Megacárceles: ¿un problema de cantidad o de administración?

La idea de grandes cárceles para combatir el crimen, en especial el narcotráfico, ha sido una opción que se ha popularizado en Latinoamérica. De hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró a inicios de este año el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión con capacidad para 40.000 internos.

La prisión recibió críticas por el trato abusivo que se mostraba en las fotografías distribuidas por el gobierno salvadoreño, activándose la alerta por posibles violaciones a los derechos humanos. “Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de ‘excepción’ permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos”, dijo en su cuenta de X Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Aun así, políticos en la región han visto con interés el proyecto de Bukele y han mostrado deseos de imitarlo: por ejemplo, Colombia. Durante la campaña para elecciones regionales —se realizarán el 29 de octubre— en las alcaldías de Bogotá y Cali, los precandidatos del partido Centro Democrático Diego Molano (Bogotá) y Jaime Arizabaleta (Cali) propusieron construir megacárceles para combatir la delincuencia y corrupción si ganaban. Actualmente, sólo Molano se mantiene en campaña.

Habrá dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali que construiré para delincuentes y corruptos

Bien exministro Diego Molano

— Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) July 13, 2023

En Argentina la candidata Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, antes de perder las elecciones presidenciales de Argentina del 22 de octubre, había propuesto en un spot de campaña construir una cárcel de máxima seguridad. “Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que gozan de impunidad y protección de los políticos kircheneristas”, dijo, mientras mostraba una maqueta de la cárcel.

El futuro de la Argentina es metiendo presos a los corruptos, los narcos y los delincuentes. pic.twitter.com/gYz9Qrtg4o

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 23, 2023

Por otro lado, en Chile el ministro de justicia, Luis Cordero, anunció en marzo de este año que en ese país había más de 54.000 personas privadas de libertad, por lo que existían condiciones de hacinamiento en las cárceles más grandes. Aun así, el ministro descartó, según reportó diario La Tercera, optar por la construcción de megacárceles como solución, al considerarlas un detrimento y que al momento de llegar a estar sobrepobladas, las cárceles muy grandes generarían “un incentivo inverso”.

En un escenario con diversas figuras políticas de la región a favor o en contra del modelo de megacárceles, se ha abierto una discusión en el mundo de los penalistas: ¿son este modelo de prisión la solución a la criminalidad? ¿Cuáles son los factores que determina el éxito o fracaso de una cárcel y qué modelos internacionales penitenciarios representan buenos ejemplos a seguir? Las respuestas varían.

Problema administrativo

Gherman Welsch, director de estudios del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), comenta que hay una discusión semántica respecto de las megacárceles, dado que el significado del término es variado. “¿Llamamos megacárcel a cualquier recinto penal en el que esté una gran cantidad de personas? Yo creo que no hay que verlo de esta manera. Muchas veces con las megacárceles, o si usamos el lenguaje de Estados Unidos donde las cárceles de máxima seguridad son llamadas ‘supermax’, se sigue la lógica de un régimen penitenciario más estricto en su seguridad, con menos horas de patio, menos horas al aire libre y la evidencia ha demostrado que ese sistema no genera procesos de reinserción social adecuados”.

Welsch es de la postura de que la cantidad de presos no es el factor decisivo que puede llevar o no al deterioro de una prisión: “Considero que más allá del número de personas que pueda estar presente dentro una cárcel, es más importante que se cumpla con estándares internacionales, como las reglas Nelson Mandela de tratamiento de reclusos, y que no se vulneren sus derechos fundamentales. Por eso que es importante que exista una cantidad adecuada de programas de reinserción en el ámbito educacional, laboral y psicosocial, que lleven a que los presos tengan menos posibilidades de reincidir”.

El investigador explica que incluso en cárceles pequeñas, en el momento en que se den condiciones de hacinamiento y malos tratos, entonces no se cumpliría con los objetivos de reinserción social: “Se debe dar respuesta a las condiciones de habitabilidad y a la necesidad de los presos de mantener contacto con su familia. Yo creo que si una cárcel tiene una gran población, mientras cumpla con los estándares, no veo que tenga dificultades para funcionar. Distinto es lo que ocurre con las ‘supermax’, donde no se trabaja los factores de riesgo que provocan que las personas vuelvan a delinquir, por lo que una megacárcel de ese tipo no tendría ningún resultado”.

Welsch añade que eso no significa que los reclusos deban estar todos juntos y, como ocurre en varias cárceles, varios de estos presos deben estar separados por módulos para garantizar el orden: “¿Qué es lo que exige una cárcel de gran volumen? Una muy buena gestión de los espacios disponibles, que permita que no se perjudique la reinserción social, el acceso a trabajo, el acceso a visitas. Esa es la clave más allá del número de presos: es la gestión que hacemos”.

La importancia de la cantidad

Jörg Stippel, investigador e integrante del claustro doctoral de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, considera la cantidad de presos como un aspecto importante que puede afectar el propio proceso de reinserción. En las reglas de Nelson Mandela se establece que el número de reclusos no debe ser lo suficientemente elevado como para obstaculizar un tratamiento individualizado y se recomienda que en cárceles cerradas el número de internos no supere los 500.

“Lo que pasa es que cuando tú tienes cárceles que superan los 500 presos, como ocurre en la mayor parte de las cárceles en Chile, lo único que hacen las autoridades en esa situación es gestión, de seguridad, de comida, pero ya no se dedican a trabajar en la resocialización de los presos por medio de tratamientos individualizados”, explica Stippel.

La individualización del tratamiento es necesaria, según Stippel, porque cada preso requiere soluciones específicas para los problemas que lo llevaron a delinquir: “Para lograr la resocialización los presos deben poder estudiar, algunos quizás desintoxicarse, superar problemas psicológicos y psiquiátricos que tienen muchas personas privadas de libertad y que nunca son atendidos. Todo eso requiere una individualización del tratamiento y obviamente si uno administra la vida de 5000 presos es casi imposible atender a cada persona por separado y sus necesidades particulares”.

Un ejemplo que el académico destaca como ilustrativo del problema es lo que ocurrió en Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, con la construcción de tres grandes cárceles regionales, los centros de rehabilitación social de Cotopaxi, Azuay y Guayas y la remodelación de la Penitenciaría del Litoral para que se convirtiera en una megacárcel. De acuerdo al sitio Primicias, las cuatro prisiones albergan a 17.224 prisioneros, lo que representa el 51% del total de la población penitenciaria ecuatoriana, lo que ha desembocado en una crisis carcelaria donde han ocurrido masacres, motines y violaciones de los derechos humanos, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncio en un informe crítico del sistema.

“El problema que tiene Ecuador actualmente con amotinamientos, con el crimen organizado y riñas en el sistema penitenciario es fruto de la construcción de megacárceles. Es un resultado, no intencionado, pero directo de la concentración de las personas privadas de libertad en pocos lugares y la falta de una atención rehabilitadora más individualizada”, explica Stippel y añade que en Chile realizó un estudio respecto a la violencia carcelaria (Fondecyt regular 2021 Proyecto N.º 1211531) donde descubrió que en los centros con menos de 600 presos los niveles de violencia son menores y los problemas de corrupción se encuentran especialmente en cárceles grandes.

El efecto de la prisión preventiva

Marcos Giampani, profesor de criminología en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y de derecho procesal penal en la Universidad de Buenos Aires, comenta que en Argentina hay un fuerte problema carcelario, hasta el punto que en Buenos Aires aquellos que se les aplica la prisión preventiva en vez de pasar el tiempo de investigación en una cárcel, la pasan en los espacios de encierro en alcaidías (comisarías): “Son sitios que están pensados para que, en caso de detenciones en flagrancia, la persona pase encerrado unas horas, no más de 24, antes de ser llevado a disposición del proceso judicial para que se decida las medidas cautelares y ni para cumplir una pena”.

Para el profesor, los orígenes del problema en Argentina son varios: por un lado, no se encuentra en la agenda pública la idea de invertir en nuevas cárceles para reducir las tasas de sobrepoblación, pero al mismo tiempo es un problema el sobreúso de la prisión preventiva como medida cautelar en una investigación penal, lo que llena las cárceles con personas respecto de las cuales no se ha confirmado que sean responsables de un crimen.

“No creo que las cárceles sean una respuesta a la criminalidad, son una parte del sistema, pero no son la respuesta, menos cuando existe una discusión pendiente vinculada a la tasa de encarcelamiento preventivo en el país. 7 de cada 10 presos lo están sin condena en Argentina, por lo que gran parte del encarcelamiento es preventivo, se encuentran imputados, pero inocentes ante a ley y en plazos de tiempo muy largos”, comenta Giampani.

En Chile, según datos de la Defensoría Penal Pública, comentados en una nota anterior de idealex.press, de las 325.190 causas terminadas en 2022, 24.629 (8%) contaron con orden de prisión preventiva, sólo el 27% de aquellos a quienes se les aplicó la medida cautelar terminó con una pena privativa de libertad, mientras que en el año 2019 ese cifra era de 34%. Esto se traduce que en 2022, 15.846 personas estuvieron privadas de libertad, pero tuvieron una condena no privativa de libertad y, por lo tanto, podrían haber estado afectas a una medida cautelar distinta, dejando el espacio libre para alguien que ha sido condenado y debe cumplir su pena en prisión.

El problema también se encuentra en Perú. De acuerdo a Fredy Gutiérrez Crespo, fiscal miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y expresidente de la Asociación de Fiscales del Perú, la prisión preventiva es sobreutilizada en el país, por lo que desde un punto de vista criminológico construir prisiones no es la solución, al no existir una política adecuada para el manejo del flujo carcelario.

“Las cárceles se encuentran desbordada en su capacidad, hay algunas que tienen capacidad para 1.000 internos, pero tienen 2.500 y lo más grave ocurre con quienes son procesados y no condenados, ya que se afecta la presunción de inocencia de aquellos internos. Es necesario que los funcionarios judiciales se den cuenta de que la prisión preventiva debe ser muy excepcional”, argumenta Gutiérrez.

El fiscal apunta al populismo penal e interpretaciones jurídicas erróneas como los factores responsables de tal situación: “La politización del sistema penal es la que afecta el derecho fundamental de las personas, entonces como la criminalidad se ha incrementado, políticamente quieren responder metiendo a la cárcel a todas las personas que creen que hayan cometido algún delito, lo que afecta al derecho a la presunción de inocencia. Además, los operadores realizan interpretaciones legales para justificar la prisión preventiva y cuando esos casos se mediatizan, se relativizan esas interpretaciones con las que se manda al imputado a la cárcel, para que la población esté contenta”.

Modelos carcelarios a seguir

Respecto de los modelos carcelarios que serían ejemplos a seguir, Gherman Welsch apunta a modelos de trabajo al interior de las cárceles en Paraguay y a sistemas de resolución de conflictos al interior de prisiones, por medio de la mediación penitenciaria en Argentina: “Paraguay tiene incluso una marca que agrupa los productos hechos por los presos en su trabajo, dándoles mayor visibilidad para la reinserción social”.

Para Jörg Stippel son modelos interesantes lo que hay en la legislación de Alemania y también en Chile, lejos de su capital, como la ciudad de Angol, donde existen los centros de reinserción social: “Son en su gran parte cabañas en el campo, en las que lamentablemente hay poco espacio, pero son ‘cárceles’ mucho más baratas y que cuentan con bajos incidentes. Por otro lado, en Alemania la ley establece que una persona condenada por un delito debe ser detenida en una cárcel abierta, a menos que ello no sea posible”.

Stippel también ve el uso de penas alternativas y sustitutivas como un método adecuado para reducir el número de presos: “Es lo que ocurrió en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Fue algo asombroso que al final un gobierno de derecha haya sido el único que hasta ahora ha logrado bajar la tasa de encarcelamiento en Chile por medio de las penas alternativas”.

Marcos Giampani, por su parte, considera que falta inversión pública en materia carcelaria en Latinoamérica, destacando el caso de Punta de Rieles, en Uruguay, como un modelo a seguir, la cual es una prisión abierta que funciona como un pueblo: “Las personas no se ven enclaustradas en pequeños espacios, sino que llevan a cabo su vida dentro de este ‘pueblo’. Está pensando en una teoría de la resocialización, ya que apartarlos del ámbito social, no va a mejorarlos, sino que quizás empeoraría a los presos, por lo que casos como estos invita a pensar diferentes formas de castigo”.

El profesor también llama a la reflexión sobre la forma en que se tratan los presos y distinguir entre lo que puede ser “necesario” e “innecesario”: “Está la pena estatal legítima que se puede aplicar a alguien, pero ¿cómo explicamos luego lo que pasa en El Salvador donde no solo se te priva de libertad, sino que te cortan el pelo y te exhiben rapado en el piso sin polera? Es un extra de dolor innecesario. Cómo se aplica el castigo penal es un fiel reflejo de cómo está un sistema democrático”.

 
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