Perú y los poderes salvajes

Adrián Simons

Adrián Simons

Poderes salvajes es el título de un libro escrito por un grande del Derecho, Luigi Ferrajoli. Además del título, he tomado prestadas algunas de sus ideas (expuestas hace casi 10 años), en las que advierte de los graves riesgos que acechan a la democracia constitucional. Empecemos con nuestra triste realidad: un país con dos presidentes.

Los peruanos hemos sido testigos del papelón nacional e internacional protagonizado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Veamos rápidamente cómo llegamos a esta lamentable situación.

Volviendo a las advertencias dadas por el profesor Ferrajoli, debo decir que nuestro país está ya en camino para que el populismo se imponga y que se continúe socavando a la democracia constitucional.

Veamos algunos síntomas:
1) recurrir a consultas populares para hacer cambios constitucionales, quebrando el propio orden constitucional;
2) recurrir a las encuestas para ser la “voz viviente” de lo que el pueblo omnipresente quiere para hoy, sin pensar en el mañana;
3) invocar al “consenso popular” como única fuente de legitimación del poder, y así, legitimar el abuso y deslegitimar críticas y controles;
4) el pueblo ha sido convertido en un macrosujeto colectivo dotado de voluntad unitaria, encarnada en el gobernante, su único y auténtico intérprete;
5) deformación de la democracia representativa en el sentido plebiscitario;
6) cotidiana deseducación masiva;
7) destrucción de la opinión pública con desinformación, mentiras, propaganda, pérdida de los sentidos cívicos y de las virtudes políticas (si es que nos queda alguna); y
8) corrupción del sentido común.

Como lo ha advertido Jascha Munk, en su libro “El Pueblo contra la Democracia”; el populismo fomenta el irrespeto a las instituciones y pretende expresar las frustraciones de la gente para socavarlas. Todos los síntomas antes mencionados han sido usados aprovechando que los pueblos tienen un sentido común frágil y cambiante. Como decía Borges, el populismo usa como respaldo a la estupidez y la falta de pensamiento histórico.

No hemos aprendido nada. Seguimos tropezando con la misma piedra. Tenemos a un Jefe del Poder Ejecutivo y Presidente en ejercicio carente de visión de estadista y, mismo tiempo, tenemos un Congreso experto en torpezas, para no repetir la misma expresión de Borges. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? La elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Por el lado del Congreso, se optó por el procedimiento de selección menos adecuado, teniendo en cuenta las circunstancias de permanente enfrentamiento con el Ejecutivo. La Ley Orgánica del TC establece dos sistemas para de elección para los magistrados: i) Ordinaria; y ii) Especial. La primera, más transparente, se hace por convocatoria pública, para que la sociedad en general presente propuestas. En la segunda, más cerrada, la elección se realiza sobre la base de una lista hecha por una comisión de congresistas. Nuestro Congreso optó por la segunda opción, a sabiendas de la crisis constitucional que enfrentamos: visión kamikaze de la política.

Y, el Ejecutivo, no se quedó atrás en esta cadena degenerativa de ataques a la democracia representativa. El Presidente Vizcarra no tuvo mejor idea que plantear al Congreso una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, a sabiendas de que es una atribución exclusiva del Congreso y no es posible invadir sus competencias.

La ausencia absoluta de diálogo constitucional llevó al Congreso a insistir en una designación absolutamente impropia para los momentos de crisis y, al Presidente Vizcarra a disolver el Congreso al haber interpretado que su cuestión de confianza no fue aceptada.

De un plumazo, dejamos lo poco de estabilidad que nos quedaba y ahora tenemos dos presidentes: el actual Jefe de Estado en ejercicio, Martín Vizcarra, y la Presidenta “temporal” designada por el Congreso.

¿Qué hacer? Considero que ir al actual TC no es la mejor opción. Por dos razones fundamentales: i) seis de sus siete miembros han excedido el tiempo en el cargo; y ii) las actuales acusaciones entre sus miembros por supuestas interferencias en las votaciones de casos emblemáticos. A problemas atípicos, soluciones atípicas. Se debería recurrir a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para solicitar dirima este conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Nos guste o no, sólo nos queda el tercer poder del Estado, el Judicial, como último recurso democrático para dilucidar si el mecanismo de elección usado por el Congreso fue el más razonable y, si la cuestión de confianza propuesta por el ejecutivo fue válida.

Aún estamos a tiempo.

 
* Adrián Simons Pino es abogado litigante y árbitro. Ha sido profesor de derecho procesal y es especialista en derecho constitucional y derecho regulatorio en telecomunicaciones, pesquería e hidrocarburos.