuadas. Por regla general, sobrepoblados, con facilidad de contagios, hace que la prevención nos obligue a tomar medidas excepcionales» dijo.

Hernán Larraín, Ministro de Justicia

En cuanto al funcionamiento de los tribunales, aclaró que el ministerio estaba consciente de que, pese a la crisis sanitaria, debían seguir funcionando, por lo que necesitaban una adecuación para así garantizar la continuidad al acceso a la justicia. En tal sentido destacó la aprobación de la Ley 21226 , que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales por el tiempo que dure el estado de excepción constitucional.

«Esta Ley busca darle a todos los tribunales —ordinarios, especiales y arbitrales— la capacidad de poder darle continuidad al servicio de justicia, con la suficiente racionalidad y criterio de entender que algunas cosas podían suspenderse, paralizarse, postergarse», pero entendiendo que existen situaciones impostergables por afectar «directamente a derechos y libertades fundamentales». Dicha normativa establece que los tribunales definirán las suspensiones, excepto las que posean carácter de urgente, y el retomo de estas en la fecha más próxima posible, posterior al cese del estado de excepción constitucional.

En paralelo a la ley, el Poder Judicial actuó con la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, compuesta por el Ministro de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, Directores de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), la Defensoría Penal Pública y quien presida el Colegio de Abogados.

Tal Comisión creó un Comité Operativo de Emergencia, con la finalidad de estudiar y analizar que condiciones con respecto al manejo de la salubridad pública deberían exigirse para coordinar mejor a los distintos participantes del sistema penal. «Este comité ha actuado priorizando audiencias, reagendando otras, ha impulsado y facilitado el uso de tecnologías, como la utilización de videoconferencias en Gendarmería para que los controles de detención no exijan la presencia de los detenidos en las audiencias», dijo Larraín, quien agregó que otra de las medidas tomadas fue promover la ley de indultos, que ya benefició a 1.860 personas, quienes pasaron a cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

Funcionamiento remoto

María Agnes Salah

La Consejera del CAM María Agnes Salah destacó los hitos en desarrollo tecnológico que ha tenido el Centro de Arbitraje y Mediación, resaltando el proceso de tramitación electrónica, iCAM, que se ha implementado desde el año 2013. «En 2017, se implementó un convenio con la Corporación Administrativa del PJUD, con la finalidad de generar las herramientas tecnológicas necesarias para optimizar el intercambio de información entre las entidades», explicó.

Pedro García Juez Civil de Santiago, en representación del Poder Judicial, aclaró que las acciones que se han implementado ante la crisis sanitaria son un resultado al desarrollo tecnológico que ya lleva en desarrollo al menos 5 años, con el establecimiento de plataformas electrónicas de soporte o registro de causas, o de registro de cada hito del proceso.

«La actividad de la justicia en diversos ámbitos, bajo la utilización de estas plataformas, asegura no solamente el ejercicio de la justicia como tal, sino que asegura que esto se desarrolle en condiciones de seguridad para los funcionarios, jueces, ministros y también para los usuarios, evitando el riesgo de movilizarse», dijo.

Pedro García, Juez PJUD

En comparación con el año 2019, el magistrado detalló que pese a que el funcionamiento se está realizando de manera remota, las variaciones existentes son mínimas, existiendo un leve aumento en el caso de los escritos civiles, por ejemplo, que pasaron de 536.000, durante el primer trimestre del año pasado, a 540.000 durante el mismo periodo de 2020. Desde el punto de vista material y considerando que el 90% de los tribunales se encuentra funcionando a distancia, añadió, las medidas excepcionales habrían logrado una continuidad efectiva en el desarrollo del servicio judicial.

Pedro García aseguró, además, que entre lo más relevante que ha implicado la actual crisis está que la utilización de la tecnología facilita la cercanía y evita la interrupción de procesos que los sistemas escritos podrían haber ocasionado.

Revisa aquí la grabación de la transmisión completa.

 
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